Guernica: hay cosas que no se piden, se toman

Especiales IV

Presentamos en este especial de Revista Ignorantes un conjunto de materiales, dos de los cuales estuvieron ya circulando, mientras que el resto aparecen por primera vez, en torno a la toma de Guernica, su impacto ante las audiencias, sus modos de organización interna, las sensibilidades que movilizan, la fuerza de los testimonios vueltos prosa, las problemáticas históricas que interpelan. Al mismo tiempo, a través de Canal Abierto, conversamos con las compañeras de Yo No Fui en torno a la organización de las mujeres como una de las instancias más dinámicas de la toma.

Pretendemos contribuir a la inteligencia común que de manera conmovedora traza un eje transversal entre quienes por deseo, decisión y desespero forman parte de la toma, son tomados por ésta a su vez, de cuerpo entero, y quienes buscamos acompañar de todos los modos posibles. Sentimos que no es suficiente y deseamos dejarnos tomar también, formar parte de un llamamiento a la lucha, porque no podemos permitir que se desaloje a las miles de personas que hicieron su jugada a puro riesgo, en un tiempo mediocre de ideas, mezquino de gestos y solo excesivo en cinismo.

¡Fuerza la toma y recuperación de tierras! ¡Al abrazo!


Imagen: Colectivo Luz en la piel – Yo no fui

La ciudad que se pierde: autopistas, countries y desalojos…

Juan Pablo Venturini, Francesca Ferlicca,  Ricardo Apaolaza*

En la localidad de Guernica (partido de Presidente Perón), al sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se viene desarrollando desde fines de julio una ocupación de unas 98 hectáreas por parte de familias que luchan por el acceso al suelo y a la vivienda. Más allá del conflicto puntual en torno a la posesión y uso de esas tierras, el proceso expresa una cuestión de fondo: la apropiación y el reparto profundamente desigual de los costos y beneficios económicos, sociales y ambientales del proceso de urbanización. En un contexto de desigualdad social exacerbado por la crisis económica desatada por la pandemia, entran en pugna dos modelos de ciudad contrapuestos.

La ocupación viene siendo sostenida por alrededor de 2500 familias cuyo derecho a una vivienda digna es sistemáticamente negado. En la mayor parte de los casos no han podido continuar pagando un alquiler por la falta de ingresos –e incluso han sido desalojadas de los lugares donde alquilaban–, o escapan de situaciones de hacinamiento extremo.

Los que se reclaman dueños de las tierras (como la firma El Bellaco S.A., dedicada a emprendimientos inmobiliarios, que planea construir allí el complejo de barrios cerrados del Club de Rugby San Cirano) no han podido demostrar fehacientemente la propiedad sobre los terrenos mediante la documentación correspondiente. A pesar de esto, la cobertura mediática y gran parte de la opinión pública han erigido, sin más consideraciones, la bandera del resguardo de la propiedad privada para posicionarse a favor del desalojo de las 2500 familias. A pesar de que los terrenos en cuestión se encontraban abandonados hace años, sin perímetro ni presencia de personas in situ, la palabra “usurpación” ha sido ampliamente utilizada para referirse a la lucha de las familias, si bien la causa por usurpación fue montada de manera engañosa, cuando lo que en realidad debería estar tratándose en términos legales es un conflicto de posesión en el ámbito civil y no en al ámbito penal. Es por eso que preferimos aquí hablar de “recuperación de tierras” antes que de “tomas”.

Más allá de las cuestiones legales y judiciales, lo que está en entredicho no es la propiedad privada, ni sólo la vulneración del derecho a la vivienda para amplios sectores de la población, sino el modelo excluyente de ciudad que los capitales inmobiliarios –secundados por el Estado en sus distintos niveles– tienen planeado y quieren llevar adelante a cualquier precio. Lo que está en juego, desde una mirada estructural, es el proceso mismo de producción de la ciudad.

