A veinte años del 2001

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Hace veinte años yo era parte de la mesa de conducción nacional de la Central de los trabajadores de la Argentina (CTA), y estaba a cargo de su Instituto de Estudios y Formación. El 19 y 20 de Diciembre me sorprendió 48 horas después de haber participado activamente de una experiencia política popular muy relevante cual fuera el Frente Nacional Contra la Pobreza (FRENAPO). Una coalición política y social amplísima, reivindicaba una propuesta de un shock distributivo para terminar con la pobreza, frente a las alternativas que en ese momento emergían desde el bloque de poder dominante: devaluación o dolarización. Un movimiento político y social que luego de dos años de recorrer el país y de acompañar luchas populares de todo tipo, fue capaz de convocar una consulta popular inédita, por fuera de las instancias institucionales, y que cosechó, nada menos que 3,5 millones de votos. No se trata de un señalamiento autorreferencial, sino de situar el clima de disputa social que se vivía en aquel diciembre de 2001. Diciembre resultante de la multiplicidad de luchas sociales que recorrieron la década del noventa desde el Santiagueñazo, pasando por Cutral Co, Plaza Huincul… De Tartagal, Mosconi Y Corrientes, y de la multiplicación de nuevas experiencias organizativas gestadas en el marco de las luchas mencionadas. La creación de una nueva Central de Trabajadores (que se animaba a pensar la necesidad de incluir en su seno la organización de los trabajadores en el territorio) había roto el unicato histórico de la CGT, y organizaciones como la Corriente Clasista y Combativa o la Federación de Tierra y Vivienda, entre otras, daban cuenta de movimientos territoriales emergentes. Fue el preludio organizado del acontecimiento (19 y 20) inesperado y espontáneo donde con la presencia del pueblo en las calles se replanteó el tablero político del país.

Ubicar el significado del 19 y 20 exige dar cuenta del proceso en el que se debatía y se debate la suerte de la Argentina. Desde 1976, más concretamente desde la dictadura militar, nuestro país padece la puesta en marcha por parte de sus clases dominantes, de una verdadera estrategia de la desigualdad. En el marco del genocidio y de la reestructuración del capitalismo argentino se afirmaron un conjunto de tendencias que cambiaron drásticamente el escenario económico, social y político. En lo económico, el endeudamiento externo, la valorización financiera, la desindustrialización y la pauperización sometieron a la Argentina a un proceso de estancamiento estructural. En lo social, supuso un proceso de redistribución del poder en un marco de concentración y extranjerización que hizo saltar por los aires las bases sobre las cuales se habían desplegado las alianzas y experiencias populares más importantes de la Argentina, y en lo político, fue consumando un proceso de cooptación y subordinación de las estructuras políticas tradicionales más importantes (PJ, UCR) a las necesidades y políticas del poder económico local. En ese contexto, donde lo que se vive es un declive permanente de la sociedad es que se ubica el 2001 como un corte. Un momento que configura el verdadero final de la dictadura militar. El momento donde la lucha popular logra derribar el factor principal de disciplinamiento que había sobrevivido al final dictatorial y que había contribuido a vaciar el proceso democrático. Ese factor era el terror. Al terrorismo de Estado y a la guerra de Malvinas le siguió el terrorismo económico expresado en la violencia de la hiperinflación, de la híper recesión y del híper desempleo. Un terror que prohijó la consigna política de disciplinamiento propia de los avatares políticos de los noventa: “cómo evitar lo peor”. Consigna que expulsaba toda idea de cambio al tiempo que justificó para el sistema político que gobernó la etapa la obediencia debida, el punto final y el indulto, como modo de evitar un nuevo golpe. Desde ahí se otorgó legitimidad a las privatizaciones para no volver a la hiperinflación, y a la flexibilidad laboral, como modo de resolver el desempleo. El 19 y 20 de diciembre fue la primera crisis política de carácter integral que vive la Argentina en la que intervienen expresamente los sectores populares. Hasta ese momento, las distintas crisis habían estado asociadas a las internas de las clases dominantes.

En aquel momento, desde nuestro Instituto caracterizamos lo que se vivía como una verdadera crisis de hegemonía. Aquella en la cual el cuestionamiento popular y las contradicciones en el bloque de poder impiden la construcción de hegemonía de los sectores dominantes. Es decir, no pueden ya sostener que la dominación que ejercen sea natural. La potencia del “que se vayan todos” cuestionando al conjunto del sistema político y la evidente fractura al interior del bloque dominante entre dolarizadores y devaluadores discutiendo el rumbo del capitalismo argentino, nos hizo pensar que esa era la situación. Quizás pusimos más expectativas de las que correspondían. Era difícil sustraerse del pueblo movilizado, de la situación asamblearia, de la sensación por primera vez en nuestra historia de que el pueblo podía reemplazar a un gobierno que había sido electo por el voto. De un desborde, de un exceso participativo que pasaba por alto el artículo 22 de la constitución nacional, haciendo verdad que el pueblo podía deliberar, más allá de sus representantes. No obstante, también señalamos munidos del arsenal gramsciano que no aparecía en el escenario del 2001 una “dirección consciente” de la experiencia política de los sectores populares capaz de transformar esa crisis de hegemonía en una crisis orgánica que le abriera la puerta a la construcción de una nueva hegemonía popular. El 2001 marcaba la potencia del cuestionamiento popular y a la vez los límites de nuestras construcciones para resolver la crisis en favor del pueblo. De hecho, a la distancia, podemos constatar que la rebelión del 2001no se tradujo en un cambio significativo de la situación electoral. Los resultados de las elecciones del 2003 distan de ser un reflejo de un cuestionamiento social donde muchos vimos emerger un relato anticapitalista o antisistema. Menem ganó en primera vuelta, segundo quedó Néstor Kirchner y tercero muy cerca López Murphy.

