Especiales

Por una Renta del Común

El ingreso social garantizado como nueva institución

Especial II

Escriben: Carlo Vercellone, Andrea Fumagalli, Ana Rameri, Ariel Pennisi, Daniel Raventós (entrevista), Rubén Lo Vuolo, Altamir Tojal, Claudio Lozano (conversación en Pensando la Cosa)


Renta social incondicionada

Carlo Vercellone y Andrea Fumagalli*

La crisis sanitaria que trastorna a Europa y a la economía mundial no es, a pesar de su carácter aparentemente accidental, un choc exógeno, sino el signo de una crisis sistémica de la lógica productivista del capitalismo contemporáneo y de su regulación neoliberal basada en el tríptico: mercantilización, privatización, corporativización. Muestra la incompatibilidad estructural de este modo de acumulación con las condiciones mismas de la reproducción de la sociedad, ya sea los equilibrios ecológicos del planeta o la devastación de las producciones de lo humano a través del humano (sistema de salud, trabajo asistencial, educación, investigación) que constituyen los cimientos materiales de una economía basada en el conocimiento. En su dramaticidad, la crisis actual revela toda la miseria del presente, pero también la riqueza de posibilidades inherentes a la bifurcación histórica a la que nos enfrentamos. Esto requiere que pensemos no sólo en políticas a corto plazo para contrarrestar la espiral que llevaría del colapso de la producción y los ingresos al colapso del sistema financiero, sino también en reformas estructurales que podrían abrir el camino a otro modelo de organización de la economía y la sociedad. Las cuestiones fundamentales de la economía política se vuelven a poner así sobre la mesa de la deliberación democrática: ¿qué y cómo producir? ¿Para satisfacer qué necesidades? ¿Sobre la base de qué reglas de distribución de los ingresos entre los individuos y las clases sociales?

Es en este contexto que se inscribe y retoma su fuerza el debate sobre la propuesta de una Renta social básica incondicional (Rsbi), concebida como un instrumento de transición hacia un modelo alternativo y no como un fin en sí mismo (a menudo hay confusión a este respecto). 

1.  La Rsbi como herramienta para la extensión de las instituciones colectivas del Estado de Bienestar y la transición de un modelo de precariedad a un modelo de movilidad elegida

El primer pilar consiste en la integración de la Rsbi en una perspectiva de fortalecimiento del proceso de resocialización de la economía iniciado después de la guerra y continuado durante la gran ola de transformación social de los años 70, a partir de los logros relacionados con la reforma de Basaglia, el Sistema Nacional de Salud, un sistema avanzado de pensiones, el derecho laboral, etc. Que quede muy claro: en nuestro enfoque, la Rsbi no está destinada en modo alguno a sustituir las instituciones clave del Estado de Bienestar (pensiones, sistema de salud, sistema educativo, subsidios de desempleo), que ya han sido profundamente desguazadas por las políticas neoliberales de austeridad. Nos proponemos revitalizarlos y adaptarlos a las nuevas formas de trabajo dependiente (directo y heterodoxo) y autónomo, que ahora están excluidas (la mayoría de los trabajadores precarios no tienen acceso a ningún amortiguador social en vigor). Los complementaría con un dispositivo unido al estatus mismo de la precariedad de la fuerza de trabajo en una economía capitalista: el estatus social que, para la mayoría de la población, hace del trabajo asalariado la condición exclusiva de acceso a un ingreso monetario dependiente de las previsiones de los capitalistas en cuanto al volumen de producción y, por tanto, de empleabilidad en función de la rentabilidad. La reforma de la Rsbi atenuaría así la asimetría fundamental que, en la economía capitalista de mercado, establece la división entre el capital y el trabajo, es decir, entre los que no tienen acceso a la moneda sino mediante la venta de su fuerza de trabajo y los que pueden acceder a ella en virtud de la propiedad de los medios de producción y el control de las instituciones que detentan el poder de la creación monetaria. 

La Rsbi, al generalizar a toda la población la posibilidad de un ingreso disociado del trabajo, constituiría un primer paso hacia la socialización de la moneda como bien común de la colectividad. Esta es, además –a pesar de la evidente ineficacia de las políticas de quantitative easing del BCE–, la razón principal y esencialmente ideológica de la diferencia con la propuesta de una «moneda helicóptero» distribuida directamente al conjunto de la población. La financiación monetaria, junto con otros mecanismos capaces de afectar a la distribución primaria de los ingresos a expensas de las rentas y los beneficios, sería un primer paso hacia el establecimiento de un Rsbi de un nivel sustancial e independiente del empleo. En esta perspectiva, el papel de la Rsbi consistiría en reforzar la libertad efectiva de elección de la fuerza de trabajo, afectando las condiciones en las que, como Marx señaló irónicamente en el Libro I de El Capital, su propietario no sólo es libre de venderla, sino que también y sobre todo está obligado a hacerlo. Además, el carácter incondicional e individual de la Rsbi aumentaría el grado de autonomía de los individuos con respecto a los dispositivos tradicionales de protección social que todavía se centran en la familia patriarcal y en una figura de trabajo estable que ha perdido su centralidad histórica. Por último, pero no por ello menos importante, permitiría ejercer uno de los derechos fundamentales en materia económica: el derecho no al trabajo sino a la elección del trabajo.

De este concepto se derivan dos corolarios esenciales para definir la transformación socioeconómica de la cual la Rsbi podría ser el vector que rompa con la precariedad y el híper-productivismo inherentes a la lógica neoliberal. En primer lugar, favorecería la transición a un modelo de movilidad elegida a expensas del actual modelo de movilidad sufrida en forma de precariedad. Para lograr este objetivo, la cuantía monetaria del RBI debería ser lo suficientemente elevada como para permitir el rechazo, por parte de quien trabaja, de las condiciones de trabajo que se consideren económica y éticamente inaceptables (idealmente la mitad del salario medio).

En segundo lugar, el Rsbi permitiría una reducción efectiva del tiempo de trabajo. En efecto, la garantía de continuidad de los ingresos permitiría a todos gestionar las transiciones entre las diferentes formas de trabajo y actividades reduciendo el tiempo de trabajo a lo largo de toda la vida de manera más eficaz que mediante una reducción uniforme del tiempo de trabajo durante la semana laboral. Las formas clásicas de reducción del tiempo de trabajo, como también lo demuestra el ejemplo de las 35 horas semanales en Francia son, en realidad, cada vez menos eficaces en un contexto en el que, para una parte creciente de la fuerza de trabajo, el tiempo de trabajo semanal ya no es un criterio de medición fiable, en tanto las fronteras tradicionales entre el tiempo de trabajo y el tiempo libre, la producción y el consumo, se están volviendo cada vez más lábiles.

2.  Mutaciones del trabajo y Rsbi como ingreso primario

El segundo pilar de nuestra concepción consiste en afirmar que la Rsbi no debe ser pensada como una forma asistencial (como la actual renta de ciudadanía en Italia o la RSA en Francia) o incluso vinculada a la redistribución del ingreso. El Rsbi debe pensarse y establecerse como un ingreso primario, es decir, vinculado a una contribución social productiva que hoy en día no se paga ni se reconoce. Contrariamente a los enfoques de automatización algorítmica que profetizan por enésima vez el fin del trabajo, la crisis de la norma fordista del trabajo está lejos de significar una crisis del trabajo como fuente de producción de valor o riqueza (no mercantil). Al contrario. El capitalismo bio-cognitivo no sólo es una economía intensiva en el uso del conocimiento y de las relaciones sociales, sino que constituye, al mismo tiempo, y tal vez incluso más que el capitalismo industrial, una economía intensiva en el trabajo. En el capitalismo contemporáneo, la fuerza productiva del trabajo tiene una dimensión cada vez más colectiva y a menudo elude los criterios de medición oficiales, tanto en lo que respecta al tiempo de trabajo real como a la multiplicación de tipos de actividades que no pueden asimilarse a las formas canónicas de trabajo asalariado. El resultado es una crisis de la representación convencional del trabajo y del «régimen temporal» que en la época fordista oponía rígidamente el tiempo de trabajo directo, realizado durante las horas de trabajo oficiales y considerado como el único tiempo productivo, a otros tiempos sociales dedicados a la reproducción de la fuerza de trabajo, considerados como improductivos.

Tres evoluciones principales muestran el alcance y lo que está en juego de esta transformación.

2.1. La centralidad del llamado capital humano y los servicios colectivos del Estado de Bienestar…

Según una tendencia a menudo evocada por los teóricos de la nueva economía basada en el conocimiento, ésta habría encontrado su origen en la dinámica histórica que vio a la parte del capital denominada “intangible” (educación, formación, salud, I+D) superar aquella otra parte del capital material y representar hoy el principal factor de crecimiento e innovación. Ahora bien, este hecho estilizado tiene al menos dos significados que son indispensables para comprender la justificación teórica de la Rsbi, tanto como el origen de la crisis actual.

La primera es que la parte más sustancial de este capital intangible está, en realidad, incorporado esencialmente en las personas (el llamado capital humano), es decir, en una intelectualidad o inteligencia colectiva generalizada. Esto significa que las condiciones de reproducción y formación de la fuerza de trabajo se han vuelto directamente productivas y que la fuente de la riqueza de las naciones radica en los factores colectivos de productividad e innovación previos al sistema empresarial: el nivel general de formación de la fuerza de trabajo, la densidad de sus interacciones en un territorio, la calidad de los servicios del Welfare y de las infraestructuras informacionales, y de investigación. Encontramos aquí, en este nivel macroeconómico, una primera justificación de la Rsbi como renta primaria vinculada a la productividad social que vuelve caduco cualquier intento de establecer una correspondencia entre la remuneración y la medida de la contribución individual a la producción, entre el derecho a la renta y el trabajo.

El segundo significado –omitido sistemáticamente por los economistas mainstream– también tiene una importante implicancia para comprender los orígenes y los intereses de la crisis actual. Una parte esencial de la producción del llamado capital humano e intangible depende, de hecho, de los servicios sociales históricamente asegurados por el Estado de Bienestar. Son, entonces, estos sectores los motores de la economía fundada en el conocimiento de los que se alimenta el nuevo capitalismo, y ello tanto desde el punto de vista de la producción como de la demanda social. Todos estos factores, y los propios intereses materiales que suscitan, permiten explicar la extraordinaria presión ejercida por el capital para privatizar o, en todo caso, someter a su racionalidad los servicios sociales del Welfare State introduciendo, por ejemplo, en el espíritu de la New Public Management, la lógica de la competencia, de la Lean production y del resultado cuantificado, preludio de la afirmación pura y simple de la lógica del valor y de la ganancia. La llamada crisis de la deuda soberana ha sido el pretexto para acelerar estas tendencias. Tenemos aquí probablemente una de las explicaciones más lógicas de la irracionalidad macroeconómica y social de las políticas de austeridad exigidas por los mercados financieros y la UE, políticas que han conducido a la degradación progresiva de los sistemas de salud pública, educación e investigación, creando una escasez artificial de recursos que es, en gran medida, responsable de la gravedad de la crisis sanitaria del coronavirus. Se ve cuán irreconciliables son la lógica del capitalismo bio-cognitivo y neoliberal con una economía basada en el conocimiento y la producción de lo humano a través de lo humano. Sin embargo, también nos muestra el desarrollo de un modelo alternativo que convertiría esos recursos en bienes comunes inalienables, provistos por fuera de una lógica de mercado y gestionados según principios democráticos por la comunidad de trabajadores y usuarios.

2.2 El desmoronamiento de los límites entre el trabajo y el ocio y la expansión de nuevas formas de trabajo productivo de plusvalor

La segunda evolución se refiere al modo en que el desarrollo conjunto de la revolución digital y la dimensión cognitiva del trabajo ha desestabilizado profundamente la unidad de tiempo y lugar de desempeño laboral propia de la relación salarial fordista. En este contexto, el tiempo de trabajo dedicado directamente a una actividad productiva durante las horas de trabajo oficiales es, en la mayoría de los casos, una fracción del tiempo social de producción. A su vez, las actividades que crean valor y riqueza adoptan nuevas formas que las normas tradicionales de representación del trabajo no logran identificar y medir (lo que a menudo las priva de cualquier forma de reconocimiento y validación económica y social).

Varios elementos ilustran estos cambios y las contradicciones resultantes. En primer lugar, por su propia naturaleza, el trabajo cognitivo se presenta como la compleja combinación de reflexiones, comunicación, intercambio relacional de conocimientos que tienen lugar tanto dentro como fuera de las empresas y de los horarios de trabajo contractuales. Como resultado, los límites tradicionales entre el trabajo y el no trabajo se vuelven borrosos, y esto ocurre a través de una dinámica contradictoria. El tiempo de ocio ya no se reduce a la función catártica de reproducir el potencial energético de la fuerza de trabajo, y la reproducción de la fuerza de trabajo actual ya no sólo tiene lugar en el seno de la familia, sino que adquiere cada vez más connotaciones sociales. 