Las periferias de Buenos Aires, desde mediados de los años 1990, comenzaron a ser el destino de inversiones inmobiliarias para sectores de ingresos medios y altos, de la mano de la expansión del sistema de autopistas, que dotaban de rápida accesibilidad a estas zonas con relación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La principal modalidad habitacional de este proceso consiste en urbanizaciones cerradas (barrios cerrados, clubes de campo, clubes de chacra, clubes náuticos, entre otras modalidades). Se configura así un escenario de tensión territorial inédito, donde el suelo periférico, tradicionalmente ocupado por los sectores trabajadores y populares, que protagonizaron los procesos históricos más importantes de suburbanización de Buenos Aires durante el siglo XX, comenzó a ser disputado por los sectores de altos ingresos.

Esta modalidad de urbanización se expandió en primer lugar sobre los partidos del norte del AMBA (Pilar, Tigre, Escobar), eje tradicional de localización de los sectores más acomodados. La tendencia continuó profundizándose durante los 2000 y 2010, a pesar del cambio en la situación macroeconómica del país con posterioridad a la crisis de 2001. El “nuevo modelo” y régimen de acumulación neodesarrollista continuó privilegiando el direccionamiento del excedente económico hacia la expansión urbana de alto status, con las periferias del AMBA como claro ejemplo de ello. Ya desde mediados de los años 1990 este modelo se viene imponiendo progresivamente sobre municipios de la zona sur, que tradicionalmente estuvieron fuera del radar de este tipo de valorización inmobiliaria. Hoy se cuentan unas 600 urbanizaciones cerradas en toda el área metropolitana, que abarcan una superficie cercana a las 50 mil hectáreas (dos veces y media la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), pero con apenas unos 300 mil habitantes.

A la especulación y la valorización vinculadas a las dinámicas de acumulación de capitales inmobiliarios para sectores de altos ingresos se contrapone el fenómeno masivo de las tomas de tierras, que con el tiempo se consolidan como asentamientos informales. Es un fenómeno que comenzó a principios de los años 1980 como consecuencia de la creciente pauperización socio-económica y de las políticas expulsivas de población de la Ciudad llevadas a cabo por la última dictadura cívico-militar. Se trata de una modalidad de expansión urbana masiva y silenciosa que no ha parado de acentuarse con el correr de los años. Entre los años 2001 y 2015 se registraron más de 300 tomas de terrenos que pudieron permanecer posteriormente como barrios (sólo 1 de cada 25 sobrevive a los desalojos), con una población estimada en más de 400 mil habitantes.

En el corto plazo, un hito fundamental en el modelo de expansión dominante mediante urbanizaciones cerradas es la autopista Presidente Perón, actualmente en construcción, que constituye la continuidad del camino del Buen Ayre hasta la Ruta Provincial 2, configurando un tercer anillo de circunvalación de la Ciudad de Buenos Aires, luego de la General Paz y el Camino de Cintura, y antes de la Ruta Provincial 6. Es un proyecto planteado hace décadas, que se ha retomado en los últimos años, con la inauguración de tramos en Merlo y La Matanza, y numerosos anuncios de financiamiento y nuevas obras en los últimos meses. Esta autopista cambia radicalmente las condiciones de accesibilidad y las tendencias de valorización del suelo en municipios como Ezeiza, Esteban Echeverría, San Vicente y Presidente Perón, donde vienen proliferando proyectos de urbanizaciones cerradas, en un proceso que se avizora que va a profundizarse en el corto plazo.

¿Por qué decimos que lo que está en juego en Guernica es el proceso de producción de la ciudad? Bien, a nivel social, la urbanización, más específicamente la expansión urbana, es un proceso que conlleva una gran inversión de trabajo y de recursos financieros, que se materializan en la generación de nuevos suelos urbanizables, productos inmobiliarios, dotación de infraestructuras viales y de servicios, etc. En otras palabras, la urbanización es uno de los principales procesos que opera como absorción del plusvalor social, del excedente económico de la sociedad. El modelo de expansión urbana excluyente mediante urbanizaciones cerradas evidencia cómo ese valor social es apropiado por y para las minorías, ya sea propietarios de la tierra, desarrolladores inmobiliarios o quienes pueden acceder a esa modalidad de consumo residencial. Puntualmente en Guernica, se está evidenciando cómo el Estado (a través de la justicia y el aparato represivo) opera como garante de la propiedad privada especulativa del suelo, que pugna por preservar ese privilegio de apropiación de excedente social a cualquier precio, incluyendo el desalojo violento de 2500 familias.

