Colectiva Intervención Ante las Violencias*

Violencias de género en cuarentena

Episodio XVII

El 20 de marzo, por medio del DNU 297/2020, el gobierno nacional decretó la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (…) a fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19”. Desde ese día se registraron (al menos) 17 femicidios (según publicó el portal Plusnoticias, al 10/4) que se agregan a los 86 femicidios y 16 trans/travesticidios contabilizados en lo que va del 2020. Claramente nos encontramos ante un estado excepcional del cual no tenemos antecedentes bajo administraciones democráticas y se impone en el corto plazo la necesidad de contar con análisis interseccionales sobre las violencias en períodos de pandemia, para construir herramientas que nos permitan medir y caracterizar su impacto, con el objetivo de establecer procedimientos específicos –y urgentes– para abordarlas en estos nuevos escenarios.

El par aislamiento-desaceleración económica (más aún en una economía golpeada por la profundización de la crisis en estos últimos años) resulta en un aumento de las violencias de todo tipo. Por otra parte, no podemos ignorar que nuestra sociedad se erige sobre las bases de una desigualdad estructural construida sobre la tríada capitalismo-patriarcado-colonialismo y, por esto mismo, dichas violencias afectarán siempre con más fuerza a mujeres, niñeces, juventudes y el colectivo LGTTB+, particularmente de los sectores populares, migrantes, precarizados. Tan sólo basta recordar algunas noticias recientes como la de aquel empresario de un barrio privado de Tandil que llevaba a su empleada doméstica en el baúl del auto, o ver cómo se multiplican los pedidos de ayuda de colectivas trans-travestis que no están encontrando cómo obtener lo mínimo para garantizar su subsistencia en este contexto de “aislamiento social”. 

En este marco donde las violencias parecen incrementarse sin límites, también ha crecido el reclamo hacia el Estado por respuestas concretas. En materia de violencias de género, han sido las diversas colectivas feministas –con una inserción territorial que el propio Estado muchas veces no tiene– quienes se pusieron al frente, señalando que el crecimiento de la violencia letal contra mujeres, lesbianas, trans y travestis es índice de que las políticas de prevención no están siendo efectivas, remarcando a su vez que las violencias que cada sector sufre es diferente y no siempre comparable. De la misma forma tampoco es lo mismo ser una mujer de clase media, o una estudiante universitaria, que una piba de un barrio popular o una trabajadora migrante. En materia de violencias de género las respuestas que ensayó el Estado consistieron en intensificar las herramientas heredadas de administraciones anteriores, por ejemplo, la línea telefónica 144 a la que se puede llamar las 24 horas. Como resultado de la promoción constante de esta herramienta en los medios de comunicación nacionales, sólo en la Provincia de Buenos Aires las consultas y denuncias a la línea 144 aumentaron un 60% durante las últimas semanas. El efecto provocó, al menos en una primera instancia, que las trabajadoras del otro lado del teléfono también queden desbordadas, situación que se agudiza si se tiene en cuenta la precarización y la dificultad para resolver el reclamo desesperado (y desesperante) de quien en esos breves minutos escapó a algún rincón para llamar sabiendo que la única posibilidad “real” de asistencia está en que la persona se acerque –teniendo en cuenta la dificultad de trasladarse con normalidad a causa de la pandemia– a una dependencia judicial donde hacer la denuncia y obtenga alguna medida de protección como el botón antipánico o la restricción de acercamiento, ambas difíciles de lograr en juzgados saturados de denuncias de violación de cuarentena. 

No tomar en consideración la particularidad de las violencias en el contexto actual limita seriamente su eficacia (sólo basta con leer las diversas declaraciones sobre la política del “barbijo rojo” recientemente presentada por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad Nacional); por eso nuestra ley de protección integral de las mujeres encuentra límites cuando se la aplica a la violencia que sufren lesbianas, trans, travestis o personas no binarias, porque está pensada fundamentalmente sobre tipos y modalidades que existen en el marco de vínculos heteronormativos y en determinados contextos. Tales limitaciones no hacen más que profundizarse cuando sumamos a la ecuación el sistema económico, las historias coloniales, las migraciones y, hoy día, el encierro. 

Claro que estas falencias difícilmente pueden sorprendernos cuando los números de esta violencia en su mayoría se obtienen a partir del trabajo de esas propias colectivas, ante la ausencia absoluta de cifras oficiales que nos permitan cuantificarlas y que deberían pensarse como paso inicial ineludible a la hora de diseñar políticas públicas que puedan tener verdadero impacto. Mientras la Ministra acerca un informe al Senado de la Nación explicando la ausencia de estadísticas oficiales de violencia, en apenas unos días pudimos contar con estadísticas nacionales, provinciales y hasta municipales que actualizan diariamente cuántas personas dieron positivo para un test de coronavirus, cuántas se enfermaron, cuántas murieron. Esto no significa pretender igualar o siquiera comparar la violencia de género con una “pandemia” o el machismo con un “virus” –actitud, a nuestro entender, despolitizante y que deja de lado la profundidad histórica y social de estas realidades–, pero sí se trata de remarcar que cuando el Estado tiene voluntad política, los recursos aparecen.

* Comenzó su trayectoria en el año 2012 abordando los ejes de violencias, conflicto social, derechos humanos, géneros y diversidades sexuales. Combinan metodologías de investigación desde las ciencias sociales y forenses que aportan una nueva mirada sobre la praxis forense y las violencias en el marco de gobiernos constitucionales. Trabajan en alianza con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) del Ministerio Público Fiscal, e intervienen en calidad de peritos en casos específicos de personas desaparecidas, femicidios y violencias de genero. “Nos dedicamos a la investigación con perspectiva de género e interdisciplinar en el marco de causas vinculadas con la desaparición de personas, femicidios y contextos de violencia”.


IGNORANTES es una revista de contenidos en formatos imprevistos ligada con la actualidad desde la incertidumbre y la pasión política.


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