En referencia al rol femenino, la reproducción social cumple las funciones de «ama de casa del capital», como nos recuerda Cristina Morini. De hecho, se articula cada vez más en actividades de formación, de auto-valorización, de trabajo voluntario en las redes de la economía social y de las comunidades de intercambio de conocimientos que atraviesan las diferentes actividades humanas. Se trata de actividades en las que cada individuo transporta sus conocimientos de un tiempo social a otro, aumentando el valor de la utilización individual y colectiva de la fuerza de trabajo, que –rebus sic stantibus– el capital es capaz de traducir en valor de cambio y/o valor financiero. La tendencia intrínseca del trabajo cognitivo a hacer porosas las fronteras entre el trabajo y el no trabajo también se multiplica con la revolución informática. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación debilitan considerablemente las limitaciones espaciales, temporales y técnicas propias del desempeño del trabajo y el uso de los medios de producción en la era fordista. Esta dinámica tiene una naturaleza profundamente ambivalente. Favorece tanto el desarrollo de nuevas formas de trabajo y de captura del valor por parte de las empresas, como el desarrollo de formas de cooperación e intercambio productivo fuera de la lógica del mercado –como en el ejemplo del commons del software libre y del conocimiento. Resulta en una tensión creciente entre la tendencia a la autonomía del trabajo y el intento del capital de someter el conjunto de los tiempos sociales a la lógica heterónoma de la valorización del capital.

Esta tensión contribuye a explicar la desestabilización misma de los términos tradicionales del cambio capital-trabajo asalariado. En el capitalismo industrial, el salario era la contrapartida de la compra por parte del capital de una fracción bien definida del tiempo humano puesto a disposición de la empresa. El capitalista, por lo tanto, tenía que contar, dentro de este marco, con las formas más eficaces de utilización de esa fracción de tiempo pagada para extraer del valor de uso de la fuerza de trabajo la máxima cantidad de plusvalía. En la fábrica fordista, gracias a la estricta prescripción de tiempos y tareas, el capital parecía haber establecido una clara separación entre el tiempo de trabajo y el tiempo libre. Pero todo cambia cuando el trabajo, cada vez más cognitivo y relacional, ya no se puede prescribir y reducir a un simple gasto de energía realizado en un tiempo determinado. El capital no sólo depende de nuevo del conocimiento de los trabajadores, sino que debe lograr una movilización activa de la subjetividad y de todo el tiempo de vida de los trabajadores. Como para la creación de valor, también los dispositivos manageriales de control del trabajo se mueven cada vez por arriba y por debajo del acto productivo directo. La prescripción taylorista del trabajo da paso a la prescripción de la subjetividad y la obligación del resultado. En este contexto, es ahora el trabajo el que debe asumir a menudo la tarea de encontrar los medios para alcanzar los objetivos fijados por la dirección de la empresa, a menudo de manera deliberadamente poco realista. Se intenta, pues, de motivar a los trabajadores a adaptarse plenamente a los objetivos de la empresa y, al mismo tiempo, de que interioricen como un defecto la incapacidad de alcanzarlos plenamente.

Bajo la presión conjunta de la dirección, a través del estrés y la precarización, asistimos a la amplificación del dominio de la esfera del trabajo sobre la vida de los individuos, que ahora invade áreas cruciales para su equilibrio psicofísico, generando nuevas formas de «sufrimiento por el trabajo». El corolario de esta evolución es, evidentemente, un aumento considerable del número de horas extraordinarias, que a menudo no son reconocidas, contabilizadas ni remuneradas, según una lógica que recuerda lo que Marx llamaba los mecanismos de extorsión de plusvalía absoluta.

Otro elemento que marca esta dislocación de los límites entre el tiempo de ocio y el tiempo de trabajo es la forma en que los confines de las empresas tienden cada vez más a integrar el trabajo gratuito de los consumidores y usuarios. Esto es lo que se analiza en la literatura económica y sociológica a través de conceptos como Free Digital Labor y aquel, más amplio, de trabajo del consumidor (o del prosumer). Con el concepto de Free Digital Labor, forjado por primera vez por Tiziana Terranova en un artículo del 2000, entendemos el trabajo gratuito y aparentemente libre que una multitud de individuos realiza a través y en Internet, a menudo de manera inconsciente, en beneficio de los grandes oligopolios de Internet y de las data industries. En el modelo de las plataformas de los motores de búsqueda y las redes sociales como Google y Facebook, por ejemplo, todo parece suceder como si la empresa hubiera logrado que los usuarios firmaran una especie de contrato, escrito implícitamente en las condiciones de uso, que se puede resumir de la siguiente manera, ampliando un adagio utilizado para las audiencias televisivas: «Si es gratis, es porque en realidad ustedes no sólo son el producto, sino también los trabajadores que, gracias a su actividad colectiva aparentemente libre y lúdica, me permiten producirlos y venderlos como una mercancía (proporcionándome los datos, el contenido y, a través de las economías de red, el tamaño del mercado necesario para atraer a los anunciantes)». Conclusión: en la medida en que este valor no se «redistribuya» a los usuarios de Internet, podemos considerar que se trata de un trabajo explotado, tanto en el sentido de la teoría marxista del valor-trabajo, como en el de la teoría neoclásica de la distribución, ya que la remuneración del trabajo gratuito es por definición inferior a su productividad marginal. Aquí encontramos la solución al misterio, inconcebible en los tiempos del fordismo, que explica por qué empresas como Google y Facebook pueden ocupar hoy en día las primeras posiciones del capitalismo mundial en términos de capitalización bursátil y rentabilidad, al tiempo que movilizan una masa casi insignificante de empleados.

Además, como han demostrado numerosos estudios, el trabajo gratuito de los consumidores no se limita únicamente al Digital Labor, sino que incluye un espectro mucho más amplio de actividades. La tercerización a clientes de fases enteras del ciclo de producción que antes se realizaba dentro de la empresa es, de hecho, una práctica común para la mayoría de las grandes empresas tanto de la vieja como de la nueva economía. Se trata de una lógica que pone a trabajar a los prosumer, que puede ir desde tareas simples y/o repetitivas (comprar un billete en línea, cajas registradoras de «self-service», montar un mueble), hasta actividades más complejas de diseño y concepción de productos. En cualquier caso, el creciente papel del trabajo productivo del consumidor en la cadena de creación de valor lleva a un cuidadoso observador de estos fenómenos, como Guillaume Tiffon, a convertirlo en la base misma de una nueva teoría de creación y explotación de valor.

2.3 Nuevas formas de cooperación laboral: fuerza y límites del modelo socioeconómico basado en los bienes comunes.

Un último elemento, tal vez el más importante para reconsiderar el concepto de trabajo productivo y para pensar en la sociedad «post-crisis», se refiere al desarrollo de los commons y de los bienes comunes. Tiene sus raíces en la capacidad del trabajo cognitivo para auto-organizar la producción, lo que da lugar a la experimentación de múltiples formas alternativas de cooperación. Con el concepto de Común entendemos un modelo productivo organizado de acuerdo con principios alternativos tanto a lo público como a lo privado, a la jerarquía y al mercado, como mecanismos de coordinación de la producción y el intercambio. Este modelo no propietario y no jerárquico produce bienes comunes para la comunidad y suele ser más eficiente que el de las grandes empresas, tanto en lo que respecta al dinamismo de la innovación como a la calidad de los bienes y servicios producidos. Los casos emblemáticos de software libre, de makers, de plataformas cooperativas, de numerosos centros sociales a imagen de los bienes comunes autogestionados, no son sino la punta más visible de una economía del Común que abraza a todos los sectores productivos, movilizando el trabajo de una multitud de ciudadanos y trabajadores. Como ha puesto de relieve la crisis actual, este modelo se revela más activo que el sector público y el privado, para responder a necesidades sociales y sanitarias urgentes, como la producción de máscaras y respiradores, o incluso la organización de formas de apoyo a las personas sin techo. También permitiría promover una resocialización territorial de la producción basada en circuitos cortos y ecológicamente sostenibles.

No obstante su eficiencia económica y social, una de las principales debilidades que dificulta el desarrollo del modelo del Común y pone en peligro su autonomía es precisamente la falta de recursos y tiempo de que adolecen sus promotores. La naturaleza no comercial, no propietaria y voluntaria de su actividad obliga a los commoners (comunes) a buscar un ingreso en la esfera económica oficial de los asalariados y del mercado. Frente al monopolio de la lógica burocrático-administrativa del Estado y la de la economía de mercado capitalista, no existe todavía ningún mecanismo institucional propio de la economía del Común capaz de garantizar la validación social y la sostenibilidad económica de este modelo productivo. La institución de un ingreso primario básico incondicional distribuido en base a un monto fijo podría ser un primer paso para compensar esta carencia y reconocer el carácter productivo del trabajo realizado en la economía de los comunes.

Conclusión

Una de las principales consecuencias del análisis de las mutaciones del trabajo en el capitalismo contemporáneo es que nos lleva a repensar globalmente las reglas de distribución del ingreso y el concepto mismo de trabajo productivo. En particular, nos proporciona dos lecciones importantes que propugnan el establecimiento de un Rsbi.

En primer lugar, dado que la cooperación social productiva se extiende a todos los tiempos sociales y supera el tiempo de trabajo oficial remunerado, se puede suponer que el trabajo en el capitalismo cognitivo es siempre, al menos hasta cierto punto, un trabajo subterráneo, invisible, parte de una economía no remunerada. Cabe señalar también que esta conclusión es ya en sí misma una respuesta a las críticas «éticas» del derecho a un Rsbi realizadas en nombre de la ideología del trabajo remunerado: la supuesta ausencia de una contrapartida laboral por parte del beneficiario. De hecho, a pesar de su contribución productiva, este trabajo social no es remunerado porque no pertenece o escapa a los criterios tradicionales de medición y representación del trabajo y la riqueza basados en la norma de la relación salarial. Por consiguiente, la contrapartida en términos de trabajo ya existe. Sin embargo, lo que falta es su contraparte en términos de renta.

En segundo lugar, la propuesta de Rsbi, como ingreso primario, requiere un reexamen del concepto de trabajo productivo desde un dúplice punto de vista. El primero se refiere a la noción de trabajo productivo concebido, según la tradición dominante dentro de la teoría económica, como un trabajo que produce mercancías y ganancia. En ese sentido, la Rsbi correspondería al reconocimiento social y, al menos en parte, a la remuneración colectiva de esta dimensión cada vez más colectiva y «gratuita» de una actividad de producción de valor agregado que se extiende sobre el conjunto de los tiempos de vida y se traduce en un desequilibrio distributivo en detrimento del trabajo y en beneficio de las rentas y las ganancias.

El segundo aspecto encuentra su ejemplo emblemático en la economía de los commons y se refiere al concepto de trabajo productivo concebido, en su sentido antropológico, como un trabajo que crea valores de uso y una riqueza que escapa a la lógica de la mercancía y a la relación salarial subordinada al capital. Frente a un tabú dominante en el seno de la teoría económica, en definitiva, se trata de reconocer que el trabajo puede ser improductivo para el capital, pero productivo de formas de riqueza social ajenas al mercado y, por tanto, dar lugar a un ingreso que lo valide socialmente mediante una remuneración colectiva y global. Llevando este razonamiento aún más lejos, se podría incluso sugerir que, partiendo de una base fija, la evolución del importe monetario del Rsbi podría ser periódicamente objeto de una negociación colectiva que reúna a los representantes de toda la fuerza de trabajo y a los “interlocutores sociales”. Su importe también podría ser parte de una caja común de Rsbi, gestionada democráticamente por los trabajadores, inspirada en el modelo que había caracterizado inicialmente la creación de la Sécurité social en Francia, según una lógica cercana a la de una institución del común.

En última instancia, la Rsbi se presentaría como una institución del Común y un primer nivel de distribución primaria entre los ingresos laborales, ganancias y rentas. Su instauración favorecería, junto con la reapropiación democrática de los servicios colectivos del Estado de Bienestar, la transición hacia un modelo de sociedad ecológicamente sostenible basado en la primacía de la producción de bienes comunes para la comunidad y de formas de cooperación alternativas tanto a lo público como al mercado en sus principios de organización.

Apéndice: Ingresos y Covid-19 en Italia

En Italia, la emergencia sanitaria, a pesar de la tragedia, nos da una gran oportunidad: poder iniciar un camino de reforma estructural del sistema del welfare italiano en la dirección opuesta a la que vamos hoy en día. El tema de la renta social se ha convertido, en esta situación de lockdown parcial, en una cuestión central de política económica. Se estima que, en 2018, en Italia, más de 1,8 millones de familias se encontraban en la pobreza absoluta (con una incidencia igual al 7,0%), por un total de 5 millones de personas (incidencia igual al 8,4%). Por otra parte, se estima que los hogares en condiciones de pobreza relativa en 2018 eran algo más de 3 millones (11,8%), por un total de casi 9 millones de personas (15,0%) / datos del ISTAT. Además, el Eurostat estimó en 2016 que en Italia poco menos del 30% (28,7%) de la población estaba en riesgo de pobreza.

En enero de 2019, el gobierno del Conte I, dirigido por los amarillo-verde, aprobó la ley que establece la renta de ciudadanía, para contrarrestar esta situación. Más de un año después, según los datos del Observatorio Inps sobre la renta y la pensión de ciudadanía:

«Desde abril de 2019 hasta el día de hoy, con respecto a los 1.097.684 núcleos cuyas solicitudes han sido aceptadas, a 56.222 núcleos les ha caducado el derecho. El resto de los núcleos (1.041.462) están formados por 915.600 beneficiarios de la Renta de Ciudadanía, con 2.370.938 personas involucradas, y 125.862 beneficiarios de la Pensión de Ciudadanía, con 142.987 personas involucradas».

