Memoria, Verdad y Justicia: nociones de una justicia institucional

Episodio CIX

Bruno Napoli*

Los cambios operados en política de DDHH, se contraponen no solo con la situación de hace treinta años, sino también con la de una década a esta parte. Es necesario contrastar las anteriores gestiones estatales, en especial las del mismo signo político (el peronismo) para un intento de comprensión del viraje. La “cuestión militar” primero, y las “consecuencias del genocidio” luego, han sido claves a la hora de asumir la conducción del país. Y las decisiones tomadas sobre estos temas, legitimaron otras medidas, estableciendo límites legales y de “lectura temporal” a una cuestión sin clausura posible (aunque no faltaron intentos): la “desaparición forzosa de personas”.

Los intentos de clausura

 Entre 1979 y 1980, los anuncios del “fin de la guerra contra la subversión”, la “pacificación del país”, o “en la Argentina no hay desaparecidos están todos muertos” eran declaraciones que le imprimían un giro al tema de los “desaparecidos”. La dictadura militar-corporativa había sostenido, hasta ese momento, que “los desaparecidos son una entelequia, no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos…”(dictador Jorge R. Videla). Pero en 1979 comienza a darlos por muertos: ese año se dictan las leyes 22.062 y 22.068 de “derecho a pensión” y de “presunción de fallecimiento” para que, familiares de desaparecidos que hubieran denunciado “la desaparición” entre el 6/11/74 y el 12/09/79 los dieran ellos mismos por fallecidos y tuvieran derecho a una pensión. Esto imprimió la lógica de un relato incompleto que no respondía sobre el destino de miles de secuestrados: ¿Quién los secuestró? ¿Por qué? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué darlos por muertos? Sin estas respuestas (un relato incompleto) surgió una consigna política fundante del movimiento de DDHH: “Aparición con Vida”, acuñada por las Madres de Plaza de Mayo el (5/12/1980). Pues la razón común (si tal cosa existe) es así de simple: si los llevaron con vida, y no hay respuestas a estas preguntas, pues que aparezcan con vida…

De Bignone a Alfonsín (Hitler sin Adenauer)

Ya en la etapa “democrática” y con el radical Raúl Alfonsín (UCR) como presidente constitucional, la lectura de una guerra superada, sería la forma de “leer” los años de la dictadura. En ese marco, el Juicio a los Comandantes de las tres primeras juntas militares será un gesto político de fortaleza institucional que perdurará en el tiempo como “la posible” resolución del tema. Empero, este Juicio no puede ser pensado como el “Nüremberg argentino” (Título del film de R. Arias -2004) pues no fue producto de la victoria de un ejército extranjero el que puso en el banquillo a esos altos mandos militares; aquí se les aplicó el código penal existente, con muchos de los jueces y fiscales heredados de período anterior. Esto no lo hace más (o menos) simple sino que marca su enorme distancia con aquel hecho de posguerra europea. Aquí, el dictador Reinaldo Bignone (comandante de la 4º Junta Militar) le entrega la banda presidencial a Alfonsín y se retira a su casa a escribir sus memorias (“El último de facto” ed. Planeta). Hitler no le entregó la banda presidencial a Adenauer; el dictador Bignone si le “traspasó” la banda presidencial a Alfonsín en diciembre de 1983.Solo dos años pasaron, hasta que las llamadas “leyes de impunidad” votadas por el Congreso Nacional (Punto Final -23/12/1986- y Obediencia Debida -05/06/1987) permitieron la libertad más de 1.000 genocidas, en otro intento de clausura de la cuestión. Mientras tanto, el gobierno aún mantenía presos políticos heredados de la dictadura, y sometía a presión a los organismos de DDHH para que cesaran en su consigna de “juicio y castigo a todos los culpables”. En especial a las Madres de Plaza de Mayo: el 21/12/1984 Alfonsín, en rueda de prensa, declara que “los objetivos políticos” de las Madres “no coinciden con los intereses nacionales”; el 6/07/1985, declara en la TV alemana que es “negativo para la democracia” que las Madres defiendan a “quienes ocasionaron todo este trágico derramamiento de sangre en el país, con una concepción elitista yendo al terrorismo subversivo”. Las mismas palabras del dictador Videla: “madres de terroristas”.