La legislación, tal como sucede con la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, resulta inofensiva e insuficiente, a la vez que siempre llega tarde para atender estos conflictos. Su aplicación, además de ser muy limitada, queda a criterio de los municipios, que una y otra vez evidencian su contubernio con los intereses inmobiliarios y el modelo de ciudad que propugnan.

A este orden de cosas se contrapone la urbanización popular. En los 4 puntos que componen la recuperación de tierras de Guernica, lxs vecinxs vienen desarrollando un esquema de organización a través de delegadxs por manzana, zona y barrio, que empalman con organizaciones sociales de base cercanas. Mediante esta organización se cubren las necesidades primarias inmediatas, pero también se da curso al incipiente proceso de urbanización, a través de la división de los lotes, el trazado de calles y plazas, o el acceso a servicios como la electricidad. Este proceso también ha venido siendo acompañado por estudiantes y profesionales de las carreras de Geografía y Arquitectura de la UBA (denominada Comisión de Urbanismo de la Recuperación de Tierras de Guernica), con relevamientos en terreno y diseño de un proyecto unificado de barrio en consenso con las asambleas de delegadxs y organizaciones. Se ha probado la capacidad de elaborar un producto de calidad urbanística, que contempla la integración del nuevo barrio con la trama urbana existente, medidas de lotes adecuadas por zona, espacios apropiados de circulación para transporte público, preservación de las riberas, dotación de equipamientos colectivos, etc. Asimismo, se conformó una Comisión de Censo mediante la cual se logró coordinar con lxs delegadxs y organizaciones un gran despliegue territorial para acompañar y hacer la veeduría del censo de familias que el gobierno de la provincia realizó los días 18 y 19 de septiembre en los predios en disputa.

Se evidencia así una gran energía social, una formidable capacidad de trabajo, es decir, de producir valor, y, lo que es fundamental, con la premisa irrenunciable de que esa producción sea colectiva, horizontal, consensuada, y sus beneficios se distribuyan igualitariamente. Se trata en definitiva de una capacidad para llevar adelante la gestión colectiva del proceso de urbanización en pos de un modelo de ciudad diametralmente opuesto al planteado por el capital inmobiliario concentrado. Y toda esta potencia urbanizadora es la que se termina negando, echando a perder, cuando priman los intereses de la propiedad privada especulativa y se privilegian inversiones del presupuesto público en infraestructuras que no hacen más que potenciar la acumulación de plusvalor social en unas pocas manos.

Si los primeros días de octubre finalmente se produce el desalojo de las 2500 familias que luchan en la ocupación de Guernica, no sólo se pierde la tierra sino también una batalla fundamental en la disputa por la ciudad. Por eso, desde la Comisión de Urbanismo hacemos nuestro el llamado del cuerpo de delgadxs y organizaciones de la Recuperación de Tierras de Guernica a sumarse al abrazo solidario. Invitamos a todxs aquellos investigadorxs, docentes, estudiantes, artistas, ambientalistas, etc., que quieran sumarse a las acciones solidarias anti represivas, a que se acerquen al barrio el próximo miércoles por la tarde, a compartir la vigilia nocturna y sumarse al cordón humano que será la primera línea de enfrentamiento al avance policial el jueves 1° de octubre por la mañana.

* Integrantes del Grupo de Estudios en Geografía Urbana (UBA), parte de la Comisión de Urbanismo y Justicia Socio-espacial de la Recuperación de Tierras de Guernica.


Imagen: Colectivo Luz en la Piel – Yo No Fui

Tomas de tierra y mercado de suelo

Rosario Fassina, Felipe Mesel y Pablo Vitale*

El problema de la toma de tierras suele ser abordado desde dos miradas dominantes que antagonizan entre sí. La primera, a la que el sistema político y muchos medios de comunicación nos tiene acostumbrados, es la que propone que las tomas de tierra son fenómenos delictivos, a los que se califica como usurpaciones por atentar contra el derecho a la propiedad. Desde esta perspectiva, que podríamos denominar punitivista, la respuesta del Estado viene de la mano del derecho penal a través de un desalojo por la fuerza que haga valer el “peso de la ley” y, más precisamente, la fuerza del derecho de propiedad. En esta línea, en lo que va del año, el Ministerio de Seguridad realizó 868 procedimientos para desalojar tomas de tierra y detuvo a 524 personas. Por su parte, hay 71 tomas judicializadas a la espera de una resolución, algunas desde 2016.

