Colombia estallada

Episodio XCI

 

 

15 notas sobre las técnicas de caza de personas en el paro nacional en Colombia

Santiago Arcila*

 

Desde el 28 de abril y hasta el día de hoy hemos asistido en Colombia a una de las movilizaciones sociales más potentes de los últimos años, y al mismo tiempo, a una de las represiones sistemáticas más crueles y desproporcionadas jamás grabadas y difundidas en las redes sociales, nacionales e internacionales. A los reclamos populares que no toleran más corrupción, maltrato, aumento de la pobreza y violencia del Estado, el gobierno ha contestado con operativos de guerra urbana que tienen como saldo, según Indepaz: más 40 personas asesinadas, más de 500 desaparecidos, más de 10 abusos sexuales y más de 900 detenciones arbitrarias.

Quien quiera saber el motivo del descontento de los colombianos, en pueblos y ciudades, puede constatar con facilidad en internet que sus raíces más visibles están en la mala gestión de la pandemia, el proyecto de reforma tributaria, el proyecto de reforma de la salud, las mascares sucesivas, los asesinatos sistemáticos de líderes sociales y la corrupción de los políticos. Estos motivos se encuentran anclados en una serie de hechos históricos de abuso gubernamental, grabados en los sistemas nerviosos de varias generaciones precedentes.

En estas notas quisiera centrar la atención en algunos aspectos de las técnicas de cacería de humanos, que se han utilizado como respuesta oficial del gobierno ante la expresión legitima y pacífica del desacuerdo popular.