La nueva pacificación: “Otro contingente de Madres”

 En 1989, con la renuncia anticipada del presidente Alfonsín (por una crisis política y económica que se transforma para el relato del establishment en un “golpe de mercado, sin necesidad de miliares” –Ambito Financiero, diciembre de 1989) asume la presidencia el peronista Carlos Menem (PJ); inmediatamente, uno de sus ministros declara: “el gobierno argentino perdonará a militares rebeldes y acusados de violar los derechos humanos como parte de una estrategia para aumentar la credibilidad al país y atraer inversiones extranjeras (…) el inversor no es filántropo, asume un riesgo; si no tiene reglas claras de juego para calcular la rentabilidad va a otro país (se requiere) seguridad jurídica; reglas claras en el campo económico y solución del conflicto militar entre otros aspectos” (El Cronista Comercial 25/08/1989, Italo Luder, Ministro de Defensa y luego embajador en Francia). Un mes después, el Presidente anuncia “…todavía quedan algunas heridas por cerrar y yo, como presidente de los argentinos, me comprometo ante Dios y ante mi pueblo a suturar definitivamente esas heridas, para que a partir de la unidad nacional marchemos hacia la patria grande con que soñaron Rosas, Urquiza, Sarmiento, Quiroga, Peñaloza, Güemes y todos los grandes hombres y caudillos que nacieron en esta tierra” (Dársena Norte, el 30/09/89 recibiendo los restos repatriados del cuadillo federal de Juan Manuel de Rosas). A la semana firmará los primeros indultos (07/10/89). Al año siguiente (30/12/90) firma los últimos, liberando a todos los genocidas que aun quedaban presos por delitos de lesa humanidad (tres años antes, Menem había declarado que “el punto final para los asesinos es la cárcel” -diario La Razón, 09/12/1986-)

 Con este comienzo de gestión, la década de 1990 encuentra a nuestro país con todos los genocidas en libertad por la acumulación de espacios de impunidad a través de mecanismos constitucionales tanto de Alfonsín como de Menem. Pero con el peronismo en el poder, la correlación de fuerzas es muy diferente: la decisión de dejar en libertad a los principales genocidas recayó en una acción unipersonal (sin necesidad de consensos); Alfonsín en cambio, necesitó de dos leyes del Congreso para lograr la impunidad de los cuadros medios del terrorismo estatal.

 Si durante toda la campaña electoral, Menem se cansó de repetir la frase “solo un tonto puede confundir pacificación con amnistía”, estos gestos iniciales (los indultos) marcan el comienzo de un profundo cambio para la Argentina, en términos de su racionalidad política estructural, y los conceptos de “reconciliación nacional” o “pacificación” pronto son reemplazados por la sinceridad más brutal: en febrero de 1991 estalla una bomba en la redacción del diario “Página 12”; en abril es detenida la ex-secuestrada/desparecida Graciela Daleo; en marzo las Madres de Plaza de Mayo son acusadas por Menem de traición a la patria y en junio reciben su cuarto atentado (robo y destrucción de la casa de las Madres); al mes siguiente el presidente vincula al diario “Página 12” con la acción de un grupo guerrillero en el regimiento de La Tablada, y con el narcotráfico; en noviembre Menem pide que “dejen de cargar con sus muertos, y olviden, que los muertos lloren a los muertos”.