El segundo enfoque, con mucha menor resonancia pública, es el que propone el paradigma de los derechos humanos, que se centra en la importancia de que el Estado cumpla con su obligación constitucional de garantizar el derecho a una vivienda adecuada. Esta mirada debe ser, a la vez, complementada con una dimensión de análisis vinculada con las características del mercado de suelo, que son fundamentales para entender las restricciones al derecho a una vivienda adecuada.

Para esto, conviene recordar que la gran mayoría de las tomas que se han registrado en este último tiempo tuvieron lugar en el Gran Buenos Aires, muchas de las cuales han sido llevadas a cabo por personas previamente desalojadas informalmente de los lugares en donde vivían. Las dinámicas de ocupación informal o semi informal –mediadas por algún tipo de pago– en el Gran Buenos Aires, que se registran desde la década de 1980, no pueden ser entendidas sino comprendiendo las dinámicas de suelo expulsivas que caracterizan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La ciudad mantiene una población constante de alrededor de 3 millones de habitantes desde el censo de 1947, sin embargo, el desarrollo inmobiliario ha crecido visiblemente desde aquel entonces, con momentos de gran auge como el periodo 2005-2015. En este sentido, la Ciudad se encuentra en una evidente paradoja: por un lado, aumentó la cantidad de viviendas, pero por otro creció la población que vive en villas y asentamientos, aumentó la población inquilina, creció la población en situación de calle y se redujo la población propietaria. Por lo tanto, la construcción de viviendas no se realiza para satisfacer la demanda habitacional.

¿Qué es lo que ha ocurrido, entonces, que el parque inmobiliario ha crecido, pero la cantidad de personas viviendo en las viviendas de la ciudad no y el déficit habitacional se ha agravado?

La primera respuesta que lo explica es que el mercado de suelo se basa en la teoría del mejor y mayor uso para asignar porciones de tierra para determinados usos, haciendo que los usos más rentables sean los que prevalezcan. De este modo, se han construido más viviendas, pero la mayor parte de las mismas no ha sido destinada a satisfacer necesidades habitacionales sino como inversión para reservar valor. Así, en el periodo 2005-2015, por ejemplo, el 50% de los desarrollos inmobiliarios en la Ciudad de Buenos Aires han sido suntuosos, generando efectos de elitización de la ciudad, desplazamiento de sectores populares y los altos niveles de ociosidad que hoy en día persisten en la capital argentina. Según un estudio del IVC del año 2019, el 9,2% del parque inmobiliario que tiene fines de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires se mantiene vacío, al mismo tiempo que crece la población viviendo en la calle, en villas y asentamientos.

Por todo esto, es importante poner de relieve que un enfoque de derechos debe necesariamente poner en cuestión las lógicas de un mercado de suelo que avanza cada vez con mayor fuerza simbólica y territorial.

Buena parte del consenso social que se recrea en torno a la respuesta punitivista a las tomas de tierra se monta sobre el equívoco de que quienes las ocupan no distinguen entre lotes vacantes o en uso. Así, el temor a que estos sectores avancen sobre las viviendas que ocupan las familias se incentiva para deslegitimar estos procesos, aunque prácticamente la totalidad de los casos se trata de suelo abandonado, baldío, sin uso durante años.

Es un enorme problema social y político cuando la respuesta estatal y mediática problematiza más la ocupación de suelo sin uso que la existencia de familias viviendo a la intemperie. Con esto, lo que se evidencia es la naturalización del privilegio de la propiedad privada por sobre el derecho a la vivienda. En ese sentido, lo que debería ser evidente es la necesidad de anticiparse a la problemática estructural de acceso a la vivienda y desarrollar políticas que eliminen los obstáculos que existen para el acceso habitacional de los sectores populares urbanos. De lo que se trata es de impulsar medidas que trasciendan la regularización de asentamientos, que a pesar de los discursos punitivistas es la única política que parece trascender las identidades políticas, impulsada por diferentes gestiones de gobierno durante los últimos años. También es necesario superar la mera provisión de vivienda estatal y apuntar a la matriz de distribución desigual de suelo y vivienda que dispone el mercado.