  1. Lo que se ha visto en las calles y las pantallas no es otra cosa que un episodio más en la historia política de las técnicas de cacería de personas, donde cazador y presa hacen parte de la misma especie. Para una aproximación inicial de las variaciones históricas de esta práctica, vale la pena atender al libro del investigador Grégoire Chamayou, del Max-Plank-Institut de Berlín, titulado Las cazas del hombre. El ser humano como presa de la Grecia de Aristóteles a la Italia de Berlussconi. Allí, se puede leer que “escribir la historia de la caza del hombre es escribir un fragmento de la larga historia de la violencia de los dominantes. Es escribir la historia de las técnicas de depredación indispensables para instaurar y reproducir las relaciones de dominación”.
  2. En este sentido, podríamos comenzar diciendo que los ejercicios de cacería que hemos visto en el paro nacional reúnen por lo menos dos tipos de cazas articuladas: una, que consiste en la persecución de la presa, y otra, que produce la expulsión de las personas de un determinado lugar. Como señala Chamayou, “cazar hombres, perseguirlos, a menudo supone haberlos expulsado o excluido previamente de un orden común”. En este caso, los manifestantes expresan el hecho, fácilmente constatable (según el Dane el 42.5% de la población es pobre), de que por años han sido expulsados por los gobiernos del reparto de los derechos básicos, y en ese sentido, han sido relegados a vivir como la parte de los que no tienen parte en ese reparto de condiciones dignas de existencia, de salud, de educación, de seguridad.
  3. Basta leer lo que la consejera presidencial para los derechos humanos, Nancy Patricia Guzmán, escribió a propósito de la protesta: “los derechos SOLO existen si todos observamos los deberes que tenemos para ser parte de una sociedad”. Su pronunciamiento, frio y amenazante, simplemente niega que lo que precisamente se está impugnando en las calles es el hecho histórico de que la mayoría de la gente en Colombia, a pesar de cumplir sus “deberes”, de endeudarse, trabajar de sol a sol, ganar una miseria e intentar hacerse una vida, es sistemáticamente excluida de las condiciones mínimas de una sociedad democrática, y en este sentido, únicamente hace parte de una capa enorme de la población a la que progresiva y aceleradamente se le ha hundido en la precarización vital más insoportable.
  4. Las palabras de la consejera revelan el punto de vista de la dominación y sus técnicas contemporáneas de esclavitud: para entrar a la “sociedad” y no exponerse a la muerte en manos de la fuerza pública, las personas tienen que sobre exponerse a la miseria al ser obligadas a contemplar como “deberes” las exigencias de callar, soportar, bajar la cabeza y aceptar como natural el reparto instaurado de “justicia”, evidentemente inequitativo y abusivo, que las elites imponen y custodian con el auxilio del poder policial y las mafias, para mantener sus obscenos privilegios.
  5. Según Chamayou, “toda caza va acompañada de una teoría de la presa que dice por qué, en virtud de qué diferencia, de qué distinción, algunos pueden ser cazados y otros no”. Hoy en Colombia esta teoría, reforzada mediáticamente, derramada por todo tipo de plataformas y formatos audiovisuales, consiste en explicar que la vida de todas las personas que se han reunido en la calle está animada por el deseo aberrante de caotizar el orden preestablecido. El objetivo de todo esto, se nos dice, es llevar al país al apocalipsis “castrochavista”.
  6. En otras palabras, esta teoría afirma que los reclamos de la gente que se atreve a pisar la calle son, en realidad, el disfraz de intenciones perversas orquestadas más allá de la visión y el conocimiento de los ciudadanos, por una especie de comité comunista financiado por la izquierda internacional. Esta teoría, que marca sobre los cuerpos la señal a partir de la cual se sabe si son o no susceptibles de ser cazados, asegura que los manifestantes hacen parte de lo que, en su última versión, el neonazi chileno, Alexis López Tapia, denomina “revolución molecular disipada”: está documentado que este señor ha sido invitado, por lo menos dos veces, a dictar instrucción en la universidad militar Nueva Granda de Colombia y sus conceptos han sido apropiados por el ex presidente Uribe para explicar lo que supuestamente está sucediendo en el país.
  7. Según el refrito amañado que López Tapia hace de algunas ideas de Guattari, dicha revolución se desarrolla de un modo en el que es imposible dar con el artífice del plan de instauración de la nueva Venezuela, ya que los revolucionarios actúan como moléculas bolivarianas que se escurren disfrazadas de artistas, profesoras, estudiantes, obreros, científicos, comerciantes y demás. Su teoría no tiene otro objetivo más que convertir el desacuerdo de cualquier tipo de ciudadano en un signo de criminalidad que autoriza su persecución y ejecución. La teoría de la presa, que está funcionando en Colombia, explica que la “izquierda” ha conseguido lavar las mentes de los manifestantes, en su mayoría mentes “frágiles y jóvenes”, de tal forma que estos no son más que un ejército de alienados, especie de zombis que se esparcen y pululan en las calles despojados de capacidades cognitivas y conectados por hilos invisibles a un plan que avanza, aun sin que exista evidencia empírica alguna.
  8. Aunque el zombi poseído es la imagen formal de la persona que protesta, existe un gozo sádico en la depredación policial, fundado en que precisamente se sabe que no se está persiguiendo a una criatura con estas características, sino a un ser humano con todas sus potencialidades. A esto se refiere Chamayou cuando explica que “la emoción suprema y la demostración absoluta de superioridad social se manifiesta al cazar seres que sabemos que son hombre y no animales”, “el reconocimiento implícito de la humanidad de la presa y a la vez su negación en la práctica son dos actitudes contradictorias constitutivas de la caza”.
  9. Esta teoría de la presa ha sido alentada por los mensajes del expresidente Álvaro Uribe, en los que exige el apoyo ciudadano al uso libre de las armas por parte de los militares y los policías en contra de los manifestantes identificados como “terroristas vandálicos”. Los mensajes de Uribe declaran, en un sentido literal, el inicio oficial de la temporada de caza: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”.
  10. En algunas ciudades como Pereira, y al mejor estilo paramilitar, se ha propuesto la articulación entre el personal de seguridad privada y la fuerza pública, como estrategia contra la protesta. En Cali, los videos de grupos de ciudadanos autodenominados “gente de bien”, muestran la forma en que salen en sus camionetas Toyota de alta gama, empuñando pistolas y mini uzis, en alianza con la policía uniformada y con aquella que patrulla vestida de civil: los disparos son dirigidos, en su mayoría, en contra de personas del movimiento indígena, defensores de derechos humanos y el movimiento estudiantil. Aquí queda patente que la teoría de la presa sigue obedeciendo, en ciertos aspectos, al modus operandi de la antigua Roma, pues, tal como señala Chamayou: “el hecho de ser declarado enemigo público bastaba para hacer que cualquier procedimiento judicial fuera inútil; a partir de ese momento, cualquiera, en el imperio, tenía derecho a matar a quien había sido identificado como tal por el Senado. Como era enemigo del soberano, todos tenían que ser sus enemigos”.
  11. Al día de hoy, los protocolos de caza suceden en una zona de indistinción entre la legalidad y la ilegalidad, en la que algunos policías al mismo tiempo que se resguardan en las leyes que los autorizan a actuar, las violan deliberadamente, en especial cuando cae la noche y salen detrás de las personas que corren por sus vidas. En los videos que exponen la crueldad policial, se evidencia aquello que Chamayou señala a propósito de la relación entre la policía, como poder de persecución, y su presa, pues este poder “no opera con sujetos de derecho sino con cuerpos en movimiento, cuerpos que se escapan y que deben atrapar, cuerpos que se mueven y que deben interceptar (…) Para ser un cazador eficaz hay que perseguir a alguien a pesar de la existencia de una ley, hay que perseguirlo incluso contra la ley”.
  12. Como hemos visto, los afectos movilizados por la teoría de la presa, adoptada en el paro nacional, han sido protagonistas de un fenómeno de contagio en el que el delirio despótico de unos pocos poderosos se ha volcado de forma calculada contra el lazo social, produciendo efectos de violencia desproporcionados en las calles. En este escenario, en el que el cuerpo y el cerebro social se han convertido en el laboratorio mediático y militar de la represión, la sublevación y la lucha por la dignidad existencial de los pueblos ha mostrado la necesidad y la posibilidad real de ejecutar un nuevo reparto democrático. Es decir, la posibilidad efectiva de que la relación entre cazador y presa sea impugnada y transformada.
  13. En otros términos, los cazadores que llevan persiguiendo estudiantes, campesinos, mujeres, disidentes, homosexuales, negros, indígenas y pobres, han sentido en su carne que, como señala Chamayou, “las presas, en ocasiones, se unen y se convierten en cazadores” y es por eso que “la historia de cualquier poder es también la historia de las luchas para derrocarlo”. La organización popular en el paro nacional no quiere destruir el Estado, como la oligarquía y los medios afirman, quiere, como manifestación democrática esencial, subordinar el Estado a la voluntad general para poder contar por primera vez con instituciones fuertes al servicio de los derechos de todos los ciudadanos. Las manifestaciones han mostrado que los asuntos del espacio público no se reducen, como quisieran muchos, a un agregado de individuos con intereses particulares, cada uno es su pequeño mundo privado: sino que, una vez más, pasan por la existencia de un nosotros popular.
  14. ¿En qué consiste el miedo de Uribe y algunos de sus allegados, si no en que ya han sido atravesados por afectos típicos de las presas? Uribe ya fue atrapado y encerrado por la Corte Suprema de Justicia. Uribe es un exconvicto y hay en curso procesos legales en su contra por compra de testigos, 6402 ejecuciones extrajudiciales, conformación de grupos paramilitares, entre otros. Sus presas cada vez más se niegan a serlo, han dejado de huir y están organizadas con el propósito de capturarlo. Pero, a diferencia del perpetrador, la voluntad general no apuesta por la reproducción de la depredación y la matanza, sino por otro tipo de relaciones de justicia.
  15. No podríamos hablar propiamente de depredación cuando se trata de un poder democrático, pues este no se funda en el asesinato de sus presas, sino en el uso efectivo y autónomo de los mecanismos de la ley para condenar los crímenes del poder. Contrario al modus operandi uribista, no se trata de masacrar a los masacradores, ni de torcer el aparto legal, sino de someterlos a la independencia de la ley sin trabas. Invertir las relaciones de depredación no es suficiente, hay que pensar, como advierte Chamayou, en formas continuas y no ingenuas de abolirlas, y para eso, resulta preciso encarar el problema central de la protección existencial de todos los que no hacen parte del reparto de derechos. Este problema exige, sin lugar a dudas, la movilización, la atención y la denuncia permanentes. Para Cahmayou, allí donde el cumplimiento y la retirada de la ley se anclan en la producción de presas, “es necesario rescatar como vocación política la protección colectiva contra las relaciones de depredación interhumanas”. Para fortalecer esta protección en Colombia, uno de los pasos urgentes es la condena oficial de Uribe y todos los responsables (empresarios, políticos y narcotraficantes) de las técnicas de cacería, sometimiento, robo de tierras, recursos y vidas en el país.