Más allá de lo expuesto, los efectos de la rebelión popular se hicieron sentir y produjeron una notable reformulación del sistema político. Emergieron dos coaliciones como el kirchnerismo (una suerte de renovación del PJ) y el PRO (que logró generar condiciones de legitimación sosteniendo el discurso de las virtudes del mercado). La coalición kirchnerista puso en cuestión las verdades neoliberales y logró construir un predominio político durante doce años que en tanto no se articuló con transformaciones estructurales más profundas del capitalismo argentino, no pudo modificar las claves de la Argentina de la desigualdad.

A veinte años de lo ocurrido creo poder señalar un conjunto de cuestiones que indican similitudes y diferencias del momento actual con diciembre de 2001. Soy de los que creen que la Argentina de la debacle macrista de los años 2018 y 2019 no terminó con un estallido social en nuestro país similar al ocurrido en otros países de América Latina porque emergió una alternativa electoral que despertó expectativas de que era posible terminar con el macrismo y abrir una etapa de recuperación económica y social. A dos años esa expectativa se frustró y la evidencia es la pérdida de casi la mitad de sus votantes.

En este marco hay una primera similitud en estas elecciones de medio término con respecto a las que tuviese la Alianza en 2001. El crecimiento significativo del ausentismo y el voto en blanco, así como la búsqueda de opciones distintas a las tradicionales, marca un parecido: el cuestionamiento al conjunto del sistema político. Esto promueve estrategias antisistema, al igual que en 2001 asociadas al discurso de la antipolítica (hoy los autodenominados libertarios y promotores de un neoliberalismo brutal). El contexto de cuestionamiento a la política es acompañado por una situación social de suma gravedad que se parece más a la de 2002 luego del estallido de la convertibilidad que a la de 2001. Es decir, que tenemos elecciones similares a las de medio término de De la Rúa, con la crisis social que se desatara luego del final de la convertibilidad.

En este marco una mirada sobre el desarrollo de las fuerzas políticas y las organizaciones populares nos indica que éstas han crecido respecto a diciembre de 2001. La militancia organizada a lo largo y ancho del país es mucho mayor y la capacidad de cuestionamiento que estas organizaciones tienen es enorme. Sin embargo, este crecimiento es acompañado de una mayor presencia de las propias organizaciones en el aparato estatal. Este es un elemento central que diferencia a los movimientos populares del 2001 de la situación actual. La relación con lo institucional aparece como el tema nodal con el que se topa el desarrollo de las organizaciones populares a partir del 2001 y, de hecho, esa discusión produjo importantes fracturas en el desarrollo de las mismas en el marco de la experiencia kirchnerista. Cooptación o autonomía, o la importancia de la legalidad institucional en la construcción del poder de la comunidad, aparece como el problema a resolver para el avance de los movimientos populares. Por tanto, el escenario actual exhibe mayor desarrollo de la organización popular y a la vez mayor injerencia del Estado sobre la misma.

Por otro lado, a diferencia de 2001, no se perciben fracturas de magnitud como las que existían entre capitales extranjeros, acreedores y grandes capitales locales. La discusión devaluadores vs. dolarizadores parece haberse subsumido en un acuerdo donde la salida exportadora en base al agronegocio, el fraking de Vaca Muerta y la megaminería a cielo abierto, en el marco de un ajuste fiscal que permita comprar los dólares para pagar la deuda, recorre y unifica de manera sustantiva al bloque dominante.

Como puede observarse, la situación tiene puntos de contacto y a la vez importantes diferencias. Es evidente que un movimiento popular más fuerte y estructurado, frente a un bloque dominante unificado podría llevar a pensar que la conflictividad puede potenciarse en el marco de una situación social grave. Sin embargo, no está claro cómo se procesará en este contexto la mayor influencia del Estado sobre las organizaciones populares. En el mismo sentido, un gobierno debilitado políticamente como el de De la Rúa no podía resolver sus problemas de gobernabilidad congraciándose con el bloque dominante, porque en tanto el mismo estaba fracturado en sus intereses, las facciones del capital que quedaban por fuera articulaban con el malestar social para cuestionar al gobierno. En la actualidad, el debilitamiento político del gobierno y su búsqueda de reconstruir gobernabilidad en base a una mayor asociación con los intereses dominantes encuentra en la mayor consistencia del bloque de poder mejores posibilidades. No obstante, la presencia de las propias conducciones de las organizaciones populares al interior del Estado, también plantea, frente a una definición de esta naturaleza, la posibilidad de mayores contradicciones y reordenamientos políticos de la coalición gobernante.

Por último, al igual que en el 2001, la experiencia política popular sigue careciendo de una “dirección consciente” que pueda arrojar luz respecto a una estrategia de poder transformador desde abajo en este contexto de nuestra Argentina y del mundo. Pareciera que vamos a vivir situaciones de mayor voltaje en materia de discusión social. Asistiremos a una nueva fase de disciplinamiento social o se abrirá el espacio para un camino trasformador en dirección a situaciones de mayor igualdad, dependiendo de cómo procesemos esta situación.

La pandemia actuó como una alerta para la humanidad: no podemos renunciar a la imprescindible necesidad de torcer el rumbo de la historia. El mundo capitalista nos conduce a un desastre. A la vez, la pandemia ha permitido el refuerzo de las desigualdades y la dominación. En síntesis, el desafío de la creación revolucionaria sigue pendiente a veinte años del 2001.

 

 

* Economista. Integra el directorio del Banco Nación, es Presidente del Partido Unidad Popular en el Frente de Todos. Fue de los fundadores de la CTA y cumplió mandato como diputado nacional en cuatro oportunidades. Publicó La deuda ilegítima (Red Editorial, 2018).              s