La regulación de un mercado que se rige por la lógica de la competencia individual y la capacidad de pago como condiciones para el acceso a una porción de suelo urbanizada, debería ser precondición para que prevalezca un enfoque de derechos. Entender la vivienda y el hábitat como derechos parte de la convicción de que el acceso a un hábitat digno, no puede quedar sujeto a la condición socioeconómica de los individuos. Desde este enfoque, la vivienda es un derecho que posee valor de uso por sí mismo por lo que implica abrir un camino para pensar formas desmercantilizadas de acceso al hábitat limitando los marcos en los que desarrolla su acción el mercado de suelo.

* Rosario Fassina (Socióloga), Felipe Mesel (Abogado), Pablo Vitale (Politólogo), integran ASIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia)


La toma de Guernica y la justicia ambiental: la dimensión oculta del debate

Pablo Pereira y Marina Wertheimer*

Desde el martes pasado se siente un breve alivio entre las 2500 familias que vienen sosteniendo la toma de Guernica, en el partido de Presidente Perón. El juez que interviene en la causa, Martín Rizzo, firmó una resolución que posterga el desalojo de la ocupación más grande de la provincia de Buenos Aires, prevista para la semana pasada, extendiendo el plazo al 1° de octubre.

En la sentencia judicial firmada el pasado 11 de septiembre, Rizzo ordenaba al Poder Ejecutivo provincial elaborar un plan que ofreciera alter­nativas habitacionales para los ocupantes, a partir del cual se generó un dispositivo interministerial –compuesto por los ministerios de la Comunidad, de Justicia y de las Mujeres de la provincia– que se viene reuniendo con distintos intendentes del conurbano bonaerense y con representantes de los ocupantes y distintas organizaciones sociales y políticas. En estos encuentros se resolvió censar a la población y buscar opciones de vivienda para las familias que vienen sosteniendo la toma.

Desde un inicio, les ocupantes, organizaciones sociales y de Derechos Humanos apostaban a la extensión del plazo del desalojo para así “ganar tiempo” para encontrar soluciones superadoras. Tras haber finalizado el censo los días 18 y 19 de septiembre, autoridades provinciales, junto a la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, y otros intendentes de la zona oeste del AMBA, se encuentran discutiendo programas de vivienda social y alternativas como el otorgamiento de créditos blandos. Según trascendió en distintos medios, la opción que barajan desde el oficialismo es ofrecer soluciones habitacionales en las localidades de proveniencia de cada familia, alertando sobre la inconveniencia de erigir asentamientos sobre áreas inundables.

En Guernica, las áreas que están ocupando muchas familias forman parte del emprendimiento San Cirano, que contempla la construcción de countries y barrios privados en zonas de humedales.

Los humedales urbanos

Mientras el Congreso de la Nación demora el debate sobre la Ley de Humedales, es importante hacer notar que estos ecosistemas –particularmente, aquellos que se desarrollan en áreas urbanas– fueron intervenidos al punto de su invisibilización como entidades ecológicas con dinámicas propias. Estos ecosistemas con presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial genera procesos biogeoquímicos distintivos, lo que los diferencia de ambientes terrestres y acuáticos. Sus funciones están asociadas a bienes y servicios ambientales talescomo la amortiguación de excedentes hídricos en cuencas, su rol como reservorios de agua dulce y refugio de biodiversidad, así como la retención de contaminantes, entre muchos otros.

Sin embargo, históricamente fueron considerados “pajonales”, “yuyales”, “zonas improductivas” o focos de generación de enfermedades, por lo que su rellenado y dragado para actividades urbanas, forestales y agroganaderas fue acelerando su degradación. Desde la firma de la Convención Internacional sobre Humedales que tuvo lugar en Ramsar (Irán) en 1971 hasta el día de hoy –y en un contexto de crisis climática– los humedales fueron adquiriendo enorme relevancia como elementos de las características sobre las que se apoyan los asentamientos urbanos y periurbanos.