Es fácil ver que esta medida es insuficiente, ya que consigue mantener los ingresos de menos de la mitad de los pobres absolutos. Esta situación, que ya es insuficiente en sí misma, corre el riesgo de empeorar aún más. Con las primeras medidas adoptadas por el gobierno (el decreto «Cura Italia», de marzo de 2020), por un movimiento equivalente a 25 mil millones, la cifra puesta a disposición para sostener de modo directo la renta es de poco menos de 8 mil millones de euros (7.938 millones, o el 31,9% del total), de los cuales 1.330 millones de euros fueron para sostener el tratamiento ordinario de integración salarial y la asignación ordinaria, 3.200 millones de euros para la CIGD, 1.200 millones de euros para licencias y subsidios para los empleados del sector privado, los trabajadores registrados en la Gestión y los autónomos, 2.200 millones de euros en subsidios para los trabajadores autónomos registrados en la Aseguración General (comerciantes y pequeños artesanos).

El subsidio asciende a 600 euros libres de impuestos sólo para el mes de marzo. Cabe señalar que, según el ISTAT, el umbral medio de ingresos para la supervivencia es de 750,10 euros al mes. Por lo tanto, se decidió prestar apoyo a los ingresos sobre la base del tipo de contrato y la situación profesional. El uso del instrumento del fondo de despido implica que ya existe una relación laboral estable (un total de 4.600 millones de euros, o el 58,4% de la cantidad asignada al sostenimiento de la renta). La renta de la Cassa Integrazione equivale al 80% del salario. La Uil ha calculado que en promedio el salario con el fondo de despido es de poco más de 940 euros netos, tomando un salario mensual promedio de 1.316 euros netos.

Para los que no trabajan con dinero en efectivo, sigue siendo el subsidio de 600 euros libre de impuestos. Sin embargo, sigue existiendo el riesgo de que una serie de condiciones de trabajo autónomas y precarias no cumplan los requisitos para recibir el subsidio, a menos que estén inscriptos en determinadas cajas de seguridad social. Además, hay que tener en cuenta los efectos del bloqueo, aunque sea parcial, de la actividad económica y la libertad de circulación, la no renovación de los contratos temporales y los efectos sobre el trabajo no declarado, que para muchas personas representa su única fuente de ingresos.

En la actualidad, más de 3,6 millones de trabajadores autónomos, con IVA y contratados han solicitado una indemnización, que muy probablemente se repetirá en los próximos meses y que se elevará a unos 800 euros. Hasta el 10 de abril, el Inps ha recibido 198 mil solicitudes de Cigo para 2,9 millones de trabajadores y 100 mil solicitudes de Fis (Fondo de incremento salarial) para 1,7 millones de personas. Así pues, la composición del trabajo para los ingresos más bajos está bien representada, donde la figura precaria, a menudo no remunerada, tiene ahora el mismo peso que la más estable de los asalariados.

Las decisiones adoptadas en materia de sostén de la renta, además de confirmar la centralidad del empleo y la condición profesional como proveedor de renta, siguen aplicando la filosofía de intervención en las políticas de seguridad social que ha caracterizado a los últimos decenios: la filosofía del parche. Cada vez que aparece una nueva figura de trabajo precario (ayer, la formación profesional, luego la co.co.co, luego los vales, luego los trabajadores temporales, hoy los rider, etc.) se añade, con mucho retraso, una amortización social ad hoc (dis-coll, Aspi, ahora Naspi, etc.). Esta misma filosofía impregna hoy en día las políticas de apoyo a los ingresos para hacer frente a la emergencia económica y sanitaria. En lugar de una única medida de renta básica, tenemos la Renta de Ciudadanía (insuficiente) para los que tienen requisitos, la renta de emergencia (que debería concernir a todas las familias que no tienen acceso a las amortizaciones previstas hasta ahora), luego hablamos de la renta de cuarentena, hoy de la renta de cuidados para los trabajadores de la reproducción social. Hay propuestas de fondos para sostener una renta de los agricultores. Una vez más, las políticas de apoyo a los ingresos siguen estando condicionadas por las condiciones de trabajo y la actividad profesional. Esto tiene el efecto de crear burocracia, distorsiones e injusticia.

Precisamente sobre la base del razonamiento de este artículo, creemos que es necesario, en cambio, comenzar a pensar en cómo, de manera concreta, implementar una medida de estructural de renta incondicionada, comenzando por los más débiles, los más pobres, desempleados, migrantes, precarios, a fin de disponer de los recursos necesarios para hacer frente a la situación de emergencia inicialmente, pero que luego se conviertan en permanentes una vez que la emergencia haya cesado. Creemos que la mejor manera es partir de la actual ley sobre el RdP (Ley Nº 5/2019), aumentando la posibilidad de acceso y eliminando cualquier forma de condicionalidad y obligación comportamental, utilizando la experiencia adquirida por el INPS en el desembolso. Y es en esta dirección que se ha movido la petición de Bin-Italia (Basic Income Network). Esta medida debería ser válida para todos aquellos que, de forma indiscriminada, no pueden acceder a otras formas de amortización social que proporcionen un ingreso por encima del umbral de supervivencia mensual calculado por el ISTAT, equivalente a 750 euros, cifra que debería representar el nivel mínimo de renta básica (y no el único de 600 euros, como ahora).

El objetivo es favorecer un proceso de convergencia hacia el sostenimiento permanente de la renta basada en dos canales: el modelo de amortización social Cassa Integrazione vinculado a la condición laboral para quienes cumplen con los parámetros para una prestación > 750 euros, y una renta básica incondicionada de 750 euros, para todos los demás, independientemente de la situación profesional y extendido a todos los residentes (incluidos los migrantes).

Creemos que sólo avanzando en esta dirección podremos crear las condiciones para repensar un nuevo modelo de welfare, aquel modelo que debería ser soporte de una economía e commons (Commofare), el único verdadero antídoto –y vacuna– para la crisis actual.

Traducción: Ariel Pennisi

Fuente:

© 2020  Questione Giustizia –  ISSN: 2420-952X

* Carlo Vercellone: Economista, profesor en la Universidad de París 8 Vincennes-Saint-Denis(Francia), investigador del CNRS (Centre national de la recherche scientifique) y del Centro de Economía de la Sorbona (CES). Autor de Il Comune come modo di produzione, autor y compilador de Capitalismo cognitivo. Renta saber y valor en la época posfordista. Próximamente Carlo Vercellone en Red Editorial: Plataformas capitalistas 

 Andrea Fumagalli: Economista, titular de la cátedra de Economía Política en la Universidad de Pavia (Italia). Autor de Bioeconomía y capitalismo cognitivo.


La Renta Básica Garantizada, antes y después de la pandemia

Ana Rameri*

La idea de poner en práctica una Renta Básica Garantizada (RBG), un Ingreso Ciudadano o bajo el rótulo que se prefiera nombrar a un ingreso incondicionado y universal ha estado circulando con mayor frecuencia durante las últimas semanas en diversos ámbitos, de la retapizada Iglesia Católica a los coloquios financieros que hasta hace poco tiempo pergeñaban (siempre bajo formas sutiles) cómo darle continuidad a un orden económico mundial que viene rechinando. Tanto el Financial Times, como el Foro de Davos, entre otros ámbitos donde el poder se pretende mostrar con cierta racionalidad económica, aparecen discursos de consenso respecto a la posibilidad efectiva de implementar algo parecido a la RBG. 

Entonces se abren nuevas preguntas, probablemente no tan ensayadas desde el punto de vista comunicacional, para los grupos que hace tiempo perseguimos esta iniciativa sobre la base de demostrar que un piso de ingresos para el conjunto de la población es posible en términos de recursos, necesario desde la perspectiva del derecho y válido para recuperar justicia distributiva. Si hasta hace muy poco los veladores de lo posible no distribuían otra posibilidad más que la sobre auto-explotación como práctica de subsistencia y de reproducción social, el giro hacia un aparente acuerdo alumbra otra disputa más refinada, que es la disputa por el sentido del consenso en torno a la RBG. Es decir, cuando representantes de los centros financieros del mundo alojan reivindicaciones contraculturales, entonces ¿qué faltó decir? ¿O qué es necesario enfatizar para que el sentido de una apuesta distinta no sea reabsorbido por la lógica de la valorización incesante, no se reduzca a un aliciente para la demanda que relance el ciclo de negocios de siempre? La historia del capitalismo ha demostrado ya su capacidad metabolizadora para incorporar sus propias capas de criticidad que le permiten reorganizarse y revitalizar su marcha. 

No es casual que el aval generalizado en torno a la RBG aparezca cuando estamos frente a lo que promete ser una de las crisis más graves de la historia económica reciente, que, cabe aclarar, excede al Covid-19 el cual sólo catalizó las condiciones recesivas preexistentes. Las estadísticas internacionales desde el 2008 vienen arrojando sistemáticamente incrementos en los niveles de pobreza extrema a nivel mundial, desocupación, subempleo y explosión del endeudamiento de los Estados y las familias, formulando diagnósticos que revelan poco margen para soportar otra escalada de deterioro social. De esta manera, el ingreso universal aparece como un instrumento al que podrían recurrir los Estados para cubrir los agujeros de sus débiles sistemas de protección social.

Y efectivamente es así, universalizar ingresos es una estrategia de asistencia social mucho más efectiva que los programas sociales destinados a la población pobre. Pero este es sólo uno de los tantos otros aspectos que definen a la RBG, aunque se presenta como el único autorizado por quienes detentan posiciones de poder. 

Efectivamente la realidad indica que las transferencias monetarias condicionadas focalizadas en la población pobre son insuficientes para abarcar al universo que se fijó como objetivo. Sin ir más lejos, el programa social de mayor alcance para atender a la pobreza en nuestro país, la Asignación Universal por Hijo (AUH), si bien extendió significativamente el acceso a una asignación familiar no terminó por universalizar la cobertura a la niñez. El diseño de selectividad que aplica termina atentando contra su propio objetivo de concentrar el esfuerzo fiscal en quienes lo necesitan, paradójicamente dejando a casi la mitad de población indigente por fuera. 

En definitiva, la consensuada capacidad superadora que dispone la renta básica para contener la situación socioeconómica es indiscutiblemente una ventaja para aprovechar en el marco de la crisis del Covid-19, pero que una vez superada la pandemia presenta un riesgo: quedar encapsulada solamente en la función que goza de consenso, la de asistencia social y vaciada de todo contenido transformador y emancipador que porta en su concepción originaria. 

Empecemos, entonces, por lo inmediato de la emergencia y las posibilidades concretas que la Argentina dispone para llevar adelante una iniciativa de este tipo para, finalmente, desde allí destacar los aspectos potentes de una nueva institucionalidad, de la cual RBG sería solo una parte, tendiente a transformar la trama de poder hoy instituida.

Durante el confinamiento, la RBG habilitada en su función de asistencia

En nuestro país la discusión de la renta básica tiene un origen muy singular ya que, independientemente del nexo con los centros académicos, expertos y estudiosos del tema, la gestación de la fuerza de la consigna del piso de ingresos tuvo lugar en un proceso de movilización popular en disputa con el orden neoliberal menemista, semillero de un nuevo pensamiento que finalmente desembocó en la experiencia del Frente Nacional contra la Pobreza, durante la irrupción del 2001. La pluralidad de actores participantes y la vocación democrática de la consulta popular no fueron canales casuales, resultaron instancias instrumentales ligadas justamente a la naturaleza integral del planteo. Gracias a que la renta básica no estaba aislada, ni siquiera en términos del planteo general que también buscaba incidir sobre el modelo productivo, la autonomía nacional y la democratización pendiente, es que obtuvo una relevancia histórica. 

 Las condiciones de crisis se recrean y nuestro presente adquiere rémoras del pasado: empobrecimiento cercano al 40% de la población –que supera el 50% en el caso de la población infantil–, dramática incidencia del hambre, salarios por debajo de la subsistencia, dominante uso precario e informal de la fuerza laboral y el fenómeno del sobreendeudamiento popular, incluso promovido desde las mismas instituciones de la seguridad social. Sin lugar a duda, el ‘parate’ económico compromete aún más condiciones de reproducción social que ni siquiera están garantizada en tiempos de ‘normalidad’ económica. El mundo del trabajo asalariado ha sido depuesto por la proliferación de la changa y la informalidad laboral (recordemos que ocho de cada diez ocupados nuevos durante el macrismo fueron cuentapropistas de subsistencia) dejando sin capacidad de blindaje social a las instituciones tradicionales del trabajo. Incluso el rearmado de redes de contención a través de programas sociales post 2001 resultaron insuficientes para revertir una configuración social atada con alambre, cuestión que quedó deliberadamente expuesta en las últimas semanas con la invención del Ingreso Familiar de Emergencia para socorrer al grueso de la fuerza laboral que estaba todavía por fuera de los registros del Estado. A pesar de la secuencia de medidas que se suman unas a las otras bajo una lógica indefinida de complementos (tarjeta alimentaria y sus refuerzos, duplicación de la AUH, bonos a planes sociales, el ingreso de emergencia, postergación de pago de deudas con ANSES, entre otros) continúan quedando fuera un millón y medio de trabajadores desocupados e informales y más de un millón de monotributistas que no contarán con ingresos laborales.

El contexto extraordinario del confinamiento social conduce entonces a ponderar la función asistencial que dispone una propuesta como la RBG particularmente ante el fracaso de lo instituido. Una renta básica en línea con garantizar el acceso a una canasta de bienes y servicios puede conformarse por dos conceptos de ingresos universales: un salario de emergencia equivalente al salario mínimo actual de $17.000 para el conjunto de la población potencialmente activa y un ingreso universal a la niñez de $4.000 que resuelva la fragmentación, tratamiento desigual y exclusión del sistema de asignaciones familiares vigente. Las transferencias tendrían como sujeto destinatario las personas y no los hogares superando los diseños de incompatibilidades en base a los miembros del hogar que funcionan como filtros. De esta manera, una familia tipo contaría con $42.000 para resolver sus necesidades materiales básicas.

