El pasado retornando: la violencia de ayer es la política del presente / Colombia

Ricardo Soler Rubio*

 

Contra todos los pronósticos, la movilización que inició el 28 de abril del 2021, en un contexto delicado frente a los pocos avances de la vacunación contra el Covid-19 en Colombia, ha logrado mantener en las calles a comunidades de varias partes del país pese a al aumento de la represión y la invisibilización del poder paraestatal. Los gritos reaccionarios ante las movilizaciones –alegando riesgos a la salud, ataques a la economía, “terrorismo vandálico” y destrucción de la propiedad privada– nunca manifestaron ningún reparo frente a la precariedad de la vida de una enorme cantidad de colombianos que venía desde hace décadas y se agudizó con la pandemia (el 42,5% de la población se encuentra en por debajo del umbral de pobreza a corte de diciembre del 2020), mucho menos preocupación ante el escalamiento de la guerra en las periferias del país, en donde viven las comunidades indígenas y negras que enfrentan la violencia diariamente.

El estallido social colombiano es interpretado desde varias orillas. Para los medios de comunicación, los grandes empresarios y las castas políticas de herencia colonial, es una amenaza a la democracia “más estable de la región”, mientas que para las comunidades rurales, empobrecidas y periféricas de las grandes ciudades es concebido como una olla a presión que después de varios años frente a la presencia ambivalente del Estado ha estallado, y, como dice Rita Segato, este Estado colonial solamente pretende devolver con una mano y de forma precaria, lo que previamente ha quitado con la otra.

Uno de los discursos utilizados y que parecen ya un comodín vacío, es la polarización. Una de esas palabras mágicas que, en vez de aclarar, oscurecen el panorama y hacen ver el conflicto social y económico como una pelea entre dos partes simétricas. Se olvida que el poder de las élites –quienes han ostentado la administración del Estado desde sus inicios y han sido respaldadas por los grandes conglomerados financieros, medios masivos de comunicación, alianzas transnacionales del poder corporativo e intervencionista, así como la evidente fuerza represiva del Estado– no pueden equipararse con el contingente de jóvenes empobrecidos y sin oportunidades de futuro, de comunidades indígenas y afrocolombianas sistemáticamente excluidas de la nación, de trabajadores sin derechos laborales y de cuerpos feminizados que siguen siendo un botín de guerra.

La sorpresa que ha suscitado la revuelta no ha sido menor, las ciudades principales del país han vivido directamente la violencia que históricamente ha silenciado cualquier intento de movilización y organización social en las periferias y el mundo rural. Las masacres, la detención y desaparición de activistas, líderes comunitarios y la eterna confrontación con un enemigo creado y repetido hasta el cansancio por el establishment, ahora entran por fin al espectro de lo visible, en el espacio pretendidamente democrático de las ciudades, mediados por la tecnología que ha hecho recorrer en el mundo entero las imágenes, no de un Estado ausente, sino de un Estado cuya única estrategia posible es abordar cualquier conflicto de orden social como una amenaza de guerra y destrucción.

No obstante, cuando reconocemos que esta historia ya venía pasando y que el terror infundido por las fuerzas del orden (estatales y paraestatales) no era nada nuevo, sino que el territorio al que ahora se desplaza tenía más posibilidad de visibilidad, vemos que lo nuevo es que la sociedad colombiana ha por fin decidido romper con ese pacto de silencio y comodidad –por miedo o por complicidad– para irse en contra de ese destino manifiesto para la “identidad nacional” que decía que los colombianos somos violentos por naturaleza.

Los ríos que hace 50 años o más arrastraban los cuerpos de los campesinos exterminados por la violencia interpartidista, a las comunidades rurales sumidas en las guerras del narcotráfico en los 80 y a las disidencias políticas en los 90, hoy vuelven a arrastrar los cuerpos de jóvenes que habían desaparecido en los primeros días de la protesta. El río Cauca y el Magdalena nos dicen hoy que parece que estos ciclos de violencia retornan cada tanto, con la preocupación de que tal vez nunca se vayan.

Más allá de una emergencia de solidaridad o empatía por las comunidades históricamente afectadas por una múltiple red de violencias yuxtapuestas, lo que vemos es que los intereses y supuestos que permitían al frágil contrato social de las ciudades funcionar, se están desboronando y por fin los ciudadanos de segunda y tercera categoría están asumiendo colectivamente que el Estado y su promesa de bienestar nunca se organizó para sus vidas, y que están humanamente más afines a los pueblos indígenas, a las comunidades negras y a los campesinos, aquellas personas de las que solían escuchar en los noticiarios, como víctimas devastadas por la violencia, esa que se veía lejana y cómodamente desde los televisores, pero que al día de hoy son quienes enseñan solidariamente – a través de las Guardias Indígenas, Campesinas y Cimarronas –como resguardar la vida ante la violencia de Estado.