En efecto, gran parte de la urbanización de Buenos Aires y de su área metropolitana se hizo avanzando sobre estos singulares ecosistemas mediante rellenos, endicamientos, terraplenes, entubamiento y rectificaciones de cursos de agua. Décadas de construcciones y cemento sobre estos ecosistemas explicarían, en buena medida, la recurrencia de inundaciones cada vez que llueve con un poco de mayor intensidad. Sin embargo, la dimensión ambiental de los procesos de urbanización suele quedar como ámbito separado: por un lado, se tramitan las políticas urbanas y de vivienda, y por otro carril se gestiona “lo ambiental”.

Volviendo al caso de la toma de Guernica, poco se dice en el debate público –y menos en los principales medios de comunicación, concentrados en denunciar la violación a la titularidad formal de las tierras en disputa– sobre las grandes intervenciones que distintas empresas constructoras y desarrolladoras están realizando sobre estos ecosistemas, ni sobre los riesgos ambientales y sociales que ello implica.

Viviendas de lujo y lagunas artificiales para unos, inundaciones para otros

El Country & Club San Cirano está proyectado sobre 361 hectáreas, con 1600 lotes de 950 metros cuadrados repartidos en cinco barrios. Entre sus amenities, el proyectoincluye tres lagunas para la práctica de deportes náuticos. Lejos de ser una novedad, constituye parte de una tipología residencial destinada a un público de altos niveles de ingresos,inaugurada por Nordelta (partido de Tigre) en los años 2000.

La mayoría de estos emprendimientos inmobiliarios fueron construidos sobre humedales. A través de dragados y pozos se generan lagunas artificiales y se eleva la cota natural del terreno para permitir edificaciones. Así, estos barrios pueden ofrecer lagunas artificiales, marinas y muelles que facilitan el acceso de parcelas individuales a cuerpos de agua. A través de imágenes satelitales de Google es posible observar, por ejemplo, para la cuenca baja del río Luján (municipios de Tigre, Escobar, Campana, Pilar), decenas de lagunas en forma de “riñón” que dan cuenta de estas intervenciones. La belleza que ofrece esta tipología urbanística, sin embargo, se basa en una exotización y homogeneización de la biodiversidad original, en detrimento de la calidad ambiental general. Como dijimos, al elevar y construir sobre el humedal se bloquea la filtración de agua por crecidas y lluvias, derivando los excedentes a barrios aledaños -en general, de menores recursos- que no han elevado su cota, lo que genera inundaciones donde antes no se producían.

Toda la zona sur de Buenos Aires –desde la zona costera de Berazategui, Quilmes, hasta los loteos ilegales para emprendimientos privados en el sistema de humedales de la Laguna del Ojo del partido vecino de San Vicente, pasando por esta zona de Presidente Perón– viene siendo objeto de un boom inmobiliario más reciente que la zona norte del Gran Buenos Aires, debido a sus precios del suelo comparativamente menores. En su mayoría, las grandes urbanizaciones han determinado cambios de usos de suelo, lo cual viene siendo denunciado por asambleas ambientalistas y movimientos vecinales que buscan asegurar la protección de importantes extensiones de tierra como reservas naturales.

A diferencia del activismo de estos vecinos y organizaciones, el impacto ambiental de los grandes emprendimientos privados encuentra poco eco en los grandes medios, acaso porque sus capitales accionarios muchas veces provienen de orígenes similares. Esto genera que las advertencias acerca de construir sobre humedales (o sobre otros bienes comunes de la naturaleza) aparezcan únicamente cuando son los sectores de menores recursos quienes se asientan y construyen en estos ecosistemas, aún a riesgo de inundarse.

Un falso debate

En el caso de que las familias finalmente logren obtener soluciones habitacionales en sus localidades de origen, ¿alzará la voz algún representante del status quo sobre los riesgos ambientales de que los grandes emprendedores inmobiliarios continúen rellenando y dragando para la construcción de barrios cerrados?