Desde el punto de vista fiscal y económico, un shock distributivo de esta magnitud es perfectamente posible, incluso en las circunstancias de caída del producto y de tensión presupuestaria. El costo bruto sería de 364 mil millones para un trimestre y de $1,4 billones para un año completo que, pasado el susto de leer números aparentemente altos que en realidad responde a la ilusión monetaria de una economía de alta inflación, significa tan sólo redistribuir el 5% del PBI. Si además consideramos el autofinanciamiento que la propia medida en términos de recaudación por impuestos al consumo genera, se verifica que ese 5% disminuye al 3,2%. Una inyección de liquidez económica que por su magnitud no sólo atendería las condiciones de miseria, sino que también alentaría la reactivación productiva especialmente de los sectores productores de bienes salarios.

Y la pregunta economicista resulta entonces casi inevitable para nuestras subjetividades económicas ya domesticadas ¿cómo se financia esto? Pregunta que, en realidad, expresa la interrogación monetarista según la cual “la emisión monetaria es imposible” para financiar consumo por motivos inflacionarios. Lo que omite esta idea, además del hecho coyuntural de que más del 50% de la capacidad productiva está sin utilizarse y por lo tanto con mínimas dosis de inversión se puede ampliar la producción, es que la creación monetaria es siempre generada ex nihilo. La emisión monetaria que se conforma a través de créditos bancarios al capital consiste en antevalidar una producción futura, pero bajo la condición de que, al completarse el circuito monetario, la plusvalía haya sido realizada. De esta manera, nada impediría pensar del mismo modo si invertimos el orden, y la creación de la moneda se subordina a adelantar un salario (o un ingreso para la reproducción de la fuerza de trabajo) de quienes, en definitiva, realizarán esa producción futura. 

Pero incluso, en nuestro ordenamiento concentrado y desigual sobran nichos de excedentes ya generados. En la Argentina los millonarios han fugado el equivalente a toda la deuda pública, por encima de los U$S 350 mil millones, 114 mil personas tienen patrimonios superiores al millón de dólares y las 50 personas más ricas, dueñas de las corporaciones oligopólicas más grandes del país, suman un total de U$S 57.000 millones. Si la autoridad pública se propusiera decididamente desmontar la planificación fiscal nociva y delictiva del poder económico, y en esta oportunidad aplicar un criterio extraordinario de renta y patrimonio presunto para intentar captar todo lo evadido, modificando marginalmente las alícuotas de bienes personales y aplicando una contribución de apenas el 5% a la facturación de los grandes oligopolios ganadores de los últimos cuatro años, sería posible contar con los $360 mil millones que restaban para financiar el piso de ingresos. Es que tan sólo con la voluntad de gravar las manifestaciones de riqueza en nuestro país es posible generar condiciones para resolver la pobreza.

Una arquitectura que permitiría rápidamente concretar la RBG en las condiciones vigentes, sin todavía avanzar en replanteos profundos del actual ordenamiento económico sostenido sobre una matriz distributiva pronunciadamente desigual. 

Tras el confinamiento, como engranaje de un orden económico alternativo

El peligro latente promovido por la emergencia sería concebir a la renta básica como una política social o solamente como un efectivo sustituto de demanda de mercado que las condiciones de acumulación capitalista no pueden garantizar en este contexto. La renta básica tiene potencia o contenido transformador sólo si se la inscribe en el marco de una regulación económica que habilite a una nueva institucionalidad destinada a incidir sobre los criterios mismos de gestión de la producción. Una constelación de nuevas instituciones no solamente público-estatales sino de ampliación democrática para la representación directa de los actores involucrados. 

Podríamos destacar al menos cuatro dimensiones que sirven en la disputa por el sentido del ingreso universal inscripto en una regulación alternativa:

  • Articulación con la socialización de la renta tecnológica: para que el ingreso universal se configure como institución con capacidad de ofrecer otro reparto del excedente socialmente producido debe promover una revisión de la cuestión del empleo. En tanto el cambio tecnológico reduce la necesidad de fuerza de trabajo por unidad de producto y, al mismo tiempo, requiere niveles crecientes y permanentes de capacitación de la fuerza laboral, la garantía de un ingreso incondicionado al trabajo permitiría capturar en manos públicas parte del incremento de la productividad resultante de la nueva tecnología. De esta manera, un ingreso universal que adquiera la forma de seguro de empleo y formación es plafón también para sostener la reclamada reducción de la jornada laboral al brindar condiciones para un nuevo reparto de la jornada de trabajo que libere horas para garantizar procesos de formación y reconversión de la fuerza laboral.

(En palabras de Vercellone, un ingreso garantizado permitiría cristalizar una remuneración social que retribuya la dimensión cada vez más colectiva de la actividad creadora de valor, el conocimiento/tecnología, que se extiende sobre el conjunto del tiempo social dando lugar a una enorme masa de trabajo no reconocido y no retribuido).

  • Capacidad de generar autonomía de la fuerza de trabajo y agenciamiento de la producción: para que las condiciones de reproducción de la vida de las mayorías se autonomicen de las decisiones de inversión o del sometimiento al crédito y las finanzas, el ingreso garantizado debe ser suficiente en términos monetarios. Sólo de esta forma puede accederse a una desmercantilización de la fuerza de trabajo que, al mismo tiempo, promueva una democratización de la economía de mercado: es decir, el desarrollo de actividades colectivas de producción autónomas o autogestionadas que no necesariamente estén ancladas en una lógica mercantil.  
  • Articulación con la restitución de derechos y garantías y acceso a la ciudadanía: en la constelación de instituciones de nuevo tipo con las que la renta básica puede dialogar sin fricciones se encuentra la del empleo garantizado con una relevancia crítica. Restituir ingresos a la población no resulta suficiente para reponer el acceso de la ciudadanía social perdida. Por lo tanto, si una parte del ingreso garantizado asume la forma de salario universal puede tener lugar la conformación de un “Área de Economía Popular, Social y Pública” para movilizar fuerza de trabajo excluida de los procesos de producción en función de permitir el alcance universal de la infraestructura social básica.
  • Democratización de la gestión económica: en el tiempo, la estructura económica concentrada y los criterios de gestión de la producción vigente no podrían convivir con una plena realización de la institución de la renta básica. Por una simple razón: porque atentan contra todo intento de captura pública y social del excedente destinado a retribuir a la ciudadanía por diferentes vías: la inflación, la desinversión productiva y la especulación financiera que alimenta los circuitos de deuda y explotación financiera. Ningún sentido tendría una transferencia de ingresos destinada a pagar intereses de deudas particulares. Por lo tanto, para que el criterio de rentabilidad financiera que guía hasta la propia actividad productiva sea reemplazado por otros criterios como el de la eficacia o rentabilidad social deben brindarse las condiciones para una planificación democrática y participacionista de cada una de las cadenas de producción. 

En definitiva, la RBG si resulta efectivamente universal, incondicionada y suficiente es la mejor de las respuestas para atravesar las crisis, pero contiene también elementos capaces de subvertir el ordenamiento económico, justamente, productor de esas crisis si se la inscribe en un nuevo campo institucional que proponga criterios democráticos y participativos de la producción. 

* Economista (UBA). Coordinadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP). Integrante del Instituto de Estado y Participación (IDEP), de ATE. Se dedica a temas vinculados con políticas sociales y redistribución del ingreso, como parte del equipo de Claudio Lozano. 


Contra el trabajo, contra la supervivencia

Ariel Pennisi*

1.

Hace casi treinta años en Argentina se viene planteando (desde la CTA y otros sectores o actores) el problema del derecho a la existencia en un contexto de creciente derrumbe de la actividad laboral tal como se la conoció durante el apogeo del régimen fordista-taylorista y de los Estados de bienestar. Alternativamente, se pensó en seguros de ingreso y formación, renta básica universal o ingreso social garantizado. Más allá de las diferencias terminológicas y matices, está en juego la idea de que las formas de valorización del capital avanzaron y avanzan sobre dimensiones de la vida antes supuestamente ajenas a la actividad laboral reconocida y, en ese sentido, buena parte del tiempo con que contamos, trabajemos o no, participa de la producción de valor de diversas maneras, es decir, que el ingreso reclamado se correspondería, entre otras cosas, con un trabajo social no reconocido.  

Es un rasgo estructural del capitalismo el hecho de que la actividad humana se aliena al tener que poner en venta su “fuerza de trabajo” como una mercancía. Es, también, producto de la historicidad de unas relaciones de fuerza el hecho de que no es quien vende su actividad bajo la forma de fuerza de trabajo el que decide qué y cómo se produce, cómo se intercambia o distribuye. Al mismo tiempo, esa alienación originaria –correlativa de una acumulación originaria– y esa jerarquización estructural se presentan, para quienes trabajan o quienes buscan trabajo, como la condición de una supervivencia siempre frágil, una precariedad que muerde la existencia desde los fundamentos mismos de la organización capitalista de la actividad humana como trabajo obligado

Todos los eufemismos sobre el progreso social, el desarrollo individual, el sentido de utilidad de lo que hacemos y otros berretines espiritualistas, no alcanzan para ocultar ese real: si no se trabaja como dicta el capital, bajo las condiciones y la cantidad de tiempo que este impone no hay derecho a la existencia que valga. Es el autoritarismo propio del capital, haciendo depender la oferta laboral de lo que considera rentable; pero también decide cuando no decide, haciendo pesar su desbocamiento o sus crisis sobre los menesterosos en permanente construcción. Y la desocupación, la precarización y flexibilización extremas empujan a cualquiera a la búsqueda desesperada de un lugar en la maquinaria. En estas condiciones, la posición del explotado se vuelve una panacea momentánea, un alivio sombrío que puede someter a cualquiera no solo a una relación de explotación, sino al deseo de esa explotación en la búsqueda de un trabajo miserable para sobrevivir. Es la consumación de la crueldad propiamente capitalista, la indistinción entre deseo y explotación, por la homologación de existencia y supervivencia.

Creemos que, garantizando la existencia mediante una institución de nuevo tipo, es posible crear una zona de tensión con los fundamentos mismos de la explotación capitalista y su moral aleccionadora, que en nuestro país se expresa como odio de clase a quienes no tienen trabajo o prejuicio y sospecha ante los sectores populares, cada vez que, según el punto de vista de los explotadores (que habla en un banquero, en un mafioso de las finanzas o en un buen vecino de la clase media capitalina), “viven por encima de sus posibilidades”. Son esas “posibilidades” impuestas de antemano lo que cuestionamos de raíz. En nuestro país, se llegó a plantear desde el Estado, mientras se imponía un tarifazo absurdo, que protegerse del frío o refrigerarse en verano forman parte del lujo que un trabajador no se podía dar. Nuevamente, la existencia contrastada con un fondo mortuorio. En ese sentido, “derecho a la existencia” mediante un ingreso garantizado significa la institución de una relación diferente, en la que no hay voz de mando que pueda confinarnos a semejante miseria. Afirmamos que vivir no puede ser una condición miserable, sino que, como dijo un filósofo en los albores de la invención de la democracia griega: “existir es algo dulce”. Es decir, que el instrumento del derecho a la existencia solo se propone reponer esa apuesta, tal vez, desde una posible jurisprudencia del común.

Para Antonio Negri, el cuestionamiento de la actividad humana capturada por las formas históricas de trabajo es indiscernible del estado de la relación entre poder y potencia; es decir, de la cuestión política. No hay dicotomía, en este caso, entre reformismo y revolución; se trata de una radicalidad que produce reforma constitucional (poder constituyente), redefine los regímenes de propiedad, los regímenes monetarios, bancarios… financieros. La invención del Común es, simultáneamente, producción de cuidado y convivencia, y creación de institución y moneda del Común. En ese sentido, es clave la búsqueda de mecanismos capaces de hacer estallar la forma trabajo. Cuando entrevistamos a Negri en noviembre de 2012, tras una explicación elegante sobre la constitución política del presente, sus ojos se encendieron y en una suerte de trance rabioso soltó: “El problema es siempre éste, ¿cuáles son las condiciones de la lucha de clases? ¿cuáles son las condiciones por las cuales nos liberamos de estos patrones? Lo insoportable se da cuando toman el dinero de tu trabajo y se lo meten en el bolsillo, mientras vos te volvés un miserable. Nosotros tenemos que hacer esta revolución, tenemos que hacerla un día, ¿no? Este es el problema al que hay que volcar la inteligencia, el resto son estupideces.” Creemos que desasociar el ingreso de esa relación de mando, en tanto no la reemplace por otra, aporta en la dirección de esa misma búsqueda.

Como toda moral, la moral del capital es doble. El ataque permanente a los que supuestamente “no quieren trabajar” o no se abocan a lo que les correspondería, es decir, vender sus capacidades y su energía vital bajo la forma-trabajo, no hace más que proyectar hipócritamente el desprecio que la lógica del capital supone en relación al trabajo. Ya que el trabajo no es más que un medio para acumular “moneda por sí misma” incrementando su poder de mando en base a la apropiación de plusvalía. Ese lugar de enunciación artero que nos manda “a trabajar” es propio de quien se arroga el poder suficiente como para pedirle al resto lo que no es por sí mismo capaz de hacer o sostener: ¿alguien vio alguna vez trabajar a un oligarca? Pero la moral no es un problema moral, sino de disposiciones de deseo y de relaciones materiales de poder. Por eso, la respuesta progresista que soltamos como reacción es fallida, ya que se trata de una respuesta moral por izquierda: “los que no trabajan son ustedes”, decimos. El problema sigue siendo político: autonomizar y democratizar el trabajo, es decir, poder formar parte de las decisiones sobre qué y para qué lo necesitamos, sobre el deseo de no trabajar, y sobre los modos posibles de organización en el seno de la cooperación social, donde nadie apropia de manera privativa (privada) el valor creado. 