Ese pacto social que por fin se está resquebrajando en las ciudades (y a la luz del mundo), respondió siempre al más viejo estilo de las haciendas coloniales, las ciudades han sido el lugar de abastecimiento de la mano de obra (barata por demás) de los que siempre han tenido claro que el Estado existe para garantizar y legitimar únicamente los intereses de los ciudadanos por excelencia: los herederos criollos del orden colonial, que simplemente quisieron dejar de rendir tributos a coronas de ultramar, para armar sus propios reinos ficcionales, disfrazando el deseo – siempre inconcluso – de llegar a ser dueños del mundo, con las promesas de la república y la independencia en un primer momento y luego del desarrollo y el progreso eterno.

Los coletazos de los deseos (neo)coloniales no dejan de asomarse: la clase media que aún confía en el proyecto de nación propuesto por los conservadores de hace más de un siglo en la Regeneración (de una sola patria, un solo pueblo y un solo Dios). Al día de hoy creen que el mayor agravio que existe en el país por las protestas es que no se puede transitar libremente por las carreteras y que la “economía más estable de la región” fuertemente diezmada por la pandemia, entraría al borde del colapso. Este odio contra todas las manifestaciones de lo popular, aunque parezca ingenuo, no lo es en absoluto, es el reflejo de los deseos coloniales más profundamente incardinados en la psique arribista que defiende el capitalismo criollo: llegar a ser, algún día, millonarios y alejarse de la manera más imperceptible de cualquier rezago de raíces negras, indígenas, campesinas, tercermundistas.

La letalidad de esta mirada ingenuamente cómplice, al parecer hija de nuestra época, con los rebrotes de tendencias fascistoides en todo el continente y en el mundo, ha derivado en escenas que nos devuelven a la época de las guahibiadas. Durante la colonización del territorio nacional y la expansión de la frontera agraria en los siglos XIX y XX, los colonos creían, avalados por el Estado y por su credo cristiano, que los indios sin alma que ocupaban esos terrenos, debían ser exterminados para dar paso a la civilización. Al día de hoy, salen colombianos “de bien” vestidos de blanco, en camionetas y con armas a defender la propiedad privada, adjudicándose el derecho a matar a los marchantes por bloquearles la libre movilidad. El asesinato se vuelve un deporte en el que esa gente blanco-mestiza y terrateniente, se justifica bajo un criterio de humanidad del que la mayoría de colombianos estamos claramente excluidos.

La insensibilidad y complicidad, e incluso el odio iracundo de esta mentalidad colonial no solamente retumba en lo que sería la sociedad civil reaccionaria a la protesta. Lo más preocupante aún es que se trata de política de Estado, incorporada en los cimientos de todas y cada una de las instituciones de este país. El ejecutivo encomienda a la nación a la virgen de Chiquinquirá; cada tanto las fuerzas policivas cuyo lema es “dios y patria” no se alejan por un segundo de la doctrina del enemigo interno y los organismos de control apelan a la moralidad cristiana como argumento jurídico para  defender lo indefendible, recurriendo a la “honorabilidad” de las fuerzas represoras, y la necesidad de mantener el orden como únicos argumentos para hacer frente a las innegables cantidades de pruebas de los excesos y la sevicia con que las fuerzas (para)estatales han decidido tramitar la insurrección.

Ante la caída del velo que aún impedía ver las condiciones estructurales de desigualdad y exclusión para los grandes centros urbanos, la enorme fuerza del movimiento que se está gestando yace en el reclamo por una real apertura política del país, que más allá de una constitución proclamada como vanguardista, exige garantías reales de redistribución del poder político por fuera del cinismo de discursos mercantiles que prometen el siempre inacabado e imposible sueño del desarrollo, que solo beneficia a los terratenientes y empresarios del país. Esta apertura política necesitará sobreponerse ante la escalada de la violencia que se ve hoy en las calles, pero desde ahora vemos que está movilizando complejos entramados de emociones, desde el más violento odio reaccionario, hasta el grito de dolor y esperanza de un pueblo cansado de las heridas que no ha podido sanar.

Aún es muy pronto para saber cómo terminará este ciclo de violencias y esperanzas que retornan y se magnifican, errado estaría este texto pretendiendo predecir a la más vieja usanza, una ingeniería social de la revuelta. Lo cierto es que la sociedad colombiana que sigue en las calles, a pesar de la violencia extremadamente asimétrica que recibe por parte del gobierno colombiano, está esperando que esta repetición de la violencia y de volver a andar por esos pasados que hemos sido incapaces de digerir, pueda eventualmente, derivar en algo nuevo, cerrar o sanar aquellos ciclos de impunidad, dolor y olvido que han estado presentes en toda la historia del país que está consagrado a algún sagrado corazón.

____

* Sociólogo, Magister en Estéticas Contemporáneas Latinoamericanas (UNDAV). Investiga sobre la relación entre estética y violencia política, y sobre estudios culturales, sobre la racialidad y la colonialidad en Latinoamérica.

 

Obra Diego Hernandez.
Fotografía Ricardo Soler Rubio.

________________