 

* Psicólogo, magister en Filosofía. Sus áreas de trabajo son las relaciones entre salud mental y cultura, la filosofía de la técnica, la etología filosófica y la estética. Hace parte del grupo Gestión Cultural [otros presentes].

 

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Nuestro derecho a existir

Alexandra Martínez Ruiz*

 

Colombia estalló en Paro Nacional desde el 28 de abril. Quince días de protesta como no los había conocido el país en la historia reciente. El despliegue brutal, violento y desproporcionado de las fuerzas armadas del Estado contra la población, con el presidente Iván Duque a la cabeza —y con Álvaro Uribe ordenando desde Twitter— , ha sido difundido y denunciado por la prensa y los organismos internacionales con mucha más celeridad y contundencia que por los medios de mayor circulación del país, que sin demasiado éxito insisten en construir para el uribismo el relato del “vandalismo” como nuevo enemigo público de los “colombianos de bien”.

Esto explica que el trabajo de registro, recopilación y/o difusión de las imágenes y testimonios que nos han permitido mirar de frente la estrategia mortífera del uribismo y sus aliados narcoparamilitares haya sido llevado a cabo fundamentalmente por medios de comunicación independientes y/o comunitarios alimentados por material de ciudadanxs a través de sus plataformas en redes sociales. Y es que, particularmente en los primeros días de manifestaciones, la determinación del gobierno para desconocer las causas del descontento social y reprimirlo por la fuerza en las calles alcanzó un grado tal de temeridad que estos medios no tuvieron más remedio que asumir de facto la función de la Defensoría del Pueblo: recibir testimonios y denuncias, verificar y discriminar datos, proporcionar cifras tentativas sobre la violencia feroz del Estado porque las instituciones encargadas de hacerlo guardaban silencio. Registrar los desaparecidos, discriminar los tipos de agresiones, contar los muertos.

Si bien no puedo abarcar aquí un recuento detallado de lo que ha sucedido en estos quince días, las incesantes demostraciones de resistencia y solidaridad popular en todo el territorio me han descubierto la indeclinable responsabilidad política de quién trata de entender algo en la escritura (de un tweet, de un texto…). Se trata de resistir a esa tendencia del análisis —que es también una inclinación de la psique individual y colectiva— de integrar los hechos, no bien suceden, en una trama de sentidos familiares; de crímenes, inocentes y culpables que nos proporciona la seguridad de la reiteración. La sensación de control del que cree entenderlo todo, la comodidad del “esto es lo que siempre pasa”, el cinismo de “al final todo seguirá igual”. Tenemos, digo, después de quince días de un paro que continúa, la responsabilidad de resistir la tentación de aplanar y dominar la novedad y, en su lugar, intentar desentrañar a qué intereses es funcional lo que contamos y la manera en que lo contamos.

 ¿La clave? Contagiarnos de las posibilidades abiertas para la acción y la imaginación que se están consolidando en las calles. ¿Cómo podemos comprender lo que ha hecho posible esta articulación impresionante de fuerzas tan diversas? Lo hemos escuchado en las calles: en Colombia, vivir es un privilegio de pocos. Lo que une de manera sostenida, por primera vez en muchos años, a las demandas de jóvenes, estudiantes, campesinos, comunidades afros e indígenas, al movimiento feminista y al LGBTIQ, a sindicatos, trabajadores formales e informales, transportadores, profesores, y a un creciente número de micro y pequeños emprendedores de capas medias, es la más universal de las demandas, el presupuesto de todos los derechos y el fundamento de la ciudadanía: exigimos nuestro derecho a exigir.

Entonces, no despreciemos la novedad que supone el quiebre del relato uribista. Venimos llamando #DespertardeMayo al creciente reconocimiento por parte del pueblo colombiano del dispositivo necropolítico en el que se convirtió el Estado en poder del uribismo y los intereses económicos que representa. Hemos visto incontables imágenes de cómo asesinan jóvenes manifestantes, de la manera en la que despojan de dignidad las vidas indígenas, y los intentos feroces de justificar sus asesinatos. La lógica de muerte que hizo posible las ejecuciones extrajudiciales durante la presidencia de Álvaro Uribe, los 6302 “falsos positivos”, se desarrolla esta vez frente a nuestros ojos. De eso ya no hay retorno, y ante eso la neutralidad no significa nada.

Hemos vencido a punta de persistencia y dignidad la profunda arrogancia del poder en cabeza de Duque, un gobierno que desprecia a su gente y deliberadamente la mata de hambre. Este quiebre se ha expresado, como indican algunas encuestas, en un decrecimiento sostenido de la favorabilidad del gobierno, particularmente importante porque ha sucedido entre ciudadanxs que apoyaron a Duque en las últimas elecciones. Ha sido la equivocada convicción de las élites económicas y políticas del país de que podían imponer sus políticas de empobrecimiento sin negociar un ápice con el pueblo colombiano, sin darle nada, en un contexto agravado por la pandemia, lo que nos ha traído a este punto: el peor momento para el legado de Uribe entre sus amplias bases populares. Al punto que ya hoy Uribe tuvo que hablar el lenguaje de la manifestación: desde su Twitter hacía promesas sobre estrategias para vencer la “desigualdad”. Para calmar los ánimos, oh sorpresa, Uribe tuvo que invitar a la casa (así sea para luego ignorarla) a la justicia social, ese monstruo castrochavista.