2.

Vercellone, Baronian y Fumagalli establecen una relación directa entre la necesidad de una “moneda del común” y el proyecto de un ingreso social garantizado como “nueva etapa de la socialización de la economía” (del welfare state al commonfare). Si bien, en un primer momento este proyecto se nos podría aparecer como una extensión de las bondades del Estado bienestarista, como una radicalización del welfare en condiciones de emergencia (a partir de la pandemia del coronavirus), el horizonte de una apuesta que articula moneda del común e ingreso social garantizado, es otro. Se trata de un proceso instituyente, es decir, de una imaginación política al servicio de nuevas instituciones del común fundadas en formas de cooperación social para las cuales no tiene sentido separar economía de forma de vida o de apuesta a la producción de habitabilidad, cuidados colectivos, invención artística, convivencia, etc. De ahí que los economistas italianos plantean un horizonte de máxima en el que el ingreso garantizado no hace parte de un gesto redistributivo, sino que resultaría directamente del y para el nuevo modo de producción –lo que los postoperaistas llaman la “producción de lo humano por el humano”.

La ampliación del tiempo de trabajo es un hecho que se superpone con la vulneración de los convenios colectivos y del límite de las ocho horas de la jornada laboral. Si, en el caso de la jornada laboral, la lucha sindical pierde fuerza por mor de la precarización e informalidad laboral estructural creciente, el caso del trabajo social no reconocido supone otro tipo de problematización e incluso de lucha. Se trata de actividad que, en cooperación, produce valor que, contra la cooperación del común, apropian empresas privadas o instancias burocráticas separadas (Estado y sindicato que se vuelven contra sus trabajadores y ciudadanos). Es decir, que alguien captura un valor socialmente producido: por un lado, porque esta actividad no es reconocida como trabajo (desde lo realizado en Internet, hasta distintos modos de gestión de la vida y la subjetividad, pasando por tercerizaciones tareas añadidas al acto de consumir); por otro, porque la organización de los circuitos económicos le da a toda la actividad laboral la forma de una explotación generadora de plusvalía en beneficio de un interés privado o, en el mejor de los casos, de utilidad para el Estado, lejos del poder de decisión de los protagonistas de esa producción. “En ese sentido, el Ingreso Social Garantizado correspondería, en parte, a la remuneración social de la dimensión cada vez más colectiva de una actividad creadora de valor” no reconocida, que toma el tiempo y la energía de nuevas mayorías. (Vercellone, Baronian, 2010)

Al mismo tiempo, el ingreso social obraría como financiación de actividades relacionales, creativas, fundamentalmente no mercantiles e inmensamente necesarias para lo que alguna vez Marx llamó el “trabajo del espíritu”. “En otras palabras, se trata de afirmar que el trabajo puede ser improductivo para el capital, aun siendo productor de riqueza…” (Idem), de modo que la retribución orientada a sostener esa posibilidad se articularía como una nueva institución en la medida en que el reconocimiento extendido de esa productividad cooperativa de la vida social alimentaría la producción de sentido necesaria para su sostenimiento subjetivo. El “reconocimiento” es una operación de la subjetividad inmediatamente política, en tanto pone de relieve la invención de un común que, gracias a ese mismo reconocimiento, existe como un valor, unas razones, una vida deseable a defender y disputar.

Todo lo que se agrega como riqueza de lenguaje, formas de coordinación, ideas, sostenimiento afectivo y subjetivo de situaciones y producciones, modos de organización del intercambio, aun atravesando la esfera de reproducción privada o las lógicas administrativas públicas, pertenece al común. Pero esa forma de “pertenecer” es distinta a la de la posesión característica de la propiedad privada. Es el común reconociéndose como tal y creando las mediaciones necesarias para que esa valoración se sostenga de un modo dinámico y no alienado, de ahí la necesidad de nuevas instituciones del común. La pregunta por el fortalecimiento de la autonomía de la productividad no mercantil del común y su condición liberadora incluye, como una de sus instancias, la posibilidad de un ingreso que garantice el desarrollo de una apuesta política para la cual la ausencia de garantías ya no tiene que ver con una incertidumbre padecida por unos y capitalizada por otros, sino con la garantía de poder apostar autónomamente, es decir, ningún hombre nuevo, ninguna gran certeza, sino errar por cuenta propia y volver a reinventarse. La potencia de saber lo que no queremos y reservarnos zonas de no saber en relación a lo deseable.

El ingreso garantizado no se justifica por una moral del trabajo ni por una meritocracia –esta vez más justa– a la que, en realidad, contesta; sino que aportaría a la recuperación de nuestro propio tiempo (social, colectivo, individual… singular), nuestra capacidad de perder el tiempo, es decir, experimentar de diversos modos el hecho de que la vida no sirve para otra cosa que ser vivida. No se trata, tampoco, de ajustar cuentas con la enorme acumulación de formas de explotación en nombre de una humanidad liberada de manera definitiva, de una pureza finalmente expresada en un mejor sistema; sino de la institución parcial de experiencias capaces de relanzar como en un eterno retorno una vida para la vida. ¿Alguien puede acaso decirnos que no tiene sentido financiar esa necesidad? Además, ¿a quién correspondería gestionar esos recursos, sino a los “comunes”, es decir, tadas nosotras y nosotros en tanto trabajadores sociales? Lo que se abre con este modo de inscribir la “renta básica”, ingreso universal” o “ingreso social garantizado” es una exploración sobre nuevas articulaciones entre lo privado, lo público y lo común, partiendo de un criterio de defensa de la vida como tiempo propio, liberada en la medida en que se pueda (según se diriman las fuerzas históricas reales) de la obligación de venderse para tenerse como se tiene una mercancía.

Este tipo de ingreso incondicional supone, entonces, una apuesta profundamente democrática, en tanto paga capacidades comunes sin imponerles el sesgo de la utilidad, ni de lo que el mercado valora como rentable; apoya, de ese modo, la autonomía política de la producción de un común. La capacidad de decidir, no como capacidad de capacidades ni racionalidad ordenadora, sino como espacio de experimentación común, es decir, como conexión con el propio deseo (cuerpo, inconsciente… como guste llamarse) y como entrega –confianza– a las apuestas comunes.  

3.

Según el lenguaje de los organismos internacionales, como, por ejemplo, la OMS, hay estrés por incertidumbre y enfermedad por trastornos de ansiedad y depresión. Es todo lo que pueden enunciar: lo que el capitalismo en su estado actual hace padecer a las personas, cada vez más lejos de un trabajo digno o incluso cada vez más lejos de una vida digna aun trabajando. El diagnóstico no es desacertado, pero la enunciación es políticamente inocua. Si lo único que nos queda por hacer es intentar comprender en qué estadística o en qué parte del diagnóstico cabemos… ¡eso sí que es realmente deprimente!  

El arte de conversar con nuestras amistadas, con los no necesariamente amigos, pero cercanos de todos modos, o incluso con un alma que nos cruzamos por casualidad, alcanza para advertir la preocupación ambiente en torno al sostenimiento de la vida. La vida entendida como sentido que vale la pena ser sostenido, es decir, no la vida biológica –el ser de necesidad en que nos convierte la reducción biologicista–, sino la existencia que es y que puede ser, la experiencia de una exposición a la mordedura de lo real que no es menos expectativa de caricia, deseo de caricia, hasta que no logremos diferenciar expectativa de deseo, para abandonar las “expectativas” por la certeza de la muerte y aferrarnos al deseo aceptando la incerteza de vivir. Es decir, que si nos interesa sobrevivir no es para ser sobrevivientes, sino para vivir de acuerdo a alguna astucia o insistir locamente en una dirección, aunque ésta no fuera más que un quedarse ahí… Los médicos nos recomiendan conseguir estar de buen ánimo para generar condiciones de salud. Pero, desgraciada y afortunadamente, no funcionamos de ese modo, sino que, en todo, caso la salud que nos sabemos conseguir solo tiene sentido en función de una anímica

El ingreso social garantizado o renta básica que agitamos tiene que ver con la disputa por lo anímico –disputa, a su vez, anímica. ¿Es el monto a percibir lo que alteraría nuestro estado de ánimo? No. Es el movimiento completo: tomar registro de que nos estamos generando, como comunidad política, condiciones de alivio ante incertidumbres impuestas desde lógicas y espacios llenos de certidumbres que nos oprimen; apropiarnos de un principio de serenidad para reorientar nuestra economía anímica más allá de la supervivencia, no para despreocuparse, sino para insistir en la búsqueda de preocupaciones florecidas de nuestros propios experimentos que, claro, bien podrían ser desastrosos. ¿Qué haremos cuando no tengamos más ganas de trabajar o, mejor aún, cuando las ganas de no trabajar se transformen en el sentimiento preponderante? Una nueva institución que garantice que la ausencia de garantías pase por otro lugar que la supervivencia. Porque nadie quiere una vida “garantizada”, sino un ingreso garantizado para estar en condiciones de experimentar la falta de garantías de diversos modos, según apuestas, proyectos o incluso renuncias y retiradas.  

Nos volverán a hablar de mérito… Pero, ¿acaso puede entregarse al tramposo mérito el amor por las cosas, el deseo de hacer algo con las cosas mientras éstas y otras cosas hacen algo con nosotros? ¿Desde qué hipócrita podio, desde que sombra codiciosa, se murmura el mérito? Patrones que no quieren trabajar, evaluadores que no quieren ser evaluados, gobernantes devenidos en comentaristas, y sus policías que no quieren ser controladas. No hay caso, a la culpa se la derroca como a la peor de las tiranías, o será ella misma la encargada de carcomer lentamente nuestro ánimo, hasta presentarnos una intemperie que es nuestra potestad descubrir. Ya lo dijo el filósofo, “nacimos inocentes”. Ni deudas ni méritos. Ya es bastante lo que requiere de nosotros la fresca amargura de la existencia; descubrir el sinsentido para reinventarnos sentido, encontrar en los rostros de las amistades una comunidad posible para encontrar en la comunidad una convivencia, en lo posible, amistosa. 

No es para sobrevivir que nos interesa este instrumento… una Renta del Común; es más bien para darnos ánimo, largo aliento para un periplo corto. Es un gesto político y un acto de ternura para con esta fiera desamparada que a fuerza de pretenderse conocedora del mundo y del destino, no sabe qué hacer consigo misma. Para sobrevivir a la supervivencia no necesitamos otra cosa que disponibilidad anímica (lo singular) y disposición amistosa (lo común). La seguridad (social, policial, sanitaria) es un asunto organizativo y reiterativo con raigambre antropológica, pero el cuidado es la dynamis vuelta forma de vita, lo que nos llama y nos mueve –porque vale, tiene sentido– a un nuevo tipo de organización.    

 *Ensayista, docente, editor. Enseña Historia Social Argentina en la Universidad Nacional de Avellaneda y Comunicación Social y Psicología Institucional en la Universidad Nacional de José C. Paz. Codirige Red Editorial junto a Rubén Mira. Publicó Filosofía para perros perdidos. Variaciones sobre Max Stirner (Junto a Adrián Cangi, 2018), Papa negra (2011), Globalización. Sacralización del mercado (2001), Linchamientos. La policía que llevamos dentro (comp. Junto a Adrián Cangi, 2015). Conduce y coproduce “Pensando la cosa” (Canal Abierto).  


Entrevista a Daniel Raventós*

De entrada, ¿cómo valora la idea del Gobierno español de crear una renta mínima temporal que, a la espera de conocer los detalles, cobrarían las personas sin rentas o con rentas bajas que no puedan acogerse a las ayudas ya aprobadas?

Se le llame como se le llame, qué si renta mínima o mínimo vital, se trata de que el Gobierno especifique quien la recibe, pero evidentemente estamos hablando de una renta condicionada, que recibirían teóricamente las personas que más la necesitan. Es increíble que se haga una propuesta de este tipo, porque significa que la gente tendrá que demostrar que está en una situación muy jodida. Lo que importa también es la velocidad de la medida. Si gente que ya la está necesitando debe pasar por unos trámites de control condicionados más o menos largos la medida pierde todo tipo de eficacia. Por ello, nosotros proponemos que la pida la gente que cree necesitarla y, al cabo de una semana como mucho y después de que el Gobierno haya hecho pequeñas comprobaciones, todo el mundo la tenga ingresada en la cuenta. Y si hay gente que la ha pedido y se considera que no se la merecía, pues en la declaración de la renta del 2021 se le quita y se acabó lo que se daba. Esto no tiene ningún problema técnico.

Incluso personas marcadamente neoliberales, como Luis de Guindos, defienden ahora mismo algún tipo de renta. Y el vicepresidente catalán, Pere Aragonés, aboga directamente por una renta básica universal. En cualquier caso, hay un giro muy claro. ¿Cómo lo interpreta? Transmite la sensación de que sin unos ingresos garantizados la economía se hunde.