 Esta desmesurada situación, es acompañada por una impostura estatal que desnuda el marco político de esta nueva “pacificación”: Menem advierte a sus críticos: “no vaya a ser cosa que volvamos a tener otro contingente de Madres de Plaza de Mayo reclamando por sus hijos” (diario “Página/12”, 09/07/1992) y agrega “el rebrote subversivo (…) es un peligro latente para toda Latinoamérica. Y por eso les digo que tengan mucho cuidado, que manifiesten, que utilicen la libertad, pero que no exageren las cosas, porque ahí se meten estos delincuentes y tratan de sacar partido de este tipo de movida”. Esta inversión de los términos de la responsabilidad (la culpabilización de los actores militantes y el descuido de sus madres) se enlaza con una campaña similar en tiempos de otro dictador, Onganía en 1966, que decía “¿sabe dónde está su hijo ahora?”, y repetida en tiempos de Videla. Las Madres de Plaza de Mayo le responden a Menem con la campaña pública “¿sabe dónde está el asesino de su hijo, sabe qué cargo ocupa o que actividad desarrolla, sabe dónde vive?”

El mito de un Estado ausente

Es al menos paradójica la lectura que hacen los dirigentes políticos una década después de lo relatado (los tan mentados “años 90”): “el Estado estuvo ausente durante estos años de neoliberalismo”, visión que aún perdura en algunos sectores militantes. Paradójico porque todos los símbolos de los `90: indultos, flexibilización laboral, la reglamentación del derecho de huelga, venta de empresas estatales, despidos masivos, reforma de la constitución, ley federal de educación, etc, no hubieran sido posibles sin la intervención y aprobación de los representantes del Estado en su conjunto. Fue un Estado fuerte, legitimado simbólicamente (en elecciones y consensos) el que logró un marco legal a la política de impunidad en todos sus términos; siendo además garante del cumplimiento de esos “pactos”. La sensación de impunidad “necesaria” para tener “seguridad jurídica” (tal cual lo expresó Luder) fue la que operó como demiurgo de una clase política que asumió como propia la tarea de cambios “drásticos” sin importar las consecuencias, en un momento en que el país se había desmadrado con el posalfonsinismo. Como corolario, vale mencionar a los eternos dirigentes gremiales de una CGT dividida (ambas de raíz peronista) que se pronunciaron sobre los indultos: Güerino Andreoni (CGT-San Martín) declaró: “es un tema altamente conflictivo. La sociedad ha sufrido mucho y en este sentido, nadie puede negar lo que ocurrió en la Argentina. Pero sobre el desencuentro y la incomprensión, no podemos reconstruir el país. Valoro que el presidente (Menem) haya asumido una decisión de esas características”. Saúl Ubaldini (CGT-Azopardo) dirá “es una facultad que la Constitución le otorga al compañero Presidente, yo no soy quien para criticar”.

Los cambios del relato y sus límites.

Con la imposible clausura de un tema tan sensible e inédito como la “desaparición” de ciudadanos por motivos políticos, los sucesivos presidentes debieron tomar como propia la cuestión del Terrorismo de Estado en cada comienzo de gestión, siempre. Por un lado, los intentos de “terminalidad” de Raúl Alfonsin (con un juicio “ejemplar” a los Comandantes, sin tocar los cuadro medios) el plan de “reconciliación” de Carlos Menem (con los indultos de “pacificación”) y la brevedad de Fernando De la Rua (con el rechazo de extradiciones y cooperación penal internacional); y por otro, la política “aperturista” de Néstor Kirchner, quien intentó sustituir la noción de “impunidad” por la de “justicia” (similar a la de Alfonsín en términos institucionales) pero de alcance mucho más amplio, con la reapertura de las causas.

 Ahora bien, cada intento de cierre tuvo consecuencias a futuro, pero también marcaron límites hacia la construcción del pasado que intentaban cancelar. La contrapartida de estos intentos, fueron los “debates no deseados” con diferentes “frentes de tormenta”, que vehiculizaron aún más la cuestión, pero generando en parte, las condiciones para la actual situación. También, en cada momento, desde 1983 para acá, la “militancia política”, la relación con (y entre) los organismos de DDHH, los “testimonios”, o la vía judicial en otros ámbitos, transitaron diferentes caminos. Y dejaron su marca para que el tema no cierre.