Este momento de apertura también llama a revisar el rol que en Colombia ha jugado el liberalismo de élite, hoy representado por la Coalición de la esperanza, que reúne a algunos políticos de centro-izquierda para una posible candidatura presidencial en el 2022. ¿Cuál es su rol en el relato de la muerte? No acababan de caer los cuerpos asesinados por la Policía y el centro respaldaba al gobierno en su “rechazo a la violencia venga de donde venga”, cuando no ha reconocido si quiera las muertes que su estrategia de militarización y estigmatización ha provocado. Lo hacen afanados por en encontrar una posición media que satisfaga a la opinión, pero que los deje en buena posición con el uribismo para ser su opción más moderada en las elecciones del próximo año. Es que los liberales de élite (cuya adhesión fue determinante para que el uribismo llegara a la presidencia en el 2018 al construir la idea de “Duque” moderado), ese centro bienpensante político, cultural y académico, no sabe cómo tramitar y condenar el despliegue brutal de las fuerzas del orden sin comprometer su (o)posición y sus intereses económicos y electorales. En todos los órdenes –desde la colación de políticos de centro hasta los comunicados inanes de marcas de ropa que explotan material y simbólicamente el trabajo artesano indígena– las maromas argumentativas de los liberales para mantenerse moralmente impecables, para de salvar su “social sustainability” es fascinante, por lo delirante, e intolerable, por deliberada y culpable. Saben lo que hacen.

Y es que la persistente ceguera del liberalismo en Colombia para captar en clave histórica la manifestación de demandas populares resulta de su insistencia en la abstracción de los fenómenos y los afectos; y no es inocente. Hay un esfuerzo deliberado por vaciar de contenido afectos como la rabia y la desesperación, como si sus causas no respondieran a un creciente escenario de despojo y hambre que acaba de manera muy concreta con la vida de los más pobres y las causas legítimas de su rabia. Fórmulas como “rechazar la violencia venga de donde venga” es hoy la mayor de las complicidades con la política de la muerte, pues se encarga de neutralizar las posibilidades transformadoras de las resistencias populares al otorgar al gobierno, con sus visitas a palacio y escenificaciones de diálogo, apariencia de legitimidad y respeto a las instituciones democráticas mientras, en la noche, ese mismo gobierno que en el día “se reúne con la oposición y tiene voluntad de dialogar”, despliega operativos militares para aterrorizar a su población e intimidar a quienes desean  manifestarse. Y lo que resulta de esta ceguera histórica, que es deliberada y culpable, es el trámite de la inconformidad a favor de los mismos, insistencia en el relato de la neutralidad frente a dos extremos iguales que no solo mantiene a salvo los intereses de económicos de las mismas élites, sino que da excelentes réditos electorales. Eso sí, a costa de la banalización —que no es sino burda explotación—de las luchas populares.

Constituye una importante victoria popular, una victoria hegemónica si se quiere, que la estructura de muerte y despojo sobre la que opera el uribismo se ha hecho explícita.  Se ha hecho innegable que los privilegios que resultan de la acumulación delirante existen a costa del empobrecimiento y la restricción de los derechos del pueblo, y que si quieren defenderlos tendrán que hacerlo contra la vida de todxs. En último término, estamos ganado la oportunidad política de reconocer y hacernos cargo de nuestro rol en ese engranaje de la muerte, y la posibilidad de pensarnos en función de los intereses de la mayoría. Estamos aprendiendo a ver el dolor a la cara, a reconocer lo que la guerra ha significado en el campo, a entender que o somos todxs ciudadanxs o ninguno lo es. El uribismo ha trabajado para construirnos simbólicamente como enemigos y hoy es patente que somos su objetivo militar. Tendremos que seguir juntándonos en el rechazo de los crímenes de Estado como parte de nuestra normalidad, por nuestro derecho a existir.

 

* Estudiante de Filosofía en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Ha investigado sobre filosofía política y estética, especialmente en relación a las prácticas emancipatorias. Trabaja actualmente como gestora de proyectos de la Fundación Contraste, con personas privadas de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá.

 

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Mujer arrodillada frente a linea de formación de policias
Trujillo Ese Andrés Efe https://www.flickr.com/people/94949222@N06/

 

 

Colombia en llamas: el fin del neoliberalismo será violento

Boaventura de Sousa Santos*

 

Colombia está en llamas. Actualmente es uno de los países con más número de muertos por covid-19, ocupando el cuarto lugar en la región después de Estados Unidos, Brasil y México, teniendo hasta la fecha tan solo el 3,5% de la población vacunada y siendo parte de los países que se niegan a apoyar la solicitud de liberación de las patentes de las vacunas. Es también el país que en 2020 contó con el 42,5% de su población en condición de pobreza y con el 15,1% de la misma en condición de pobreza monetaria. A estos datos mínimos pero dicientes le podemos sumar que, tras la firma del acuerdo de paz de 2016, se han asesinado entre 700 y 1.100 personas defensores y defensoras de derechos humanos (las cifras varían entre las ONG y las instituciones gubernamentales). Las zonas que antiguamente fueron de dominio de las FARC- EP hoy están en disputa por parte de distintos grupos armados ilegales, los cuales no solo buscan intereses económicos (narcotráfico, minería ilegal), sino que también traen consigo un horrible y sangriento interés por el control sobre la población civil, afectando gravemente el tejido social, dando como resultado que esto es sólo la punta del iceberg del nuevo panorama que atraviesa el país.