Es así. Hay dos datos que son muy significativas y reflejan cómo la situación actual deja corta cualquier situación pasada. El Fondo Monetario Internacional (FMI) dice que estamos en una situación económica similar a la del inicio de la crisis del 2008-2009, aunque es mucho más rápida en el corto plazo. El FMI no dice que llueve sobre mojado, porque actualmente la inmensa mayoría de la gente no rica está en una situación peor que al principio de la anterior crisis. El otro dato es que los trabajadores afectados por ERTE durante la semana pasada son los mismos que en todo el año 2019. Esto es acojonante. Ante una situación así es normal que personas como el De Guindos digan qué, si no se da algo a la gente, tal vez nos lo quitarán todo.

Lo que proponen, sin embargo, es lo que en una situación más o menos normal ya existía. Piensa que de toda la gente que necesitaba una renta para pobres, dile mínima o garantizada, la recibía sólo el 8%. Y ahora se quiere volver a lo de siempre, es decir, a la idea de rentas condicionadas a «quien más lo necesita». ¡Qué gilipollez de quien más lo necesita! Lo necesita mucha gente, por lo que no se preocupe si se excede, porque ya lo recuperará el Estado con la declaración [de la renta] del 2021. Mientras comprueban si lo necesitan, tal vez la gente se muere. Estamos en una situación tan extraordinaria que lo que se necesitan son medidas extraordinarias. ¿No se gastó una millonada bastante superior a la actual para salvar a los bancos?

¿De qué cantidad debería ser esta renta?

En un artículo reciente en Público proponíamos, para seguir el criterio de la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico], 530 euros para la primera persona que vive en un hogar y la mitad para cada otra persona. Vivir cinco personas en una casa es más caro que vivir una, pero no es cinco veces más caro, porque hay una serie de costes fijos. La OCDE hace este indicador, que es similar a lo que hacemos nosotros, y esto es más o menos aproximarse al índice de pobreza para hogares. Ponemos una cantidad aproximada a lo que necesita la gente en unas circunstancias tan extraordinarias como las de ahora y eso cada día se acelera.

Aunque como Red renta básica plantean una medida permanente, ahora defienden que al menos se alargue hasta terminar el año. ¿Temen que la propuesta del Gobierno español también haga corto a nivel temporal?

Cuanto menos dure, peor será. Por ello simbólicamente defiendo la fecha del 31 de diciembre de 2020, porque entre otras cosas es cuando se cierra fiscalmente al año y quien la haya pedido y no se la merezca, pues ya la devolverá con la declaración. Si estamos hablando de una medida que esté muy condicionada y sea corta en el tiempo, estamos hablando literalmente de poner una curita si te han cortado la aorta. Estamos en una situación extraordinaria. Incluso el Banco Central Europeo (BCE) se ha dado cuenta y aunque las medidas anunciadas son pobres, si las comparamos con las de los años 2008, 2009 y 2010 son de un tipo diferente. Ahora se dan cuenta que no harán estas medidas austericidas.

Desde hace años han hecho estudios para desmontar los argumentos que una renta básica universal no es viable por su coste. Con datos del 2010, calcularon que el coste en el Estado se situaría en unos 34.000 millones de euros, entonces el 3,4% del PIB. ¿Con unos ingresos fiscales desplomados, ahora es factible? ¿Cómo debería ser esta reforma fiscal?

Ahora lo que hay es una medida urgente y la reforma fiscal ya se debería hacer con más 

tiempo. Con que solo se hiciera la mitad de lo que propone Piketty como impuesto de la propiedad ya estaríamos recibiendo una cantidad impresionante de recursos. Lo siento señores, pero la propiedad, como decía la constitución mexicana, la de la República de Weimar de 1919 y luego la de la II República española, está al servicio de la comunidad. En concreto, la constitución mexicana de 1917 decía que «la nación tendrá el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público». Por lo tanto, siempre estará subyugada a la utilidad pública. Recursos hay, lo que pasa es que hay que sacarlos de la manera que sea para que la inmensa mayoría de la población tenga la existencia material garantizada en los próximos meses. Luego, con la reforma fiscal la idea fundamental es que todas las asignaciones públicas monetarias inferiores a la renta básica sean suprimidas y las superiores no se añadan, sino que se complementen. Y con una reforma del IRPF como la que proponíamos, el 20% de la población del Estado perdería y el 80% restante ganaría, lo que implicaría una redistribución de la renta del 20% más rico al 80% más pobre.

El impacto económico de la parada por el confinamiento es brutal. ¿Cómo debería ser la salida? ¿Es una oportunidad para replantearse el actual modelo?

Puede que haya un replanteamiento, pero si esto no se concreta sólo son palabras. Recuerda que cuando vino la crisis del 2008-2009 personajes como Sarkozy dijeron que había que refundar el capitalismo. Esto duró el tiempo que los estados tardaron en ayudar a la banca, luego se cambió el discurso y se dijo que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Lo que hay que hacer es política económica al servicio de la mayoría de la población. Cosas tan concretas como que la propiedad esté al servicio de la utilidad pública, como han dicho muchas constituciones republicanas durante el siglo XX. La idea de que la propiedad privada es casi intocable es algo que nos han hecho creer los últimos 30 años a partir de la revolución neoliberal, pero es completamente irracional. Una medida republicana, de la que espero que ahora se hable más, es la renta máxima, es decir, que a partir de determinada cantidad exista una tasa marginal impositiva del 100%. ¿Por qué? Pues porque su riqueza atenta contra la libertad de la inmensa mayoría de la población. Porque es evidente que una persona que tiene una gran fortuna tiene una influencia política impresionante, no sólo económica. Después a nivel concreto de política económica ya se va haciendo a partir de que tú establezcas este criterio general.

Desde hace tiempo varios sectores teorizan sobre el agotamiento del capitalismo. ¿Este paro enorme de la actividad muestra la gran fragilidad que tiene el sistema?

Sí, por supuesto, porque en realidad ha sido una parada no programada y los efectos son impresionantes. ¡Ríete de una huelga general! Estamos hablando de una paralización del 60-70% y no de un día, sino que no se sabe de cuantas semanas, que tendrá unas repercusiones impresionantes. Dicho esto, uno de los problemas es hablar del capitalismo como si fuera algo singular, cuando hay muchos y el mismo país durante su historia ha vivido diferentes tipos. Las desigualdades aumentan especialmente a partir de los años 70 y si analizas el capitalismo que había tras la II Guerra Mundial o el que había antes de la primera, pues estamos hablando de capitalismos diferentes, aunque tengan una matriz común. El capitalismo siempre se debe analizar históricamente. Quien mejor lo ha expresado es el millonario Warren Buffet, diciendo que en «mi país hay una guerra de clases y la mía va ganando». Pero ha habido momentos donde su clase no ha ido ganando tanto y ha tenido que retroceder un poco, especialmente después de la II Guerra Mundial.

Capital e ideología, el último libro de Piketty, sobre todo aborda la historia y muestra como Estados Unidos tras el crack del 29 eran más igualitarios que Europa, y en cambio después de la II Guerra Mundial fue al revés. Estos son ejemplos de que el capitalismo está históricamente indexado. Por ejemplo, las desigualdades se han producido porque ganaron los teóricos neoliberales y convencieron a dos grandes gobernantes del Reino Unido y Estados Unidos [Margaret Thatcher y Ronald Reagan] y, posteriormente, incluso a los socialdemócratas. Esto produce un cambio de política económica, especialmente fiscal. Si antes de los setenta en Estados Unidos se pagaban tasas marginales de hasta el 90%, ahora pagan una cuarta o una quinta parte. Aquí tienes la explicación.

Por supuesto que los ricos pagan pocos impuestos, pero es que de media ni los trabajadores pagan lo mismo que en países con los que nos deberíamos equiparar. Pagamos impuestos por debajo de lo que tocaría. Son entre seis y ocho puntos menos de presión fiscal que la media de la UE. En cualquier caso, lo que decimos es que los más ricos paguen mucho. Y se podría copiar a los Estados Unidos, que castigan a los que no pagan los impuestos y les quitan la nacionalidad norteamericana… Imagínate que esto lo hicieran Francia, Italia, Alemania, España. O los paraísos fiscales, ¿cómo que no se puede hacer nada? ¡Los Estados Unidos lo hicieron! Si no nos dan los datos que les pedimos, queda prohibido que cualquier banco suizo pueda operar en Estados Unidos. ¡Y como corrieron!

Al final todo es cuestión de voluntad política.

¡Claro! Esto es algo que hace décadas cualquier economista, incluso de derechas, tenía claro, que política económica significa primero política y después economía. Y política significa a qué parte de la población favorecemos y a cuál no y después aplicamos la técnica económica que lo haga posible. Porque no hay ninguna medida de política económica que favorezca a toda la población o la perjudique a toda.

* Doctor en Ciencias Económicas, docente de ciencias sociales en la Universidad de Barcelona. Miembro de GREECS (Grup de Recerca en Ètica economicosocial i Epistemologia de les Ciències Socials). Actualmente es el presidente de la Red Renta Básica, sección oficial de la Basic Income Earth Network (BIEN), y coordinador de la web de esta asociación. También es miembro del Consejo Científico de ATTAC (Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana). Autor de El derecho a la existencia (1999), La Renda Bàsica de Ciutadania: una proposta viable per a Catalunya (2005), Basic Income: The Material Conditions of Freedom (2007), La renta básica en la era de las grandes desigualdades (junto a David Cassasas, 2011), entre otros.

Entrevista publicada originalmente por Público.es (27/3/2020)

https://www.publico.es/entrevistas/renta-basica-coronavirus-aplica-renta-minima-condicionada-corta-sera-poner-tirita-han-cortado-aorta.html

El Capital en el Siglo XXI y el Ingreso Ciudadano*

Rubén Lo Vuolo*

Del análisis de El capital en el siglo XXI puede inferirse la importancia del trabajo de Piketty y sus colegas para el debate contemporáneo sobre los modos en que se organiza la economía y la sociedad, como así también en relación con las políticas públicas. Las evidencias que surgen de las series históricas presentadas y analizadas en este libro (y en otros trabajos) son un aporte muy valioso al debate sobre la distribución de las riquezas y los ingresos en nuestras sociedades. Entre otras cosas, esas series registran ciertas regularidades entre diferentes variables representativas de la evolución económica y social, las cuales exponen períodos de mayor y menor desigualdad en los países estudiados. De allí, la conclusión principal del libro es que la tendencia normal de largo plazo en nuestras sociedades es hacia una mayor desigualdad distributiva que se proyecta hacia el futuro. 

Piketty sugiere que estudiar el modo en que evolucionó la desigualdad económica a lo largo de la historia es una forma no sólo de comprender la evolución política y social pasada, sino también de entender problemas contemporáneos. Las tendencias observadas no son iguales en todos los países a lo largo de la historia y encuentran múltiples explicaciones que no son sólo económicas. En particular, el estudio detecta acontecimientos excepcionales, así como arreglos institucionales y políticas públicas cambiantes que impactan sobre la distribución de los ingresos y de las riquezas. De allí se concluye que las mejoras distributivas han sido la excepción en la historia y que la normalidad en los países estudiados es la tendencia hacia la concentración de capital/riqueza. La curva en forma de U que registra la desigualdad distributiva sugiere que luego de un período excepcional donde parecía que las fuerzas igualadoras prevalecían, hace décadas se retomó la tendencia creciente de la desigualdad distributiva al punto que los indicadores muestran un escenario parecido al de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Para el siglo XXI se avizora la profundización de estas tendencias hacia una mayor desigualdad salvo que se apliquen políticas públicas especialmente en el campo tributario. 

El análisis y las conclusiones expuestas en El Capital en el Siglo XXI marcan un hito en los estudios sobre el tema. En particular, me interesa aquí marcar su relevancia para el debate en torno a la propuesta del Ingreso Ciudadano. En breve, el análisis de Piketty ofrece variados elementos para defender una propuesta que busca garantizar universalmente un ingreso básico incondicional y financiado con políticas tributarias progresivas. Más aún, tanto los trabajos de investigación de Piketty y sus colegas, como los que se desarrollan en relación la propuesta del IC tienen muchos puntos en común. De hecho, tanto el impuesto global sobre la riqueza que propone Piketty, como el IC son propuestas criticadas por considerarlas “utópicas”. En general, todos los modos de imaginarse formas de organización social diferentes a las actuales aparecen como utópicos para el pensamiento y el poder establecidos como “saber convencional”. Pero, como lo demuestra Piketty, el verdadero problema no son las propuestas alternativas sino la continuidad de la tendencia creciente de la desigualdad distributiva. Las correspondencias entre ambas agendas de trabajo se dan en varios frentes. Por ejemplo, al igual que Piketty, también los defensores del IC entienden que las tendencias actuales no son hacia la convergencia de patrones distributivos más igualitarios, y proponen cambios en las políticas públicas a fin de fortalecer el poder de la ciudadanía frente al capital. El principal es la garantía de un ingreso universal e incondicional, integrado en una política fiscal más progresista (Van Parijs, 1992; Van Parijs et al., 2002; Barbeito, 1995). En defensa de estas propuestas, ambas corrientes de trabajo entienden que es necesario reemplazar las tradicionales políticas públicas que en su momento sirvieron para sustentar períodos con tendencias hacia una menor desigualdad. 

