Federico Delgado*

República de la impunidad

Ningún grupo humano puede vivir sin premios y castigos. La ley es el medio para ordenar la convivencia entre los humanos. Cuando ella rige, pero no se cumple, fabricamos violencia. En una república la ley nos expresa a través de las instituciones que hacemos y rehacemos cada día en las que yace el poder que delegamos en nuestros representantes. Por ello, aplicar la ley es algo más que dictar sentencias. Es también un modo de hacer docencia para generar valores que respeten la apuesta republicana en clave democrática. Si la ley funciona mal hay corrupción, impunidad y violencia.

De eso trata este libro. De nuestra vida pública. Del modo en que todos, con responsabilidades distintas, construimos un formato social que convive con la impunidad y que nos impide vivir bien. Pensé y escribí el texto en clave de eslabones de una cadena. Empecé por la importancia en la confianza de la justicia.

El rol de la justicia es vital contra la impunidad. Pero tiene que ser creíble. La justicia vive del respeto a su palabra. Si ello no ocurre, es pura fuerza. Por ejemplo, el 28 de junio de 2019 la jueza Marta Yungano condenó a un año de prisión en suspenso a Mariana Gómez por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones. La jueza y la fiscal Diana Goral, debieron literalmente escapar de la sala de audiencias ¿Qué pasó? Quizá el juicio fue impecable, pero la decisión no fue aceptada. Verdad o ficción, las personas sienten que pierden juicios porque las cartas están marcadas. Ello es un desafío para el sistema judicial

Los que hacemos cada día el trabajo de la justicia tenemos responsabilidades. En el libro explico el impacto del lenguaje institucional en la subjetividad de gran parte de los trabajadores judiciales que formó el funcionario “acomodaticio”. El que busca acomodarse en la estructura judicial para conservar lo que tiene, o conseguir un ascenso adaptándose pragmáticamente a las circunstancias.  La indiferencia a la constitución suele ser más remunerativa que el compromiso. Esta particularidad es fuente de una cultura jurídica que es funcional a la impunidad. Una cultura jurídica que edifica instituciones refractarias y no hospitalarias.

Por ello cito un caso terminado. Alfredo Norberto Montivero esperaba el juicio oral que se iba a realizar ante el juez Daniel Rafecas por el delito de encubrimiento.  El 10 de mayo de 2019 solicitó que se abrevie el juicio. Significa que su defensor, el fiscal y el juez llegan a un acuerdo para fijar una pena de prisión. El trámite supone una audiencia personal entre el fiscal y el acusado.  Pero el imputado estaba preso en la cárcel de Urdampilleta, provincia de Buenos Aires a casi 500 km de Comodoro Py. Pensé en hacer la reunión por Skype. Costó convencer a las autoridades penitenciarias. Luego había que avisarle al defensor. Lo empezamos a buscar desde aquel 14 de mayo y apareció el 13 de junio. Faltaba el ok del juez. El 18 de junio le pedimos autorización y el 28 el juez Rafecas dio el visto bueno. Fijé la audiencia para el 10 de julio a las 11.00 horas. Aquel miércoles a las 10.15 horas hicimos la prueba técnica y todo salió perfecto. A las 11 estábamos casi todos. Pero el abogado defensor no apareció.  Arribó a las 12.15, pero se cortó la conexión de internet en todo el penal y no volvió. Finalmente, el 16 de julio la audiencia se hizo. Una diligencia procesal que insumió 10 minutos tuvo 2 meses de preparación. La historia exhibe las tremendas transformaciones que requiere nuestra cultura jurídica para amigar a la justicia con la gente.

Es sobre esa base cultural que son posibles las causas ‘armadas’ y las relaciones no previstas ni queridas de un sector de la justicia con la política, los empresarios o los servicios de inteligencia. En el libro explico cómo el culto a una formalidad abstracta permite confeccionar expedientes que parecen legales, pero que alojan todo tipo de cosas.  Utilizo el caso D’Alessio porque contiene todo lo que requiere un sistema judicial que a veces aplica la ley mientras la viola; es decir, algún sector de la justicia habita el terreno de la ley al mismo tiempo que camina por esa zona oscura que Norberto Bobbio denominó “cripto estado”.

La corrosión de las instituciones a lo largo del tiempo convirtió en letra muerta los mecanismos de rendición de cuentas que deberían funcionar antes, durante y después del trabajo de la justicia. Ello tiene muchos efectos, pero me detuve particularmente en la emergencia de magistrados singulares que parecen diseñados a medida para este tipo de problemas institucionales. Definí un modelo de juez.  El “juez rock star”. El magistrado que busca notoriedad y no justicia. A veces la hace (la justicia), pero no es su objetivo principal. El principio básico de sus acciones es la búsqueda de notoriedad. Dicho rasgo, supone una elección dramática para la vida pública, porque aleja la práctica judicial de la ley, aunque muchas veces parece lo contrario. El “rock star” usa su cargo para fines propios y en la aclamación que obtiene yace una parte de la garantía para conservar el puesto, la otra parte es menos visible. Supone la privatización del servicio público de justicia, porque significa el paso del gobierno de la ley al gobierno de los hombres.

El correlato de estos problemas no es neutral. Consagra ganadores y perdedores. Sobre todo, porque lo que está en juego es una porción considerable del poder político. Estas patologías institucionales aumentan su eficacia gracias a la visibilidad que adquieren, en el marco de la revolución comunicacional del siglo XXI que transformó a la noticia judicial en un importante insumo.