 El primer intento de cancelación desde el Estado (las leyes de 1979) quiso poner fechas precisas a la acción criminal de ese mismo Estado, a penalizar a futuro: 1974-1979.

 El segundo intento estatal, el Juicio a los comandantes, pretendió cerrar el tema para avanzar en una amnistía gradual mediante los niveles de responsabilidad[1]. Un esquema que el gobierno completó con la ley 23.062 (en acuerdo con el peronismo) conocida como “ley de reparación histórica”, que establecía la imposibilidad de juzgar cualquier crimen cometido por el Estado antes del golpe militar del 24/03/76. Así, con estas dos herramientas (el juicio y la ley de “reparación histórica”) se lograba cancelar una historia hacia atrás y limitar una lectura hacia adelante, corriendo las fechas del Terrorismo de Estado, porque supone un comienzo el día del golpe militar, velando las imágenes del Terror, anteriores a esa fecha, con raíces en el ensayo practicado en Trelew en 1972 y puesto en práctica efectiva desde 1973 con la masacre de Ezeiza y la organización “Triple A” armada por el gobierno del General Perón. No es menos cierto también, que con este esquema, Alfonsín evitaba un nuevo enfrentamiento con (y dentro de) las filas del peronismo y de la sociedad en general (incluso dentro de la institucionalidad estatal, regada de funcionarios de la dictadura).

 El tercer intento (los Indultos) genera una serie de debates que ponen en discusión (social y mediática) la cuestión del Terrorismo de Estado y sus consecuencias en la memoria colectiva. Por un lado, los “testimonios” ven la luz en trabajos de investigación, de reconstrucción de histórica, o ensayos académicos sobre el tema, que discuten la validez o no de los mismos, pero también en estudios de televisión, donde impunidad y morbosidad se cruzan de manera dramática para las víctimas. Por otro lado, estos testimonios generan una nueva discusión con algunos organismos de DDHH por la disputa de ser la “voz autorizada de los que no están”: si los ochenta estuvieron marcados por una victimización de los desaparecidos (cancelando la militancia política de cada uno, y presentados como víctimas de “un mal absoluto” y perverso) los noventa serán terreno fértil para un cambio que deviene en la “heroicidad” de los desaparecidos pero también en la “duda” de la palabra de los sobrevivientes (quienes llegan a ser tratados como traidores por haber logrado conservar su vida[2]). Pero los 90 abren a la vez, una contratara “reparadora”: la vía legal de las compensaciones económicas a las víctimas del Terrorismo de Estado. Se reconoce legalmente la figura del detenido-desaparecido[3], se amplían las compensaciones económicas, y los números asombran, porque los beneficiados se cuentan por miles, mostrando una realidad que parecía invisibilizada por todos estos intentos de cancelación.

 La siguiente administración luego de Menem, la “Alianza” (frente de radicales, socialistas y peronistas disidentes) soporta la presión de un año que contiene destellos de una apertura posible (que será aprovechada por el gobierno de Kirchner): en 2001, los jueces Cavallo y Bonadío declaran la nulidad de las leyes de impunidad y la Cámara Nacional de Apelaciones ratifica las decisiones. Sin embargo, el presidente de esa Alianza “contranatura”, Fernando De la Rua, cerrará su efímera gestión, impidiendo los pedidos de extradición de genocidas, mediante otro decreto que establecía “rechazar in límine” cualquier medida en ese sentido.

La instancia de legitimación de la clase política.