Las tradicionales instituciones del Estado de Bienestar, incluyendo las políticas propias de la regulación del mercado laboral, ya no están en condiciones de garantizar protección, bienestar y mayor igualdad a las personas (Standing, 1992; Van Parijs, 1994). El pesimismo de Piketty sobre el crecimiento económico, la generación de empleo y las mejoras distributivas derivadas de la difusión de conocimiento, es compartido por los defensores del IC. Por ejemplo, los defensores del IC también entienden que el crecimiento sostenido y el pleno empleo (masculino) es sólo un episodio en la historia del capitalismo y que el período de reducción de la desigualdad ha sido circunstancial (Lo Vuolo, 1995). Para los propulsores del IC, el crecimiento y la creación de empleo no son una solución viable para garantizar ingresos básicos universales y reducir la desigualdad. Por lo tanto, su propuesta es que los programas públicos de empleo y de seguro social deben sustituirse por políticas universales e incondicionales. Lo que se necesitaría es avanzar hacia sistemas de protección social “no productivistas” y desenganchados de las posiciones de las personas en el mercado de empleo (Offe, 1995; 2008). 

Asimismo, las conclusiones de Piketty acerca de la concentración de riqueza en el grupo de personas que ocupa el lugar más alto de la jerarquía distributiva, llevan inmediatamente a pensar políticas distributivas que favorezcan a quienes están peor situados en esa distribución. Lo más relevante es el siguiente punto que Piketty reafirma: no se trata sólo de transferir algunos ingresos a los más pobres, sino de impedir que los ricos acumulen cada vez más riqueza. El IC califica muy bien como política que busca garantizar un piso de ingreso financiado por impuestos progresivos. En este punto es interesante observar que, así como al IC se le critica su universalidad en tanto no discrimina entre ricos y pobres, al impuesto global a la riqueza de Piketty también se lo critica por gravar universalmente a todas las formas de capital/riqueza. En gran medida, esto se debe a la observación aislada de cada política sin comprender la importancia de la integralidad de cada medida en un paquete de políticas públicas consistente en la búsqueda de impactos distributivos progresivos. 

En el caso del IC la universalidad combinada con la incondicionalidad es la garantía de que todas las personas recibirán el beneficio; en el caso del impuesto a todas las expresiones de riqueza, la universalidad sin excepciones es la garantía para que las personas no puedan eludir el impuesto con cambios de las formas de riqueza permanentes. Las eventuales distorsiones se pueden corregir con otras medidas. Otro aspecto relevante es el énfasis que Piketty coloca en demostrar que la posición de las personas en la sociedad depende fundamentalmente de su nacimiento. Este aspecto también es resaltado por los defensores del IC que justifican su propuesta, entre otras cosas, señalando que las diferencias al nacer limitan la autonomía de las personas y marcan diferencias irrecuperables en el mercado de empleo. Si, como afirma Piketty, la desigualdad no es el resultado de los méritos expresados en el mercado de empleo, entonces no tiene sentido que todo el ingreso de las personas dependa de su posición en el mercado de empleo. Más aún cuando Piketty demuestra que uno de los principales determinantes de la desigualdad es la herencia. De hecho, las conclusiones de Piketty acerca de la concentración de la riqueza y la importancia de la herencia en este proceso, favorecen también otras propuestas que a veces se presentan como alternativas al IC. Así, es evidente que, del análisis expuesto en El Capital en el Siglo XXI, se refuerza la propuesta conocida como la “herencia ciudadana” [citizen´s inheritance] (Ackerman y Alstott, 1999). Esta propuesta sugiere que todos los ciudadanos norteamericanos deberían recibir una subvención [grant] al momento de iniciar la vida adulta (digamos, 18 años). Esta subvención (estimada originalmente en u$s 80.000) sería un pago por única vez financiado por impuestos sobre la riqueza y la herencia, y sobre el cual las personas tendrían libertad de uso. De este modo se buscaría igualar las desigualdades generadas por el traspaso de generación en generación de las fortunas personales. En cualquier caso, el análisis de Piketty refuerza la idea acerca de la necesidad de tener una visión “integrada” de la acción fiscal para revertir las tendencias hacia una mayor desigualdad, en tanto el énfasis no está puesto tanto en la distribución del gasto público sino en la política tributaria. 

Este es un mensaje importante para los defensores del IC en tanto la forma operativa del mismo se sostiene en esa visión integral de la acción fiscal del Estado. El “piso” de ingresos del IC se corresponde con un crédito fiscal de forma tal que lo que interesa es la posición neta frente al fisco de los contribuyentes. Organizado junto con un impuesto progresivo, es claro que quienes gozan de mayores ingresos lo devolverían por vía de un sistema tributario progresivo (Barbeito, 1995). Como argumento en otro trabajo (Lo Vuolo, 2013), una definición completa y funcional del IC debería incluir la necesidad de que funcione como crédito fiscal financiado por políticas tributarias progresivas. Las formas operativas de las políticas públicas que busquen revertir las tendencias hacia la desigualdad, son motivo de discusión y deberán adaptarse a cada experiencia particular. Al impuesto progresivo a los ingresos, se puede agregar variantes del impuesto al capital riqueza, incluyendo un impuesto a las herencias, como fuentes de financiamiento del IC. De hecho, Piketty sugiere que el impuesto progresivo a la herencia fue una de las mayores innovaciones fiscales del Siglo XX que también ha sido desafiada en las últimas décadas. En la misma línea Piketty señala que un impuesto a los ingresos es complementario de un impuesto a la riqueza, puede afirmarse que un IC es complementario de ambas políticas. En cualquier caso, es claro que con una sola política no pueden resolverse los creciente problemas de la desigualdad de riquezas y de poder entre las personas, sino que son necesarias varias políticas consistentes entre sí (Cassasas y De Wispelaere, 2015). No se trata solo de pagar un beneficio universal e incondicional. Hay que aplicar muchas políticas consistentes para revertir las tendencias hacia la desigualdad, empezando por un sistema impositivo progresivo. 

Finalmente, si el análisis de Piketty expuesto en El Capital en el Siglo XXI es importante para observar lo que pasa en los países centrales y cómo resolver sus tendencias a la desigualdad, también lo es para los países latinoamericanos. De hecho, los trabajos que estudian la concentración de la riqueza en algunos países de la región, confirman las tendencias destacadas por Piketty y sus colegas (Alvaredo, 2010; Alvaredo y Londoño Vélez, 2013) como así también la baja recaudación en los grupos más ricos de la distribución (Jiménez, 2015; Gómez Sabaini y Rossignolo, 2014). No es de extrañar, en tanto América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo y donde la política fiscal no genera impactaos redistributivos progresivos para corregir las fuerzas el mercado. En particular, se observa una seria deficiencia en la recaudación de los impuestos progresivos, particularmente el que recauda sobre la renta y las riquezas de las personas. Así, hoy en día en la región los problemas de la desigualdad se pretenden resolver con programas de transferencia condicionados de ingresos hacia los grupos más pobres. Más allá de las críticas que puedan hacerse a esos programas en relación, entre otras cosas, con sus bajos impactos distributivos, del trabajo de Piketty y de la propia historia se concluye que para resolver el problema se debe afrontar el rechazo de las elites a pagar impuestos, sobre todo aquellos impuestos directos sobre el ingreso, el capital, las rentas y la herencia. Desde este modo de observación, puede concluirse que los avances registrados en años recientes en materia distributiva corren el riesgo de ser un episodio “anormal” en la tendencia histórica hacia una mayor desigualdad. 

Un episodio sostenido en condiciones excepcionales del ambiente externo e interno, pero que no tiene bases sólidas de sustentación a poco que cambien esas condiciones. Un cambio de tendencia requiere un cambio profundo de políticas públicas que no pase sólo por retomar el crecimiento sino fundamentalmente por políticas tributarias y políticas públicas en general que reduzcan la tasa de retribución a la riqueza cada vez más concentrada.

Referencias bibliográficas:

-Ackerman, Bruce y Alstott, Anne (1999) The Stakeholder Society (New Haven, Yale University Press).

-Alvaredo, Facundo y Londoño Vélez, Juliana (2013) High Income and Personal Taxation in a Development Economy: Colombia 1993-2010. Center for Inter-American Policy & Research, Tulane University, 12.

-Barbeito, Alberto (1995) ‘La integración de los sistemas de transferencias fiscales como instrumento de integración social’, en R. M. Lo Vuolo (ed.), Contra la exclusión. La propuesta del ingreso ciudadano. Buenos Aires, Argentina: Miño y Dávila / Ciepp, 169-220

-Casassas, David y De Wispelaere, Jurgen (2015): «Republicanism and the Political Economy of Democracy», European Journal of Social Theory, forthcoming.

-Gomez Sabaini, Juan Carlos y Rossignolo, Darío (2014) “La tributación sobre las altas rentas en América Latina”, Serie Estudios y Perspectivas. Santiago de Chile, CEPAL.

-Jiménez, Juan Pablo (2015) Desigualdad, concentración del ingreso y tributación sobre las altas rentas en América Latina. CEPAL, Santiago de Chile.

-Lo Vuolo, Rubén (2013) ‘Introduction’, en R. M. Lo Vuolo (ed.), Citizen’s Income and Welfare Regimes in Latin America. From cash transfers to rights. New York: Palgrave-McMillan.

-Lo Vuolo, Rubén (1995) ‘La economía política del ingreso ciudadano’, en R. M. Lo Vuolo (ed.), Contra la exclusión. La propuesta del ingreso ciudadano. Buenos Aires, Argentina: Miño y Dávila / Ciepp.

-Offe, Claus (2008) ‘Basic Income and the Labor Contract’, Basic Income Studies, 3 (1). Offe, Claus (1995) “Un diseño no productivista para las políticas sociales”, en Rubén Lo Vuolo (ed.), Contra la Exclusión. La propuesta del ingreso ciudadano. Buenos Aires, Ciepp/Miño y Dávila. Segunda edición: 2004.

-Standing, Guy (1992) ‘The Need for a New Social Consensus’, en P. Van Parijs (ed.), Arguing for Basic Income. Ethical Foundations for a Radical Reform. London, UK: Verso.

-Van Parijs, Philippe (1992) ‘Competing Justifications of Basic Income’, en P. Van Parijs (ed.), Arguing for Basic Income. Ethical Foundations for a Radical Reform. London, UK: Verso.

* Este texto es un pasaje recortado por Revista Ignorantes, con autorización del autor, de “El Capital en el Siglo Veintiuno de Thomas Piketty, la desigualdad distributiva y el Ingreso Ciudadano”, publicado por el CIEPP (Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas), en octubre de 2015. Para acceder al trabajo completo:

http://www.ciepp.org.ar/images/ciepp/docstrabajo/doc%2093.pdf

* Economista (Universidad del Litoral y Universidad de Pittsburgh), Investigador principal de CIEPP (Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas). Fue miembro del Directorio del Banco Ciudad (2006-2008). Preside la Red Argentina de Ingreso Ciudadano (Redaic). Publicó Distribución y crecimiento. Una controversia persistente (2009), Estrategia económica la para la Argentina. Propuestas (2003), Alternativas. La economía como cuestión social (2001).


La renta básica y los ‘invisibles’ que todo el mundo ve

Altamir Tojal*

Casi 100 millones de brasileños han solicitado la ayuda de emergencia de R$ 600 mensuales para sobrevivir al colapso de las oportunidades de trabajo impuesto por la crisis del Covid 19 en Brasil. De ellos, unos 50 millones son llamados «invisibles» porque no figuran en las estadísticas y registros oficiales de desempleados, pobres y vulnerables. Llamar «invisibles» a casi 50 millones de personas que ahora se declaran sin ingresos o sin medios para sobrevivir debería causar extrañeza a cualquier persona que viva en Brasil, donde la informalidad, la precariedad y la insuficiencia o ausencia de protección social se han naturalizado y se han convertido en la norma en todo momento, lugar y circunstancia.

La falta de preparación del país para hacer frente a las necesidades y a la desigualdad ahora exacerbadas por la pandemia pone de relieve la necesidad de un programa de reconstrucción económica asociado a un amplio programa social en el que se debata la introducción del ingreso básico no sólo como ayuda de emergencia o como prestación condicionada y temporal, sino también como un derecho de ciudadanía y un factor de sostenibilidad económica.

Cambios y derechos

Si antes del Covid 19 el interés y el debate sobre los ingresos básicos ya crecían en el planeta, ahora esto tiende a intensificarse. Por un lado, la necesidad de pagar un «ingreso de emergencia» a las personas sin ingresos suficientes se ha impuesto en casi todo el mundo por razones humanitarias y también para que la estrategia sanitaria de distanciamiento y aislamiento social funcione con reducción de la circulación para trabajar o buscar trabajo. Y también para que la demanda económica se mantenga en niveles capaces de evitar el colapso de las diferentes cadenas de producción.

Por otra parte, a pesar de las dudas sobre la configuración pospandémica de las sociedades y las economías, los procesos de utilización más intensiva de la tecnología, con una mayor automatización y robotización en las fábricas y en la producción en general, en los servicios y en la vida, se están incrementando y parece que se acelerarán. Uno de los resultados de este proceso ya venía siendo el aumento del desempleo y la precariedad, recomendando mecanismos de continuidad de los ingresos sin contrapartida alguna en el trabajo formal e incluso a otras formas de «trabajo productivo».

El desafío de redefinir los derechos y la protección social adecuados a estos cambios ya había superado la agenda de los movimientos sociales. A raíz de los cambios que se están produciendo en la producción y la naturaleza del trabajo en la economía postindustrial, en la que se produce cada vez más trabajo y menos capital, la cuestión de los ingresos básicos estuvo presente en los programas gubernamentales y las campañas electorales de diferentes orientaciones ideológicas y en las declaraciones y propuestas no sólo de científicos y filósofos sino también de dirigentes empresariales, como algunos de los gigantes de la nueva economía.