Es en este contexto, y tras casi 3 años bajo el gobierno de una derecha opositora al acuerdo de paz que, en medio de una pandemia que ha matado a miles de personas, el pueblo trabajador ha salido a las calles a levantar su voz en contra de una anunciada reforma tributaria que buscó, bajo la lógica del gobierno, recaudar 23 billones de pesos (algo cercano a 6.300 millones de dólares) para mejorar las finanzas públicas y financiar los programas de asistencia social. Si bien es cierto que el país necesita mejorar su sistema tributario, esta reforma planteaba aumentar el número de personas declarando y pagando impuestos sobre la renta con el aval, la visión y el marco conceptual del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Plantear la idea de que más personas sean las encargadas de tributar y financiar los gastos del Estado, en teoría, no suena descabellado, es más, llevaría a pensar que serían las personas de altos ingresos quienes más pagarían impuestos teniendo  en  cuenta  los  principios  de progresividad,  equidad  y  eficiencia tributaria consagrados en la Constitución Política de Colombia. Pero, según los datos del Banco Mundial, Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina (el índice GINI es de 51,3), reflejando una política fiscal inadecuada y regresiva que posibilita una alta concentración del ingreso y la riqueza, ocasionado por ello un menor desarrollo, teniendo en cuenta que los ingresos y la riqueza se quedan en manos de un porcentaje muy pequeño de la población. La reforma planteada, se uniría al largo y complejo sistema tributario del país que no refleja una verdadera política progresiva y que está lleno de beneficios tributarios dirigidos a las personas con mayores ingresos.

Podríamos afirmar que a partir de 2016 el pueblo trabajador ha inundado las calles y plazas de Colombia exigiendo la defensa de la paz y el cumplimiento de los acuerdos, la protección de los líderes sociales y la solidaridad con quienes han sido asesinados, así como el rechazo a propuestas de modificación de los
regímenes pensionales, laborales y tributarios. Así, en los últimos 5 años Colombia ha visto sus calles recorridas por jóvenes, mujeres, indígenas, afros, docentes, pensionados y estudiantes que han generado hechos insólitos como presenciar una de las mayores manifestaciones en el país desde la década de 1970 como lo fue la llevada a cabo el 21 de noviembre de 2019 (21N). Gracias a este empoderamiento popular, y a pesar de la pandemia del covid-19, Colombia volvió a marchar del 09 al 21 de septiembre de 2020 para protestar en contra del abuso policial, del mal manejo del Gobierno ante la crisis económica y social provocada por la pandemia y para sentar una voz que dijera basta ya a las masacres en el país, las cuales no tuvieron tregua a pesar de las medidas de confinamiento. En especial hay que subrayar la Minga del Suroccidente Colombiano ocurrida en octubre de 2020 liderada por las organizaciones indígenas que emocionó por sus consignas y valentía y que logró movilizar a una gran parte de la sociedad en torno a sus exigencias tras su recorrido por el país, logrando la opinión favorable de millones de personas que los recibieron calurosamente en cada ciudad durante su viaje hasta la capital.

Bajo este panorama el pueblo decidió a partir del 28 de abril (28A) de 2021 marchar en contra de la reforma tributaria y del gobierno indolente. La represión de las fuerzas policiales es brutal. El malestar ciudadano ha sido objeto de estigmatización y represión por parte de la fuerza pública, lo que ha llevado a que distintas organizaciones de derechos humanos registren entre el 28 de abril y el 05 de mayo un total de 1708 casos de violencia policial, 381 víctimas de violencia física por parte de la policía, 31 muertes (en proceso de verificación), 1180 detenciones  arbitrarias  en  contra  de  los  manifestantes, 239  intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 31 víctimas de agresión en sus ojos, 110 casos de disparos de armas de fuego por parte de la policía y 10 víctimas de violencia sexual por parte de fuerza pública. .  De igual manera, la Defensoría del Pueblo (la figura del ombudsman en Colombia) señaló que se registraron 87 quejas por presuntas desapariciones durante las protestas del Paro Nacional del 28A.

Lo que empezó como una fuerte oposición a una reforma impopular y a un ministro de hacienda que desconocía el valor de una docena de huevos (y en general de toda la canasta familiar), ha escalado al punto de no solo lograr que se retire dicha reforma en el congreso y que dicho ministro renuncie, sino que el presidente de la república Iván Duque Márquez ha propuesto un espacio de dialogo con distintos sectores de la sociedad civil, dialogo que hasta el momento parece ser solo entre las élites del país, desde arriba, y nunca desde abajo. Las organizaciones sociales saben por experiencia que de este gobierno nada bueno hay que esperar, pero como siempre lo han hecho no se rehúsan al dialogo. La primera victoria del movimiento ciudadano en las calles sobre el retiro de la
reforma  no  llegó  pacífica  o  gratuitamente.  Además  de  las  cifras  antes mencionadas y recolectadas por las ONG del país, el Presidente Duque anunció la militarización del país antes de ceder al clamor social. A partir del 01 de mayo, las redes sociales y las calles colombianas han visto el horror de un despliegue militar típico de un estado de excepción dictatorial con la policía disparando en contra de manifestantes pacíficos y desarmados. Esta ha sido quizás la respuesta más violentamente represiva en tiempos de pandemia a nivel mundial.

Particularmente en Cali las protestas tuvieron una intensidad muy especial debido a la movilización de las organizaciones indígenas después del cruel asesinato de Sandra Liliana Peña, gobernadora indígena de apenas 35 años quien proponía la recuperación de los conocimientos tradicionales y rechazaba la presencia de todos los actores armados en su territorio. Esta ciudad es el segundo centro urbano más negro de América del Sur, llena de contradicciones y luchas, y que ha visto como reprimen a su pueblo de la forma más aberrante posible. La situación es tal que, en medio de una reunión pacífica y transmitida en directo por las redes sociales, se puede observar al escuadrón antidisturbios haciendo presencia para dispersar la manifestación, causando la muerte de un joven frente a más de 1.000 espectadores que observaban a través de internet. Desde Siloé, una comuna (favela) en Cali, se denunció también que durante la noche del 04 de mayo no se pudo acceder al servicio de internet en la zona.