La ocupación de tierras por necesidad –la cual es incuestionable, al margen de la injerencia de “pequeños especuladores”– debe hacernos ver que el problema central está en el avance de la lógica privatista del mercado de suelo, donde la normativa para los grandes propietarios es laxa: obtención de tierras a bajo costo, permisos de obra por fuera de normativas urbanas –cuando las hay– y escasa o nula regulación ambiental.

Lo que muestra la experiencia de Guernica, así como las recientes tomas de tierras que se multiplican por toda el área metropolitana, es que existe una profunda problemática habitacional atravesada por una crisis climática que resulta insoslayable. La ciudad crece, de modo formal, vía un mercado desregulado que excluye a la mayor parte de la población del acceso al suelo urbano, y que convierte a la ocupación de tierras –u otras formas irregulares– en su única forma de acceso al hábitat, exponiendo a los sectores de menores recursos a mayores riesgos ambientales. 

Es importante reconstruir la trama de los procesos de urbanización y los modos en que estos ecosistemas han sido intervenidos y apropiados para que, finalmente, las tierras más bajas queden como últimas alternativas para quienes más necesitan “tierra para vivir”. 

Cómo queremos habitar Buenos Aires, hasta dónde debe extenderse su mancha urbana, qué posibilidades tenemos sus habitantes de acceder a espacios verdes –los cuales, lejos de ser un lujo, son una cuestión de calidad de vida e incluso (como bien mostró esta pandemia) de salud– constituyen temas que deben ponerse sobre la mesa, teniendo en cuenta criterios de igualdad y equidad. El derecho a la vivienda digna y a un ambiente sano deben ser elementos para construir una sociedad –cultural y ambientalmente– más justa.

* Sociólogo. Integrante del Área de Estudios Urbanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani (AEU – IIGG) y Editor de Florestanía (www.florestania.com.ar)

* Doctora en Ciencias Sociales (UBA) e Integrante del AEU – IIGG


Imagen: Colectivo Luz en la Piel – Yo no Fui

Lo que nosotras queremos es tierra para vivir, feminismos para habitar

Yo No Fui – Tinta Revuelta

“Toma, ocupación, recuperación… hay muchas formas de nombrar. Lo que nosotras queremos es tierra para vivir, feminismos para habitar.”

Desde el 20 de julio más de diez mil personas ocupan una tierra de cien hectáreas en la localidad de Guernica que hace aproximadamente cincuenta años está deshabitada. El 60% de esta tierra es propiedad de un grupo empresarial que proyecta la construcción de un country. La ocupación está dividida en cuatro barrios, tiene calles, lotes, casillas de nylon, chapa y madera, tendido eléctrico provisorio, sistema de delegadxs, merenderos, cronograma de ollas populares y asamblea feminista.

El miércoles 23 de septiembre, por orden judicial, está programado el desalojo en manos de las fuerzas de seguridad del Estado. El sábado 19 de septiembre nos encontramos con un grupo de mujeres y disidencias en la toma. Sus voces componen la primera entrega de este libro.

Esto no es de nadie
es de todos,
está el dueño que reclama desalojo
y también hay gente de adentro que se creen dueños
y piensan que pueden hacer lo que quieren…
se hace difícil dialogar
a muchos nuestra opinión no les interesa
no nos escuchan
porque somos mujeres,
de un lado y del otro
los chabones se creen dueños de todo
pero se equivocan
se equivocan.
Acá está pasando otra cosa.
La gente que necesita
se aguanta cualquier cosa
la necesidad te hace aguantarte cosas que ni te imaginás
si todas las personas que estamos en situaciones de necesidad nos uniéramos
sería muy diferente,
eso es lo que necesitamos que empiece a pasar
y eso es lo que está pasando acá.