En el texto me ocupé de la relación entre los medios y la justicia, tanto en el aspecto jurídico entre los periodistas, los jueces y fiscales, como desde la ciencia política, acerca del funcionamiento de una fábrica de sentido social para crear impunidad. Me detuve en el rol de los periodistas especializados, de los abogados, de los judiciales y en la figura del “datero”. De esas relaciones surge un primer producto que luego es procesado por otro tipo de actores institucionales como las empresas de medios, los partidos políticos y otras corporaciones.  Este nuevo producto es más sofisticado y capaz de anular las subjetividades que ese poder instituido percibe como “amenazante”.

Entonces, el sentido social que surge de ese esquema no siempre respeta el paradigma de la constitución, porque a veces es diferente de la realidad y entonces afecta derechos personalísimos sin razones. Allí aparece un desplazamiento riesgoso, porque bajo el ropaje de los derechos se tejen alianzas que no persiguen fines públicos. La constitución no admite que un derecho sacrifique a otro. No obstante, en ciertas oportunidades, la coordinación de simples medidas de prueba que un juez puede ordenar sin rendir cuentas, con un horario central para la televisión, puede derrumbar el honor de las personas con escasas o nulas consecuencias legales. Por eso, de la mano de Luigi Ferrajoli, hablo del efecto de los “poderes salvajes” en la construcción de la impunidad.

Este diseño analítico de una suerte de eslabones de una cadena me permitió concluir que en nuestra vida pública se concibe al Estado como un “botín”. Brevemente. El formato institucional de la Argentina combina un “adentro” y un “afuera”. Quienes acceden al poder están dentro del Estado y pueden elaborar políticas públicas con sus intereses como objetivo primordial. Los de afuera, tienen poder económico, pero no tienen poder político. Por ello seducen a los de adentro para hacer efectivos sus intereses. Ambos planos conviven en base a equilibrios inestables, pero que en el largo plazo se sostienen mutuamente; entre otros factores, porque tienen impunidad.

Existe un tercer sector. La mayoría de los ciudadanos. A veces disfrutan de momentos más distributivos de aquella relación, pero no participan. En efecto, si aquella condensación de poder es progresiva a lo mejor gozan de algún momento redistributivo más expansivo. Pero el punto central es que ese tercer sector solo participa del poder mediante el voto, que es importante pero no agota la ciudadanía.

Sin embargo, en el trabajo señalo que ese esquema de poder tiene un incentivo traumático para la apuesta republicana, porque rápidamente los que son parte del tercer sector advierten que el “progreso” viene de la mano de pertenecer a los de “adentro” o a los de “afuera”. Esa dinámica es tremenda en términos de la construcción de una ética pública, puesto que fomenta un camino paralelo al de la república, ya que el lenguaje de la república es el de la hospitalidad y no el del egoísmo.

Además, dicho funcionamiento institucional priva a casi la mitad de los argentinos del derecho natural básico: el derecho a existir dignamente. Sin ese derecho inalienable es muy complejo apuntar a la ley como mecanismo capaz de ligar cuerpos políticos, porque es difícil crear valores mínimamente comunes que articulen la lógica de lo uno y de lo múltiple. Así, la ley se convierte en pura fuerza y en una fuente de alimentación de la impunidad.

Claro que hay salidas. En el texto recurrí a María Julia Bertomeu. En particular al concepto de “honestidad jurídica” que ella toma de su exquisita lectura de Kant. Lo simplifico aquí: las personas nacemos morales; es decir, con la capacidad de guiar nuestras acciones de modo tal que puedan considerarse una ley universal. Cuando nos despojamos voluntariamente de esa condición moral, estamos renunciando a nuestra libertad y nos cosificamos. Dicho de manera más sencilla: cuando somos deshonestos nosotros mismos estamos anulando nuestra capacidad de “vivir bien”.

Obviamente, la decisión personal no alcanza.  Esa “honestidad jurídica” necesita de una base material para desplegarse que sólo la puede crear el Estado republicano con sus mediaciones institucionales siempre contingentes y sujetas al devenir histórico. Pero nos va a permitir diseñar un Estado cuya justicia funcione bien y nos impida ver a un exfuncionario como José López depositando dinero legal en un convento, o tolerar decisiones patrimonialistas y no republicanas, como cuando el expresidente Mauricio Macri alteró mediante un decreto una la ley 27260 del Congreso para permitir que personas que habían sido excluidas previamente por los legisladores puedan blanquear dinero. El remedio contra la impunidad es la república democrática con instituciones fuertes y saludables que, después de todo, es un querer.

* Fiscal Federal, abogado y licenciado en Ciencias Políticas (UBA), fue designado para intervenir en causas por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura de la desaparición de personas. Publicó República de la impunidad (2020), Injusticia (2018) y La cara injusta de la justicia (junto a Catalina De Elía, 2016).

Recomendación:

Federico Delgado en Pensando la cosa (Canal Abierto)

Sergio Lánger y Rubén Mira llevaron adelante la tira La Nelly en el diario Clarín desde 2003 hasta 2015, abriendo una zona de inteligibilidad incierta para el lector medio del diario, tanto como para las miradas justamente críticas para con el medio. También formaron parte, como dupla, de los comienzos de la revista Barcelona.
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