La débil respuesta a la violencia policial por parte de las instituciones colombianas (tanto administrativas como judiciales) ha dado lugar para que civiles armados amenacen (y en ocasiones disparen) a los manifestantes bajo la
idea de que son “vándalos” y “terroristas”. En Cali, los estudiantes hicieron circular el siguiente “diálogo”: “Tenemos 25.000 armas”, gritaba un hombre vestido de blanco desde su costosa camioneta parqueada frente a la Universidad del Valle (Univalle). “Nosotros tenemos una de las mejores bibliotecas del país”, le contestó un estudiante. En Pereira, el alcalde promovía un “frente común” que incluyera a miembros de la seguridad privada, al ejército y a la policía para “recuperar el orden y la seguridad ciudadana”, dando lugar a que un joven
resultara herido con ocho balas y esté agonizando en un hospital de dicha ciudad.

 

¿Para dónde va Colombia?

Esta pregunta es importante para Colombia, pero más allá de Colombia me parece ver en los recientes acontecimientos en Colombia el embrión de mucho de lo que pasará en el continente y en el mundo en las próximas décadas. Claro que cada país tiene una especificidad propia, pero lo que pasa en Colombia parece
anunciar el peor de los escenarios que identifiqué en mi reciente libro sobre el periodo postpandemia (El Futuro Comienza ahora: de la pandemia a la utopía, Madrid: Akal. 2021). Este escenario consiste en la negación de la gravedad de la pandemia, la política de sobreponer la economía a la protección de la vida y la obsesión ideológico-política de volver a la normalidad aun cuando la normalidad es el infierno para la gran mayoría de la población. Las consecuencias de la pandemia no pueden ser mágicamente frenadas por la ideología de los gobiernos conservadores, la crisis social y económica pospandemica será gravísima sobre todo porque se acumula con las crisis que preexistían a la pandemia. Será por eso mucho más grave.  Las políticas de ayuda de emergencia por deficientes que sean combinadas con el ablandamiento económico causado por la pandemia van a causar un enorme endeudamiento del Estado y el agravamiento de la deuda será una causa adicional para más y más austeridad. Los gobiernos conservadores no conocen otro medio de lidiar con las protestas pacíficas del pueblo trabajador en contra de la injusticia social que no sea la violencia represiva. Así van a responder y el mensaje va a incluir la militarización creciente de la vida cotidiana. Lo que implica el uso de fuerza letal que fue diseñada para enemigos externos. La degradación de la democracia ya bastante evidente se profundizará todavía más. ¿Hasta qué punto el mínimo democrático que todavía existe colapsará dando lugar a nuevos regímenes dictatoriales?

Este escenario no es especulación irrealista. Un reciente informe del FMI hace la misma previsión. Dicen los autores Philip Barrett y Sophia Chen (“Social repercussions of Pandemics”. IMF Working Paper. 2021) que las
pandemias pueden tener dos tipos de efectos sobre la agitación social: un efecto atenuante, suprimiendo la posibilidad de causar disturbios al interferir en las actividades sociales, así como un efecto contrario que aumente la probabilidad de malestar social y por consiguiente se generen disturbios o protestas en la medida en que la pandemia se desvanezca. Lo que no dicen es que las protestas serán motivadas por las mismas políticas que el FMI y las agencias financieras promueven en todo el mundo. Es tanta la hipocresía del mundo en el que vivimos que el FMI ignora u oculta las consecuencias de sus lineamientos. El pueblo colombiano merece y necesita de toda la solidaridad internacional. No estoy seguro si la tendrán abiertamente de las agencias internacionales que dicen
promover los derechos humanos a pesar de que estos estén siendo violado tan gravemente en Colombia. Imaginemos por un momento que lo que está pasando en Colombia estuviese ocurriendo en Caracas, Rusia o cualquier otra parte del mundo declarado como no amigo de los EUA. Seguramente la OEA, el alto comisariado de la ONU, y el gobierno norte americano ya estarían en campo para denunciar los abusos y proponiendo sanciones a los gobiernos infractores. ¿Por qué la suavidad en los comunicados emitidos hasta la fecha? No se le puede escapar a nadie que Colombia es el mejor aliado de los EUA en América Latina, siendo el país que se ofreció para instalar siete bases militares de los EUA en su territorio (situación que afortunadamente no ocurrió por intervención de la Corte Constitucional). Las relaciones internacionales en el presente viven el momento más escandaloso de hipocresía y parcialidad: solamente los enemigos de los intereses norteamericanos cometen violaciones de los derechos humanos. No es nuevo, pero ahora es más chocante. Las agencias multilaterales se rinden a esta hipocresía y parcialidad sin ningún tipo de vergüenza. Los colombianos, eso sí, pueden esperar la solidaridad de todos los demócratas del mundo. En su valentía y en nuestra solidaridad reside la esperanza. El neoliberalismo no muere sin matar, pero cuanto más mata más muere. Lo que está pasando en Colombia no es un problema colombiano, es un problema nuestro, de las y los demócratas del mundo.

Por el momento, las manifestaciones en Colombia no se ven próximas a finalizar y pese a que solo ha pasado una semana desde el inicio de las mismas debemos insistir en superar el miedo que ronda las calles del país e insistir en la esperanza de un futuro prometedor, más justo y en paz, para un país que ha querido terminar un conflicto de más de 50 años a través de un Acuerdo que agoniza bajo las garras del capitalismo abisal.

 

* Pensador portugués de la “descolonización del saber”. Doctor en Sociología del derecho (la Universidad de Yale) catedrático, ya jubilado, de Sociología en la Universidad de Coímbra. Es director del Centro de Estudios Sociales y del Centro de Documentación 25 de Abril de esa misma universidad; además, profesor distinguido del Institute for Legal Studies de la Universidad de Wisconsin-Madison. Fue de los impulsores del Foro Social Mundial, elaboró el proyecto de investigación de “epistemologías del sur” ALICE. Publicó Reinventar la democracia, reinventar el Estado (1998), Crítica de la razón indolente (2000), Foro Social Mundial. Manual de uso (2005), Conocer desde el Sur: Para una cultura política emancipatoria (2008), Descolonizar el saber, reinventar el poder (2010), La cruel pedagogía del virus (2020), entre muchos otros.