Por el mundo

A pesar de las dudas sobre los resultados, la lucha con un sentido común contrario a la idea de «distribución de dinero sin compensación por trabajo» y los riesgos de la explotación demagógica de sus posibilidades y resultados, las iniciativas para introducir un ingreso básico ya se estaban multiplicando en el mundo. 

Si bien los argumentos de igualdad y eliminación de la pobreza están casi siempre presentes en las propuestas de ingreso ciudadano, existe una amplia variedad conceptual según las motivaciones e intenciones de quienes las plantean, que se pueden identificar en su diversidad léxica: ingresos básicos o mínimos, suficientes o insuficientes, incondicionados o condicionados, universales o selectivos.

En la práctica, la mayoría de las experiencias hasta ahora han tenido que ver con el pago de pequeñas cantidades a las personas más pobres, casi siempre en condiciones establecidas por los gobiernos y los administradores de turno, entre ellas las de buscar y aceptar trabajo, vacunar a sus hijos y mantenerlos en la escuela, etc. 

La más antigua experiencia continua de ingreso básico universal e incondicionado tiene lugar en el estado de Alaska, desde 1986. Hay noticias en el país de experiencias más recientes de gobiernos locales, empresas e instituciones para hacer frente a problemas sociales y económicos, además de los mecanismos existentes como el seguro de desempleo. En el ámbito político, uno de los candidatos presidenciales del Partido Demócrata en las elecciones de este año fue Andrew Yang, un joven empresario en los campos de la tecnología y la educación con una plataforma centrada en el ingreso básico.

Desde hace algunos años se han realizado varias experiencias en otros países y regiones. Prácticamente todos los países de Europa tienen programas de ingresos mínimos condicionales. Irán ha mantenido un programa de ingreso universal e incondicional desde 2011 hasta hace unos años. Según BIEN (Basic Income Earth Network) existen actualmente programas de renta básica piloto o en proyecto, también en India, Canadá, Finlandia, Escocia, Holanda entre otros, con una aplicación más o menos amplia en términos de alcance social, con alcance regional o nacional. En Brasil hay programas de distribución de ingresos condicionados, entre los que se destaca Bolsa Família. Y tenemos la Ley de Renta Básica de Ciudadanía, propuesta por Eduardo Suplicy, aprobada por el Congreso y sancionada por el entonces presidente Lula, que no salió de los papeles.

El informe del Banco Mundial «The Changing Nature of Labor» sugiere que se puede considerar que los programas similares a ingresos ciudadanos pueden abordar la creciente desigualdad y los profundos cambios en la naturaleza del trabajo en las próximas décadas, aunque hay pros y contras y problemas de aceptación.

Una línea conceptual aboga por el ingreso básico como un principio voluntario y volitivo, sin depender del Estado o de los fondos públicos. Además, hay activistas que no creen que los gobiernos e instituciones oficiales apoyen efectivamente la idea y trabajen para formar redes de personas y organizaciones civiles dispuestas a crear y mantener fondos para pagar los ingresos básicos a los más pobres.

Conceptos y efectos

Por lo tanto, el ingreso básico no es nada nuevo. El concepto original es el pago periódico de una cantidad no vinculada al trabajo y cualquier requisito de compensación, que corresponde al derecho de cada persona a tener los medios para vivir con dignidad. Entre quienes lo formularon, se destaca Thomas Paine, un pensador y activista que influyó en la independencia de los EE.UU. y la Revolución Francesa. La idea se encuentra en las tesis revolucionarias, humanistas, libertarias, comunistas y en las recetas reformistas liberales. Encaja tanto en los programas para eliminar la pobreza y reducir la desigualdad como en las fórmulas para asegurar a los consumidores en los escenarios de caída de los ingresos de los trabajadores y del desempleo.

La tesis de un ingreso mínimo de subsistencia, formulada como una providencia humanitaria y de bienestar, también serviría para reforzar el modelo contemporáneo de capitalismo. La idea de un ingreso básico suficiente, universal e incondicional sería un derecho de ciudadanía, un instrumento de comunión para toda la riqueza generada por el desarrollo de las fuerzas productivas. No se trata necesariamente de propuestas excluyentes. Pueden ser etapas de un proceso. Pero sus diversos y distintos propósitos y efectos deben ser considerados y evaluados de manera transparente.

Economistas de diferentes tendencias como Keynes, Hayek, Milton Friedman, James Tobin y Galbraith han trabajado o desarrollado propuestas relacionadas con el tema. El ingreso ciudadano ha estado en el programa del Foro Mundial de Davos durante algún tiempo y ha estado en la mente de los empresarios de la nueva economía. Elon Musk, de Tesla, defendió que el modelo de ingresos básicos puede ser la mejor solución para hacer frente a la abundancia de bienes y la falta de empleo generados por la tecnología. Y Mark Zuckerberg de Facebook dijo: «Ha llegado el momento de que nuestra generación defina un nuevo contrato social. Deberíamos explorar ideas como el ingreso básico universal para asegurarnos de que todos tengan la posibilidad de probar nuevas ideas.”

En la economía globalizada y en la configuración más liberal, la distribución de un ingreso mínimo ayudaría a proteger los mercados de la competencia de los países con mano de obra más barata, posibilitando reducciones reales de los salarios y la flexibilización de los derechos laborales en áreas supuestamente menos competitivas por el costo de la mano de obra.

Después del virus

Una profunda crisis económica es ahora una realidad en casi todo el planeta con Covid 19 y su superación se presenta como un gran desafío en el escenario post-pandémico. Es previsible que las propuestas de ingresos básicos ganen más espacio en el debate, ciertamente en nombre de la reanudación del dinamismo económico, pero también, dependiendo de la movilización política, para un programa de reducción de la pobreza y la desigualdad.

Así pues, el ingreso básico podría considerarse, entre el conjunto de alternativas para superar la crisis, como un factor de aumento de la demanda y también de actualización y reorganización del sistema de protección social. Y puede, en la perspectiva más amplia de un nuevo pacto por la vida y la sostenibilidad, configurar una propuesta de adaptación de la economía a los nuevos paradigmas de producción y trabajo, basada en el conocimiento, la tecnología y la innovación.

Uno de los obstáculos de las experiencias de aplicación de los programas de ingresos básicos y de distribución de ingresos en general es el cuestionamiento en ciertos sectores de la sociedad sobre la posible inducción a los beneficiarios a acomodarse fácilmente. Este es uno de los «problemas de aceptación» indicados en el estudio del Banco Mundial y en otros análisis, aunque las evaluaciones de las experiencias más relevantes muestran que la mayoría de los beneficiarios no dejan de trabajar o de buscar trabajo. Otro problema ha sido la manipulación política por parte de los gobiernos y los líderes políticos, como ha ocurrido en Brasil con programas como Bolsa Família.

Cualquiera que sea el mundo que surja después de Covid 19, no debería haber lugar para la naturalización del virus de la desigualdad y mucho menos para tantos millones de personas vulnerables, llamadas o no «invisibles». Para convertirse en una realidad, la renta básica tendrá que ser la voluntad y la conquista de la sociedad. Los problemas y desafíos deberán abordarse y corregirse con información, transparencia y debate público, en un proceso que pueda conducir a plataformas viables, justas y efectivamente democráticas de protección social.

* Periodista y escritor. Estudió en la Universidad Federal Fluminense (UFF) y se especializó en Filosofía Contemporánea en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-RJ). Desde 1991 creó y dirige la empresa SPS Comunicação. Trabajó como reportero para el Jornal do Brasil, O Globo, Veja e IstoÉ. Fue jefe del Departamento de Comunicación del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Participó como miembro de pleno derecho del Consejo Estatal de Medio Ambiente del Estado de Río de Janeiro (Conema). Elaboró el proyecto de ley de salarios sociales, con reflexiones sobre el tema de la resistencia y la financiación de los ingresos de la ciudadanía. Publicó la novela Faz que não vê y el libro de cuentos Oásis azul do Méier.



Hacia un salario universal para afrontar la emergencia.

Claudio Lozano
«Es el momento oportuno de provocar un cambio drástico en la matriz distributiva para que la contención sea efectiva.

Enviamos el Informe Hacia un Salario Universal para afrontar la Emergencia, elaborado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP). La propuesta destaca cuatro pilares de acción concreta: Renta Básica, Impuesto a la Riqueza, Suspensión de los pagos de la Deuda Pública y Democratización para afrontar la crisis.

Para Lozano, el coronavirus “corona” una tendencia mundial de regresión liberal cuyos efectos más visibles venían siendo la caída de los flujos comerciales y el avance de políticas proteccionistas adoptadas por países centrales para paliar los efectos que en términos de desigualdad y desinversión productiva producían la globalización y la financiarización económica de las últimas décadas.
En este sentido consideramos que es el momento oportuno de provocar un cambio drástico en la matriz distributiva para que la contención sea efectiva. Esa contención, que en tiempos de calma suele darse a cuenta gotas como bálsamo, hoy la situación exige que se convierta en shock ante el riesgo de diluirse por completo. Como la experiencia lo indica, las crisis económicas suelen ser mejor aprovechadas por los sectores del poder económico para sentar bases de crecimiento organizadas sobre pautas de mayor desigualdad. Creemos entonces que hoy estamos en ese terreno de disputa y la batería de políticas, decisiones públicas y comunitarias que se vayan resolviendo serán las que determinen la salida de esta crisis inédita. Síntesis de la Propuesta:

Se destacan cuatro pilares de acción concreta e inmediata que permitirían brindar condiciones para atravesar el tiempo que sea necesario extender el aislamiento preventivo sin sufrimiento social.

• Renta básica universal para la emergencia: Garantizar una renta básica compuesta por un salario universal de $17.000 equivalente al salario mínimo y una asignación universal por hijo de $4.000 implica la creación de una nueva institucionalidad que tenga como función democratizar el acceso a los ingresos y a la producción social al conjunto de los habitantes de nuestro país y al mismo tiempo permitir una efectiva autonomización de las condiciones de reproducción de la vida respecto a la lógica de valorización del capital.

• Impuesto a la riqueza y a las principales firmas y bancos: las circunstancias actuales ameritan llevar adelante, por única vez, un procedimiento extraordinario que permita la captura pública de rentas y patrimonio de quienes integran el poder económico local sobre la base del criterio de Patrimonio y Renta Presunta, en el marco de una estrategia general que a partir de aquí permita terminar con la planificación fiscal nociva y delictiva de las principales empresas y sus dueños que erosiona sistemáticamente la base imponible sobre la cual se calculan los impuestos sobre rentas y patrimonio. El saldo final de este proceso de reformas debería dotar al estado de instrumentos de regulación pública que le permitan obligar a las principales empresas y fortunas a blanquear sus estructuras y tenencias societarias.

• Suspensión de pagos de deuda: Abundan los motivos para asumir de manera unilateral la suspensión de pagos de deuda, no sólo a los bonistas privados, sino también a los organismos internacionales. Un período de absoluta suspensión en los pagos permitiría abrir un tiempo para instituir una auditoría de una deuda pública que incluya endeudamientos espurios como el bono de los 100 años, con los fondos buitres, con el Club de París y con el FMI evitando caer en reestructuraciones desventajosas para el interés nacional. En un contexto donde la caída del producto no tiene definido todavía un piso, la asignación de parte de la producción nacional para el pago de deuda entra en abierta competencia con los derechos humanos.

• Profundizar la democratización: No es posible concretar exitosamente ninguna estrategia de contención social sin la democratización de las instituciones que lleven adelante las políticas y, por lo tanto, sin participación de la comunidad en las decisiones. La comunidad organizada es clave para superar de la mejor manera posible esta pandemia. El gobierno de los expertos no es suficiente para garantizar el cuidado de la población, se precisa complementarlo con el accionar cotidiano de los colectivos que están presentes en los territorios y conocen su realidad social. Para ello es indispensable la permanente circulación de la información, la apertura de los canales de diálogo y la conformación de órganos consultivos plurales que se transformen en verdaderos Consejos de Organización de la Comunidad frente a la crisis. Esto facilitaría la tarea de control sobre el cumplimiento efectivo de las decisiones que se adoptan. Achicar la brecha entre el discurso y la gestión concreta es también un imperativo de la etapa.

Para ver el informe completo: https://go.shr.lc/2WXyXsy


Revista Ignorantes surgió como un virus que interfiere en el sistema del sentido común ilustrado y también del indiferente… justo antes de la cuarentena. Se dejó intervenir por la circunstancia y se volvió la invitación más amplia y generosa de la hora a quienes sintieron que tenían algo para decir, a quienes tenían algo escrito o a quienes deseábamos hacer intervenir… Una red de intervención escrita y de escucha que solo pretende estar a la altura del momento que nos toca. Una revista cuya finalidad no es la extensión en el tiempo, ya que se debe a una intensidad que es la duración en sí. Se agota cuando esa intensidad y apuesta a marcas concretas y posibles abiertos. Escritos originales, rescates, entrevistas, crónicas, traducciones al ras, canciones, humor gráfico, dispuestos en una revista que pudo ser visitada casi diariamente y, al mismo tiempo, leída como una sola pieza, algo informe y abierta, autónoma y de la trama, con zonas de lucidez y partes de barro, lugares comunes y exquisiteces sensibles, escrituras iniciáticas y plumas de trayectorias más largas y consolidadas. De eso se trata, entonces, este llamado de ignorantes para ignorantes: algo sabemos y algo no sabemos, es la intersección que elegimos para desarrollar, ampliar y volver cíclicamente a habitar.  


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