 Llegados a este punto, el colapso de representación política de 2001[4] construyó, en la clase dirigente pragmática, una nueva lectura posible de los pasados recientes (que incluyó la violencia estatal de los 70 y de los 90). En la reconstrucción de esos pasados, lo simbólico jugó un papel preponderante. Y con el Peronismo (ese relato arraigado de práctica política que marca los tiempos de nuestra historia actual) otra vez en el poder desde 2001 con Duhalde y luego con Néstor Kirchner, fue posible un novedoso intento. Si la lectura de los sectores postergados en plena crisis, unió las dos formas de impunidad (de la dictadura y del menemismo) y cuestionaron todo desde un imposible “que se vayan todos”, parte de la dirigencia pragmática entendió que podía aunar esos dos temas, presentando un nuevo modelo de comprensión: la dictadura mato miles de ciudadanos (ahora reivindicados “militantes políticos”) para aplicar un plan económico que se concretó en los 90. Entonces, castigar la represión de los 70 implicaba a su vez castigar la impunidad de los 90, pero preservando la figura del Estado (“ausente” para los dos relatos, el de la dictadura –fueron las FFAA- y el de los 90 –fueron los Mercados-). Esta nueva noción acercó sectores postergados de la centro-izquierda y el progresismo para poder avanzar en una legitimidad necesaria, perdida en la crisis de 2001.

 Así las cosas, y con una necesidad en práctica, la catarata de gestos del gobierno de Kirchner, fue contundente: a la semana de asumir, descabeza la cúpula del ejército y recibe a las Madres de Plaza de Mayo (08/06/2003). Al mes deroga el decreto de De la Rua y restablece la cooperación internacional en materia penal. Ese año el Congreso Nacional declara nulas las leyes de impunidad y en diciembre, el día internacional de los DDHH, mientras una multitud marcha 24 hs frente a la casa de gobierno, en una nueva edición de la Marcha de la Resistencia por los DDHH, convoca otra vez a las Madres a la Casa Rosada. El nuevo aniversario del golpe militar (24/03/2004) lo encuentra dando un discurso en la ESMA y transformando el lugar en Museo de la Memoria, mientras retira los cuadros del los generales de la dictadura. En diciembre de 2007 se produce la primera sentencia desde la reapertura de los juicios; ese mismo año, el país suscribe el convenio sobre desaparición forzada de personas y en pocos años las sentencias se multiplican.

2001-2008: Colapso de legitimidad y deslegitimación corporativa.

 El breve (pero intenso) período mencionado en el apartado anterior, invita a revisar los vaivenes que en tan pocos años derivaron en nuevos reclamos. Hay demandas que son expresiones de la paradoja política que encierran. Demandas que enuncian una cosa, pero que su objetivo, o su efecto político inmediato es otro, y contrario. Demandas “constituyentes” del sistema político como el “que se vayan todos” pueden contraponerse a demandas “destituyentes” como “todos somos el campo”[5]. Una supone ansias de renovación que pueden esgrimir los deseos compartidos de vastos sectores (aunque sus intereses sean diferentes) emprendiendo un camino sin destino claro, que a la postre logra renovar en parte los espacios de discusión y consenso. La otra desprende el vicio de la radicalización corporativa, que pretende reunir en un mismo espacio simbólico (el “campo”, esa metáfora desaforada del “medio pelo” argentino) a sectores que jamas pudieron siquiera pisar con libertad el vasto territorio nacional plagado de tierras “alambradas”.

Es interesante la paradoja, porque una consigna que suponía echar a unos, implicó los intentos de asumir entre todos una tarea diferente a la hora de decidir los destinos políticos, en el formato “asambleario”. La otra, que simulaba sumar en tierras de pocos dueños los sueños de muchos (al bien tan preciado) derivó en la polarización de mezquindades políticas y corporativas que fueron finalmente barridas por su propio duelo de títulos de propiedad.

En el fragor de estas dos consignas, distanciadas por menos de una década, los cambios que el país sumó como esperanza de renovación fueron graduales pero concretos. La desesperación que generó la crisis de legitimidad política de la primera consigna (2001) fue reordenada por la franca legitimidad que impulsaron los sectores postergados de la política militante, desde causas que se suponían ya cerradas. Y muchos de los que “se fueron”, encontraron en la segunda consigna (2008) la posibilidad de un regreso, aunque esta vez el lugar no fue el espacio dirigencial ejecutivo, sino el reagrupamiento virtual que desde algunos medios de comunicación hegemónicos hacen las veces de “partido mediático”; un encierro en formas novedosas de hacer política (desde un diario o un set de TV) sin extensión en la calle o en las elecciones, pero como generadores de nuevas formas de destitución que asumen ideas perimidas pero no por eso menos potentes. En los 7 años que separan una consigna de otra, la situación de legitimidad, las formas de representación, y la sensación de una Justicia que a los actos ilegales del Estado puede ponerle frenos, han cambiado drásticamente. Un cambio “en dos tiempos”, que da cuenta de una y otra consigna como sucesivos mojones imborrables de los tiempos actuales.