 

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Violencia, filosofía y política (a propósito de la situación en Colombia)[1]

Nicolás Alvarado Castillo*

 

Los hechos (desnudos, en lo posible)

No quiero demorarme en el sentido de la palabra coyuntura –es decir, en la discusión sobre su relación con las condiciones estructurales, ese tiempo largo de explicación de los fenómenos sociales. Tomémosla, entonces, como una manera de designar el registro descriptivo propio para la intervención subjetiva, aquello que configura la escena de una acción política singular. En ese sentido, ¿qué está pasando en Colombia? La descripción menos apasionada debería tener en cuenta como mínimo los siguientes hechos: desde hace más de una semana, numerosas movilizaciones de diversos sectores sociales, cada uno con distintas demandas particulares, se han manifestado masivamente en contra de políticas del gobierno –el detonante fue un proyecto de ley de reforma tributaria y fiscal propuesto por el ejecutivo y que ya fue retirado–. La respuesta inicial del gobierno a las manifestaciones fue claramente de “control de orden público”, rechazando de entrada la posibilidad de negociar las demandas sociales específicas. En un comienzo, aduciendo que parte de esas demandas no eran razonables (la forma discursiva subyacente es “no tienen buenas razones para marchar”, “no entienden correctamente la situación y lo que es necesario hacer”); después, reconociendo parcialmente la validez de las demandas pero negando que los manifestantes fueran actores políticos relevantes (“tienen razón en manifestarse, pero no es con ustedes con quienes podemos negociar”; es decir, sosteniendo que solo puede resolverse el conflicto social a través de las instituciones representativas, como el congreso o las mesas con representantes gremiales. Esta condición parece estar cambiando en esta última semana). Rápidamente, desde los primeros días de las manifestaciones, ese control se tornó en un dispositivo violento de represión de la manifestación que se mantiene hasta hoy. Hasta el 9 de mayo, según varias ONG en el terreno, 47 personas han sido asesinadas, de las cuales 39 presuntamente por la fuerza pública; 548 personas siguen desaparecidas, y se han registrado alrededor de 963 detenciones arbitrarias. A su vez, los actos de destrucción de bienes públicos o privados se multiplicaron en los primeros días de las protestas (sin que sea claro, judicialmente, a quiénes se les imputa esos hechos), escalando a puntos de violencia radical como el asesinato de un capitán de policía en Soacha (municipio vecino de Bogotá) o la quema de la estación de policía en Usme (localidad de Bogotá) con varios policías en su interior (los agentes, afortunadamente, no perdieron la vida en este ataque). En las últimas jornadas, el aspecto más disruptivo de las protestas se concentra en los bloqueos de diferentes vías y en los consiguientes problemas de movilidad y abastecimiento que esto ocasiona. 

Las consecuencias aparentes (para la presunta filósofa)

La incapacidad actual de resolver este conflicto por sus vías institucionales clásicas y la distribución múltiple, aunque esencialmente desigual, de los actos de violencia parece habernos conducido a una suerte de aporía, de nudo ciego tanto práctico como conceptual. Por un lado, dos esferas de opinión excluyentes tratarían de determinar cuáles son las condiciones de visibilidad de los fenómenos políticos actuales, hiperrepresentando algunos hechos y disimulando otros. Tomado de forma radical, parecería como si la situación pudiera reducirse a un asunto exclusivamente “ideológico”: las diferencias y los intereses de los actores políticos tomarían la forma de juicios u opiniones incompatibles. Por el otro, dos fuerzas o dos campos de fuerzas se afrontan con modalidades e intensidades de destrucción que podrían ser calificadas de nihilistas. Frente a tal escenario, la dimensión crítica del pensamiento parece verse forzada a deponer sus herramientas, a asumir como única vía una suerte de prudencia moral que previene sobre los resultados desastrosos de toda distinción. Ese parece ser el imperativo de la buena conciencia para nuestra filósofa local: una epojé, una suspensión del juicio simultáneamente nihilista y cínica, siempre dirigida a salvar el buen criterio y la ecuanimidad intelectual.

¿Qué puede la filosofía?, ¿qué defender?

Contra esta demanda de indiferencia, de consenso, la filosofía puede aún oponer el valor de ciertas distinciones conceptuales, reactivar ciertas determinaciones que permitan discriminar lo que ocurre en el tiempo presente. Creo, por ejemplo, que una de las distinciones que no podemos abandonar es la que está implicada en el concepto mismo de violencia, y de su relación con la política. Siguiendo una larga tradición de filosofía política que podríamos llamar “realista” podemos suponer que el vínculo entre la violencia y la política –en sentido amplio, incluyendo tanto las prácticas políticas como las instituciones a las que esas prácticas dan lugar– es constitutivo. Por ir muy rápido, al estar siempre implicadas relaciones de poder, conflictos e intereses, una dimensión irreductible de violencia siempre se ve asociada a la actividad política. De allí no se sigue, por supuesto, que la violencia sea lo único que determine la política. Esa constatación, casi empírica, tampoco nos compromete con ninguna imagen particular de una “antropología filosófica” (el hombre como víctima del mal radical, como prisionero del deseo mimético, etc.).