Mi nombre es Carolina
tengo 35 años
soy madre de dos chicos
trabajo para criarlos y darles lo mejor nunca recibí ayuda de sus padres

no puedo pagar un alquiler
necesito una casa
así que me vine a buscar un terreno
pasamos mucho frío
hambre
creeme que acá no tenemos ninguna comodidad
pero estamos luchando
por una tierra
para mí
y para ellos.
A mucha gente le molesta esto que estamos haciendo
les molestamos las madres solteras
sí, cobro asignaciones
pero no me alcanza
así que también trabajo, por supuesto
¡solo de alquiler pagaba diez mil pesos!
es mucha plata
pagaba el alquiler y después no me alcanzaba para la comida no hay
no hay
las zapatillas rotas
los dientes rotos
porque no hay
no hay
y todos nos juzgan
nos juzgan y no nos dan nada (…)

* Yo No Fui: organización social que trabaja en proyectos artísticos y productivos en las cárceles de mujeres de Buenos Aires, así como afuera, una vez recuperada la libertad.


El conflicto por la tierra en Guernica

EDIPO (Equipo de Investigación Política)

Este informe fue hecho en la urgencia. La intención es producir un in- sumo útil para quienes en medio de la vorágine que implica una toma de tierra, deben construir una estrategia que les permita atravesar de la manera lo más inteligente y digna posible, el campo minado que el sistema político, judicial y mediático les ofrece.

Se trata de construir, en tiempo real, un mapa de los distintos actores que procuran imponer el desalojo como única solución posible a la ocupación que tuvo lugar el 20 de julio en el barrio Villa Numancia, de la localidad de Guernica, partido Presidente Perón. Más de dos mil familias sin techo se instalaron en un predio de menos de 100 hectáreas. Un aluvión imparable empujado por la necesidad, en medio de la pandemia y el frío, en el marco de la peor crisis que el país recuerde en mucho tiempo. Dos meses después se anuncia la intervención represi- va del Estado, que acude en auxilio de quienes más tienen.

La reacción habitual de quienes nos solidarizamos con aquellos que luchan por sus derechos consiste en difundir y potenciar su voz, sus razones, sus reclamos. Y está muy bien. Pero muchas veces no dedicamos el mismo esfuerzo a conocer quiénes son sus enemigos. Ese es el objetivo de esta humilde contribución. Sin más preámbulos, pues el tiempo apremia, vamos al grano.

CAPÍTULO 1

CARTOGRAFÍA DE LA DESIGUALDAD

Este mapa muestra la disposición de los barrios que se formaron a partir de la ocupación iniciada el 20 de julio, y su correspondencia con las parcelas de quienes reclaman ser dueños u ocupantes legítimos. El sector “20 de julio” fue el primero en conformarse, durante el día in- augural de la toma. Al difundirse la noticia siguieron llegando familias sin vivienda y así surgió el sector “San Martín”. Después vino “La Lucha”. Y por último “La Unión”. Fueron cuatro días de ocupaciones constantes, hasta que ola se detuvo por la intervención de personas armadas que impidieron a los tiros la expansión.

CAPÍTULO 2

LOS DUEÑOS DE LA TIERRA

Para la mirada predominante, que es también la oficial, las principales víctimas de este conflicto son los propietarios de la tierra. Pero la toma de Guernica es un ejemplo testigo de cuáles son las fuerzas que colisio- nan en la disputa:

√ de un lado, miles de familias que precisan un lugar para vivir;
√ del otro, los artífices de un modelo de desarrollo para muy pocos, que se expande gracias a una alianza entre los desarrolladores inmobiliarios y las autoridades municipales.

1. El Bellaco SA

Del territorio ocupado por las famillias sin techo, la parcela más extensa pertenece a El Bellaco SA.

Esa empresa posee una superficie de 360 hectáreas, donde ya co- menzó la construcción de un fastuoso complejo de barrios privados y clubes exclusivos. Los terrenos ocupados afectan a 60 hectáreas, es de- cir un sexto del total.

A pesar de las dimensiones del emprendimiento denominado Country San Cirano, El Bellaco dejó de pagar el impuesto inmobiliario en 2018 y registra deudas ante la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) por 970.959 pesos, según consulta realizada el 15 de septiembre de 2020.

(…)

*EDIPO: Equipo de Investigación Política (EdIPo), una organización de Derechos Humanos que surge para realizar un aporte específico al despliegue del movimiento popular: producir una cartografía de los poderes contemporáneos, lo más precisa y sintética posible.



Agradecimientos: Belén Demoy, Yo No Fui