Las demandas de equiparación que una sociedad en crisis expresa, hacen las veces de aprendizaje para dirigencias políticas pragmáticas, capaces de enfrentar esas crisis y superarlas (y aprender de ellas para no irse todos) Las nuevas u actuales crisis de “representación política”, por una inclusión más “declamada” que instalada (alcanza recorrer cualquier conurbano del país para notarlo) tal vez haya degradado un poco las consignas que sostuvieron durante años los organismos de DDHH, pues les fueron arrebatadas por el Estado. Pues a la imposibilidad de cancelar la “desaparición” y la palabra de las víctimas, por parte del Estado, le siguió la “apropiación” por parte de ese mismo Estado (un Estado “lector”) de los desaparecidos, y sus derechos reclamados. Habrá que esperar los resultados de futuras administraciones políticas, cuando se encuentren con un Estado que “tomo” un tema que no podía cancelar, y lo resignificó como propio. Pues tal vez, en lugar de un nuevo intento de negación, tome otras consignas de apropiación, tampoco canceladas (pero patéticas, como la de “memoria completa” o “la violencia de los dos bandos”) y las equipare en términos reparatorios y memorísticos, a la más dramática de las historias universales: la desaparición de personas.


* Historiador, ensayista, Archivista (Untref) e Investigador en Economía y DDHH. Es docente en el IUPFA y dicta cursos de posgrado sobre Derechos Humanos y delitos económicos. Coordinó la Oficina de DDHH de la Comisión Nacional de Valores, colaboró con la desclasificación de las “Actas de las Juntas Militares” con observación en las decisiones económicas de dicho acervo documental (en el Ministerio de Defensa de la Nación). Trabajó durante más de 15 años en el archivo de Osvaldo Bayer, a quien prologó y editó. Es autor de En nombre de mayo (Milena Caserola) y coautor de La dictadura del capital financiero (Red Editorial – Quadrata – Peña Lillo). Actualmente investiga desaparición forzada en democracia.

Este texto pertenece al libro En nombre de mayo. El impresente político. Ed. Milena Caserola 2014.


1.- Esta maniobra tiene dos reveses judiciales: la confirmación de la sentencia que hace la Corte Suprema de Justicia en 1986 (ampliando los “niveles de responsabilidad” para disgusto de Alfonsín que quería acotarlo solo a algunos jefes militares) y paradójicamente la ley de Punto Final, que, en lugar de poner un freno a los procesos, actúa como disparador del procesamiento de más del doble de los acusados hasta esa fecha.

2.- Motivo de un lúcido análisis en el trabajo de Ana Longoni, Traiciones, ed. Norma. Bs. As. 2007.

3.- Mediante la ley 24.321 (10/06/1994) abriendo la posibilidad para asumir el fallecimiento del familiar; y a la indemnización económica mediante la ley 24.411 (07/12/1994)

4.- Una nueva crisis político-económica que derivó en la renuncia del presidente De la Rúa el 20/12/2001, y la elección del senador Eduardo Duhalde al frente del ejecutivo hasta 2003.

5.- La primera fue expresada en 2001, frente a la desintegración político-económica del ajuste fiscal aplicado por el gobierno que reemplazó a Carlos Menem en 1999. La segunda consigna fue enarbolada en 2008 por productores rurales ante el aumento de retenciones impositivas sobre la venta de sus cosechas en un año de precios record a nivel internacional de la soja.

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