Este vínculo necesario entre política y violencia no hace imposible las distinciones sobre los tipos de violencia que están en juego en nuestra vida colectiva. Por el contrario, nos invita a considerarlas. Una distinción que me parece esencial en este momento, y que tomo del filósofo francés Étienne Balibar, es la que separaría a la violencia de la violencia extrema o crueldad. La principal diferencia entre las dos consiste en que la violencia extrema destruye efectivamente las condiciones para el despliegue de la política misma, hace imposible toda forma de deliberación y de decisión colectiva. Se trata de una diferencia cualitativa y no cuantitativa, y que es particularmente difícil de establecer en las situaciones concretas. Por una parte, no coincide con la distinción entre medios y fines, entre una violencia instrumental indeseable y una violencia teleológicamente aceptable, como la contraviolencia revolucionaria. De hecho, Balibar es consciente –y nos alerta sobre este hecho en la mayoría de sus textos sobre este tema– de que los usos revolucionarios de medios violentos corren continuamente el riesgo de ser reabsorbidos por las formas de violencia estatal. Por otra parte, las figuras o los tipos en los que se encarna esta violencia extrema son heterogéneos. Este tipo de crueldad puede estar presente de diversas formas en el cuerpo social, desde la objetivación absoluta de poblaciones enteras que son descartadas como subproductos de la acumulación capitalista, hasta la eliminación de grupos enteros de ciudadanos, marcados con un signo de alteridad inasimilable (social, étnico, racial o político). ¿Cómo encontrar, entonces, en este complejo conceptual, los motivos que hagan visible una decisión política?, ¿cómo recuperar en esta economía generalizada de la violencia un punto cuyo forzamiento nos devuelva algo de lo real? Quizás entre los criterios provisionales que Balibar sugiere para realizar esa distinción encontremos algo de ese orden, un apoyo que pueda iluminar nuestros compromisos políticos presentes. Una de las posibles formas de decidir cuándo una forma de violencia ha cruzado el umbral cualitativo que la separa de la crueldad es la siguiente: la violencia es extrema o se transforma en crueldad cuando se destruye la posibilidad de resistencia frente a poderes excesivos o frente a la violencia misma.

Frente a todos los llamados a la cautela o al realismo, que sugieren que no es deseable o posible diferenciar los actos a los que estamos expuestos todos estos días y que todas las formas de violencia son equivalentes, todavía nos queda quizás esta pregunta: ¿cuál de estos actos destruye definitivamente la potencia de resistir a la violencia?, ¿por la mano de qué actores se pierde la posibilidad de tramitar de otra manera el conflicto presente en nuestros vínculos sociales?

Cierre, reverso, declaración

Aunque forzar el paso teórico por el punto de la violencia extrema es necesario, ciertamente resulta insuficiente para pensar el cambio de nuestras condiciones políticas presentes. La preocupación por la violencia extrema no es, de hecho, sino un punto singular del problema de las condiciones de imposibilidad de la política actual en nuestro país. ¿Cuáles son las formas más concretas de esas condiciones, de esas amenazas? El rango es amplio, pero podríamos definir sus límites, pasando de las configuraciones más sutiles o inaparentes, hasta las más descarnadas. Por su borde superior (casi superficial), asistimos a un cierre progresivo de la participación ciudadana en la vida política. Incluso si sus derechos civiles no parecen estar en riesgo, la mayoría de la población ha sido sometida a una restricción real de sus derechos políticos –más allá del derecho al voto, que de todas formas es puesto en cuestión permanentemente por la corrupción de las mafias electorales–. Esta restricción se da ya sea por una selección “capacitaria” y elitista de los altos funcionarios de la administración estatal o por la manipulación oligárquica de los poderes gamonales locales; ambos fenómenos restringen efectivamente las redes de participación ciudadana y favorecen un sistema de castas políticas y de concentración corporativista del poder. Y, por su borde inferior, de forma más urgente aún, las condiciones del ejercicio político se ven amenazadas por la desaparición selectiva de sectores sociales comprometidos con la transformación real de sus condiciones de existencia. Más de 900 líderes sociales asesinados desde 2016 son prueba suficiente de esto.

¿Qué forma positiva podría tomar entonces esta nueva política?, ¿qué podría afirmar, expuesta como está a las condiciones de su propia imposibilidad? Habría quizás que comenzar por declarar –o volver a hacerlo, porque tal declaración ya hacía parte de algunas de las interpretaciones del derecho natural durante la Revolución francesa– que la vida o la existencia es un derecho inalienable. No se trata, sin embargo, del reclamo civil de seguridad, derecho cuyo titular sería el individuo en su plena particularidad. Hay que declarar la vida como derecho propiamente político, es decir, enmarcado en un horizonte de universalidad y de igualdad efectivas. Pero tampoco se trata de una abstracción formal, en la que la existencia sea considerada únicamente como condición de posibilidad de la acción pública. Lo que debe ser igualmente protegido para todos es la presencia en toda vida humana de los lazos múltiples y heterogéneos que determinan las condiciones de existencia de los cuerpos políticos: sus vínculos con las fuerzas de producción de su realidad material; la trama de signos a través de la cual distribuye los entes que pueblan su mundo social y natural; las representaciones e imágenes que componen la textura de su experiencia compartida.

Para quienes han hecho de su propia vida el lugar en el que se anuda esa multiplicidad de fuerzas colectivas, persistir en la existencia es su derecho político, inalienable e irrenunciable.

 

 * Profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana, en Bogotá. Sus áreas de investigación son estética y filosofía política, principalmente en la filosofía contemporánea. Es, además, director de publicaciones de la Facultad de Filosofía y coeditor de la revista Universitas Philosophica.

[1] Estas notas fueron tomadas para una intervención en un conversatorio sobre la situación política actual en Colombia. Se trataba de un evento organizado por estudiantes de filosofía, al que llamaron “Filosofía y coyuntura”. Sin el diálogo que siguió con estudiantes y colegas estas líneas están fundamentalmente incompletas. Por lo demás, tienen su origen, al menos parcialmente, en un trabajo en curso sobre los vínculos entre la representación artística y la violencia política cuyos resultados están aún por determinar. Y, escrito ante la incertidumbre de las circunstancias, el sentido de este texto depende de que algo en nuestro presente exija la verificación de sus consecuencias. A pesar de todas estas faltas, algunos amigos me han pedido que comparta estas reflexiones. Lo hago con algunas modificaciones para aclarar el contexto y desarrollar un poco más la propuesta final. Agradezco la generosidad de ellos y la de la revista Ignorantes.

 

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Denuncia publica violencias basadas en genero en el marco del Paro Nacional. Ruta Pacifica de las Mujeres Cauca. 13.05.2021

 

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Pensando la cosa | Colombia urgente